La Cámara Federal de San Martín resolvió que la causa por drogas en la que se encuentra detenido el ex titular de Arsat, Facundo Leal, siga su curso en los tribunales federales de Comodoro Py, al definir una disputa de competencia entre juzgados de San Isidro y de la Ciudad de Buenos Aires.
De esta manera, la investigación quedará radicada en el Juzgado Federal 6 porteño y será la Cámara Federal de Comodoro Py la que intervenga como Tribunal revisor de las decisiones tomadas en esta causa penal, según supo Infobae en fuentes judiciales.
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La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara Federal de San Martín, que sostuvo que el expediente debe tramitar en la ciudad de Buenos Aires porque la droga se encontró en el departamento del ex funcionario en el barrio porteño de Palermo. Si bien el allanamiento se realizó vía exhorto del juzgado federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli en busca de pruebas en una causa por corrupción en ARSAT, por el hallazgo de estupefacientes se abrió una nueva investigación y se dispuso detener de inmediato a Leal, quien presidió ARSAT durante el gobierno de Alberto Fernández.
Mirabelli procesó a Leal con prisión preventiva por tenencia de droga con fines de comercialización y se declaró incompetente para seguir con esa investigación por un tema de territorio, decisión que ahora confirmó el tribunal superior. “La sustancia estupefaciente, objeto de imputación, fue secuestrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, concluyó el camarista Marcelo Fernández. La Cámara entendió que el presunto delito vinculado al narcotráfico constituye un hecho autónomo y consideró razonable que ambas pesquisas continúen por separado.
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Durante su declaración indagatoria, Leal sostuvo que las sustancias estaban destinadas a consumo personal y presentó un informe médico para acreditar un cuadro de adicción. Sin embargo, el juez consideró que la cantidad de droga hallada excedía ese supuesto y resolvió avanzar con el procesamiento y dictar su prisión preventiva.
En el departamento de Palermo se encontraron US$650.000 en efectivo junto a monedas de otros seis países, pero además había ketamina, drogas sintéticas en distintas presentaciones y cocaína. Por esto último el ex funcionario quedó preso de inmediato. En otro de sus domicilios, en Mendoza, se le secuestraron u$S 1,7 millones.
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La causa ARSAT
En la causa que se lleva en su juzgado, el juez de San Isidro Mirabelli citó a declaración indagatoria a Leal y otros imputados por supuestos hechos de corrupción en la empresa estatal de comunicaciones.
Además de Leal están citados Gerardo Boschin, Pablo Pagani, Juan Navarro y Juan Álvarez, ex directivos de ARSAT conocidos como la “banda de los mendocinos” por ser todos oriundos de esa provincia. Se investigan presuntos incumplimientos de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública, fraude a la administración pública y sobornos.
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También serán indagados los empresarios de ALS (Argentina Logistic Service) Diego Padilla, Fernando Paredes y Gastón Padilla, entre otros. Estos últimos resultaron beneficiarios de un contrato que está en la mira judicial para el alquiler de un predio en el cual ARSAT almacenó equipos de alto valor comercial y estratégico.
La hipótesis de los investigadores es que los entonces funcionarios “se interesaron en las contrataciones que ARSAT realizó sobre el servicio de fletes, transportes, alquiler de grúa, espacio de guardado asignado a ALS”, y todo derivó en un presunto direccionamiento de la contratación sin que el lugar cumpliera con condiciones mínimas.
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La causa penal se inició con una denuncia por el robo de materiales en ese predio de San Fernando. En la investigación que lleva el fiscal federal de San Isidro Fernando Dominguez se documentaron al menos 14 órdenes de compra por un valor total de USD 1.930.861,30 y $40.300.000.
El tercero de los hechos se encuadra en la hipótesis de que Facundo Leal, Gerardo Boschin y Pablo Pagani “aceptaron y cobraron promesas de dádivas y beneficios económicos directos e indirectos por parte de los representantes de Argentina Logistic Service“.
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Por otra parte, el juez Mirabelli impuso una serie de medidas cautelares sobre los bienes de los 10 imputados y dispuso el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil.
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