Condenas de hasta 7 años de cárcel a empresarios y aduaneros por un multimillonario contrabando

Se calcula que el perjuicio al Estado fue de unos 4,5 millones de dólares en seis meses. El veredicto incluyó decomiso y pérdida de beneficios aduaneros

Ilustración de un puerto marítimo con un gran buque, grúas, múltiples contenedores apilados en muelles, mar y montañas bajo un cielo anaranjado al atardecer.
Duras condenas a empresarios y aduaneros por multimillonario contrabando de ropa en contenedores (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un tribunal condenó este lunes a penas de hasta siete años de prisión a empresarios y agentes aduaneros por un esquema de contrabando de ropa valuado en más de 4,5 millones de dólares, ejecutado mediante documentación falsa entre agosto de 2015 y enero de 2016. El veredicto del Tribunal en lo Penal Económico 3 se conoció al término de un juicio oral y las penas de prisión comenzarán a cumplirse si quedan firmes en las instancias de apelación.

La decisión fue de los jueces del tribunal Jorge Zabala, Karina Perilli y Fernando Machado Pelloni al término de un debate oral donde la acusación estuvo a cargo del fiscal general Gabriel Pérez Barberá y la querella de ARCA-Dirección General de Aduana.

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Los condenados fueron encontrados responsables de contrabando agravado por la intervención de más de tres personas, de un funcionario del servicio aduanero, por la presentación de documentos adulterados y por el valor de la mercadería.

Las condenas se dictaron, entre otros, contra Jorge Fano, presidente de TT Cargo S.A., y Walter Moglianesi, señalados como organizadores principales. Ambos recibieron siete años de prisión y la pérdida de concesiones comerciales y beneficios aduaneros.

La sentencia incluyó la cancelación de la personería jurídica de TT Cargo S.A. y la prohibición de operar en el Registro Público de Comercio. En la misma línea, se condenó a Miguel Ángel Elnen, titular de Cuiper S.A., a siete años de prisión y la disolución de esa firma.

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Para Moglianesi la fiscalía había pedido en su alegato final 8 años y 6 meses de prisión como presunto coautor de los 31 hechos consumados y del hecho tentado como uno de los supuestos máximos organizadores de la maniobra y destacó “la persistencia”, “la complejidad” y “el desprecio absoluto a su rol como auxiliar del servicio aduanero”.

Justicia Jueza Karina Perilli
La jueza Karina Perilli, integrante del Tribunal Oral que emitió veredicto (foto Adrián Escandar)

La maniobra

La investigación determinó que los condenados importaron mercadería textil desde China simulando transportar carbonato de calcio para eludir controles y tributar aranceles mínimos. Según la fiscalía, la maniobra involucró la confección de declaraciones juradas falsas y la manipulación de la documentación aduanera, lo que permitió ingresar cantidades millonarias de ropa sin abonar los tributos. El esquema identificó 31 hechos consumados y uno en tentativa, en el que se interceptaron más de 80 mil prendas valuadas en 600 mil dólares con un arancel declarado de solo 3 mil.

En su alegato previo al veredicto, el fiscal general Pérez Barberá reclamó penas de hasta siete años de cárcel y la imposición de inhabilitaciones y decomisos. Además pidió que tras las condenas el tribunal “efectúe un seguimiento estricto respecto de la actuación de la Aduana en la ejecución de las multas y demás sanciones aduaneras”.

Entre los ahora condenados figuran también Eduardo Joaquín Urraco, apoderado de TT Cargo S.A., con seis años de prisión; José María Zaragoza, considerado coautor, con siete años; y sus hijas, María Gimena Zaragoza y María José Zaragoza, quienes recibieron tres años de prisión en suspenso como partícipes secundarias. Además, se sentenció a funcionarios aduaneros: Alejandra Delgado recibió cuatro años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Otros empleados aduaneros y operadores logísticos recibieron penas de entre cinco y seis años.

El tribunal ordenó el decomiso de la mercadería incautada y el retiro de concesiones. También dispuso la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer funciones en la administración pública y en fuerzas de seguridad, así como la imposibilidad de desarrollar actividades comerciales por plazos de entre uno y catorce años, según el caso.

Según la acusación, la estructura delictiva funcionó mediante un doble circuito documental y contó con la colaboración de personal de la Aduana para liberar mercadería pese a inconsistencias y alertas previas.

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