La caída del sistema de internet en los Tribunales Federales de Comodoro Py complicó el inicio de la audiencia del juicio oral de la causa Odebrecht, que investiga el presunto direccionamiento en la licitación de las obras de la segunda ampliación de los gasoductos TGN y TGS.
De hecho, desde la Dirección de Tecnología se informó el corte de fibra óptica, que se pudo reparar parcialmente, de modo que las intermitencias derivaron en la suspensión del debate en otros tribunales orales, por ejemplo en los Cuadernos de la corrupción.
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A pesar de las complicaciones, en Odebrecht la mayoría de las partes lograron unirse a la videoconferencia con otras redes desde afuera del edificio, incluso utilizando los datos que les proveen sus servicios telefónicos personales. Los que participaron desde el tribunal debieron sortear los problemas de inestabilidad en la conexión.
Así las cosas, durante la jornada de hoy la fiscalía rechazó los planteos de las defensas que pidieron la prescripción del delito atribuido por plazo razonable, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que se abrió el expediente en 2007.
El Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel, dio por concluida la etapa de alegatos para anunciar que en el próximo encuentro comenzarán a escucharse las últimas palabras de los imputados antes de dar a conocer el veredicto. No obstante, postergaron la definición de la fecha, que podría fijarse para la semana que viene o la siguiente.
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La causa
El expediente surgió como una extracción de testimonio de la investigación Skanska en el año 2007, en base a la sospecha de supuestas irregularidades en la contratación de Odebrecht para las obras de ampliación en Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS).
Los imputados que llegaron a juicio son el exministro de Planificación Julio De Vido; el exsecretario de Energía, Daniel Cámeron; el exsubsecretario de Combustibles, Cristian Folgar; el exvicepresidente de CAMMESA, Luis Beuret; y el exsubgerente de la compañía, Julio Armando Bragulat.
Para el fiscal Diego Luciani, De Vido creó el marco normativo y delegó facultades en los funcionarios del área de energía con el propósito de que se confeccionara “un auténtico traje a medida de Odebrecht”.
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En su alegato indicó que esa nueva reglamentación habría permitido “la posibilidad de seleccionar al proveedor de bienes y/o servicios al propio criterio del adjudicatario”, con el único objetivo de direccionar la contratación.
Con esta hipótesis, solicitó para Julio De Vido y Daniel Cámeron 4 años de prisión por el delito de presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
En tanto, para Cristian Folgar y Luis Beuret, requirió 3 años y 6 meses. Mientras que para Julio Armando Bragulat pidió la absolución tras considerar que su participación no fue acreditada.
Por su parte, las defensas reclamaron la absolución para todos los procesados. Los abogados coincidieron en que el proceso de contratación se realizó de acuerdo a las normas vigentes en medio de la emergencia económica y energética.
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El abogado de De Vido, Gabriel Palmeiro, se refirió en duros términos contra la acusación al afirmar que “la retórica fiscal estigmatizante jugaba con la palabra arquitectura de la normativa sin analizar la normativa”.
Recordemos que el exministro también está procesado en el primer tramo de la causa denominado Skanska, que en forma paralela tramita en el TOF 4, y en la que también está cerca de conocerse el veredicto.
Este caso, considerado el primer escándalo de corrupción que sacudió al gobierno de Néstor Kirchner, mantiene en el banquillo de los acusados a 30 exfuncionarios y empresarios entre los que figuran el exsecretario de Obras Públicas, José López.
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Para ellos, el fiscal Abel Córdoba pidió 5 años de prisión como supuestos responsables del funcionamiento de un esquema de pagos de coimas a cambio de orientar la licitación de las obras hacia la empresa de origen sueco.
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