La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el planteo de queja que presentaron los empresarios Rodolfo Armando Poblete y Pablo José Gutiérrez contra la resolución del Tribunal Oral Federal 7 que impidió el procedimiento abreviado con los que buscaban quedar afuera del juicio oral por los Cuadernos de la corrupción, a través de una reparación integral económica.
Poblete fue ejecutivo de la firma Hidrovía, acusado en este proceso de ser partícipe necesario del pago de coimas a exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner durante la tramitación de la concesión de la ruta fluvial. En tanto, Gutiérrez fue representante de Fontana Nicastro, también imputado por ofrecer sobornos.
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Los jueces Daniel Petrone, Javier Carbajo y Ángela Ledesma consideraron que su pedido no encuadra “en ninguno de los supuestos taxativamente previstos en el art. 376 del Código Procesal Penal de la Nación”, que describe este beneficio para los procesados por los delitos de acción pública cuando reconocen su participación en el hecho.
Por otro lado, “la resolución cuestionada no reviste la calidad de sentencia definitiva”, al tiempo que remarcó que “el máximo Tribunal denegó, por regla, el carácter de definitivos a los pronunciamientos cuya consecuencia sea la obligación para el imputado de continuar sometido a proceso, ya que no ponen fin al pleito ni ocasionan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior”.
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Asimismo, los camaristas consideraron que no compartir los fundamentos del TOF 7 “no configura un agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad”.
Antecedentes
Rodolfo Poblete y Pablo Gutiérrez integran la lista de 42 empresarios que intentaron evitar ir a juicio oral ofreciéndole al Tribunal Oral Federal 7 una reparación integral económica, que finalmente fue rechazada días antes de que comience el debate. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli habían dictaminado que el pago ofrecido para extinguir la acción penal no podía aceptarse sin acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal general Fabiana León.
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La Fiscalía lo había desestimado porque indicó que los montos ofrecidos no llegaban a compensar los perjuicios que los delitos de corrupción le habrían causado al Estado.
El TOF 7 le asignó un carácter vinculante al rechazo de la Fiscalía, que descartó en duros términos la propuesta, por la que estaban dispuestos —entre todos— en efectivo y con bienes hasta 21 millones de dólares.
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La lista de empresarios que buscaron el acuerdo económico incluía a Adrián Pascucci, Mauricio Pascucci, Roberto Juan Orazi, Mario Ludovico Rovella, Carlos Fabián De Sousa, Julio José Paolini, Claudio Glazman, Jorge Neira, Ricardo Repetti, Gabriel Losi, Ángelo Calcaterra, Héctor Sánchez Caballero, Santiago Altieri, Juan José Luciano, Juan Manuel Collazo, Hugo Alberto Dragonetti y Jorge Juan Mauricio Balan.
Además, figuraban Juan Carlos de Goycoechea, Mario Maxit, César Arturo de Goycoechea, Walter Fagyas, Adrián Pasucci, Mauricio Pasucci, Osvaldo Antenor Acosta, Fabián García Ramón, Aldo Roggio, Carlos Román, Carlos Arroyo, Pablo José Gutiérrez, Jorge Benolol, Guillermo Escolar, Oscar Abel Sansiñena, Miguel Ángel Marconi, Osvaldo De Sousa, Daniel Pitón, Patricio Gerbi, Ricardo Scuncia, Cristóbal López, Armando Loson, Benjamín Romero, Rodolfo Poblete y Francisco Valenti.
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El primo del expresidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, había propuesto abonar 1,68 millones de dólares; Ernesto Clarens, 1,5 millones; y Aldo Roggio, con 1,26 millones.
Por su parte, Gabriel Pedro Losi, 557 mil, Juan Manuel Collazo, 603 mil, Héctor Javier Caballero, 460 mil y Mario Rovella, 494 mil dólares.
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Las audiencias del juicio oral se llevan adelante dos veces por semana a través de un sistema mixto de presencialidad y videoconferencia, desde el Salón Auditorio de los tribunales porteños de Comodoro Py.
La mayoría de los 86 imputados y sus abogados defensores se conectan a través de Zoom, mientras que Oscar Centeno, el autor de los cuadernos, asiste regularmente a la sala.
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