La Sala IV de la Cámara Federal de Casación dejó firme el rechazo de suspensión del juicio a prueba que presentó el ex contador y apoderado de Lázaro Báez en Austral Construcciones, Fernando Butti, en el segundo tramo de la causa Vialidad.
En un fallo unipersonal, del juez Diego Barroetaveña declaró inadmisible el planteo porque consideró que la resolución apelada no correspondía a una sentencia definitiva, no se trató de una arbitrariedad, ni de una cuestión federal que habilite su revisión.
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Esta decisión implica que Butti no accederá a la probation porque el tribunal entendió que no había circunstancias que justificaran el otorgamiento de ese beneficio en su caso, a diferencia de lo resuelto para otra imputada en la misma causa.
La defensa había cuestionado el fallo del Tribunal Oral Federal 2 que rechazó suspender el proceso a prueba a favor de Butti, porque de acuerdo a su punto de vista, la situación del contador podría compararse con la de la presidenta de una de las empresas asociadas a Báez, Myriam Costilla, quien logró la aprobación del beneficio y evitó el juicio oral.
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Los abogados de Butti sostuvieron en el pedido, que tanto Butti como Costilla llegaron a juicio con la misma calificación legal, como partícipes necesarios de las defraudaciones investigadas.
Para el juez Barroetaveña las circunstancias no son análogas, porque entendió que el tribunal oral “ha brindado un debido tratamiento a esta cuestión y ha descartado fundadamente los planteos de la defensa sobre este punto, sin que la parte recurrente logre aquí rebatir los argumentos”.
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Antecedentes
El Tribunal Oral Federal 2, con la firma del juez Andrés Basso, había rechazado la probation al avalar la negativa del Ministerio Público Fiscal, que se opuso porque la oferta de reparación de $10 millones formulada por la defensa resultaba irrisoria ante el monto calculado como perjuicio al Estado, que supera los $684 mil millones.
En aquella resolución, el juez Basso señaló que frente a la falta de consentimiento fiscal no podía sustituir el criterio del órgano acusador por una apreciación propia ”cuando se trata de soluciones alternativas al juicio”.
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En este sentido, el fiscal Diego Luciani remarcó que los hechos se enmarcan en un caso de corrupción de extrema gravedad institucional, que involucró a altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, se extendió por aproximadamente doce años y causó un enorme detrimento a los fondos públicos.
En la causa Vialidad II, Fernando Butti está procesado por su presunta intervención en la maniobra de defraudación contra la administración pública vinculada con la obra pública vial, entre el 8 de mayo de 2003 y el 27 de agosto de 2008.
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Según la hipótesis, el contador actuó como accionista y apoderado de Austral Construcciones S.A., apoderado de Loscalzo y Del Curto Construcciones S.R.L. y representante de Lázaro Báez en Kank y Costilla S.A., y firmó los contratos que incumplían la normativa vigente.
Además, estuvo supuestamente vinculado a la simulación de la competencia en licitaciones, operaciones inmobiliarias y certificaciones sospechosas.
Los investigadores describieron que en 2005, cuando Lázaro Báez pasó a tener el 95% de las acciones de Austral, Butti quedó con el 5% restante y conservó esa posición durante los años en que la firma obtuvo numerosas adjudicaciones de obra pública.
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