La Corte de Constitucionalidad mantiene en el cargo a Gabriel García Luna como fiscal general

La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala resolvió este martes 12 de mayo mantener el nombramiento de Gabriel García Luna como Fiscal General, tras rechazar los amparos provisionales presentados contra el proceso, según confirmaron los magistrados en resolución oficial. La designación, impulsada por el presidente Bernardo Arévalo, se mantendrá firme para los próximos cuatro años.

La decisión de la CC descarta la nulidad pedida en acciones legales presentadas tanto por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), liderada por Ricardo Méndez Ruíz, como por el diputado de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), José Chic, y un grupo de congresistas oficialistas. La FCT argumentó que el listado final de la Comisión de Postulación debía inclinarse por Consuelo Porras por haber obtenido la mayor calificación.

Al desechar los amparos provisionales y la acción de inconstitucionalidad, la CC excluyó la posibilidad de modificar el proceso o la composición de la nómina final de candidatos. De acuerdo con el fallo, el nombramiento de Gabriel García Luna se oficializará el domingo17 de mayo, fecha en la que asumirá la jefatura del Ministerio Público (MP).

Tres magistrados, en votos razonados, indicaron que los recursos se presentaron cuando la decisión presidencial ya había sido ejecutada. Además, la solicitud de congresistas oficialistas para resguardar información y bienes del Ministerio Público, junto a la acción de alternancia impulsada por José Chic, también fueron rechazadas por la Corte de Constitucionalidad.

La noticia se mantiene en desarrollo, considerando el número de acciones que se programo conocer, aunque las principales eran relacionadas a la posibilidad de que se suspendiera la elección y designación de García Luna.

Cierre de la gestión Porras: ocho años marcados por sanciones y pérdida de confianza

El periodo que culmina María Consuelo Porras al frente del Ministerio Público se extiende por ocho años signados por sanciones y cuestionamientos internacionales.

Durante su mandato, la Fiscalía fue señalada por prácticas de persecución contra jueces, fiscales y periodistas implicados en investigaciones por corrupción, de acuerdo con medios guatemaltecos. Esas acciones contribuyeron al debilitamiento del organismo y a una progresiva erosión de la confianza pública.

El gobierno confirma notificación directa de nombramiento de fiscal general en Guatemala

El Gobierno de Guatemala notificó de manera oficial al Ministerio Público la designación de Gabriel García Luna como fiscal general para el periodo 2026-2030, cumpliendo con los trámites legales establecidos, pero sin publicar el acuerdo en el Diario Oficial.

Según Juan Gerardo Guerrero, secretario general de la Presidencia, este procedimiento administrativo, avalado por la Corte de Constitucionalidad, permite iniciar la transición sin que sea necesaria esa publicación, en concordancia con antecedentes normativos que buscan evitar dilaciones para la toma de posesión del cargo.

La decisión de omitir la publicación oficial tiene diversos antecedentes. Guerrero indicó que, desde 1994 y durante los últimos treinta y seis años, los acuerdos gubernativos para el nombramiento de fiscal general y jefe del Ministerio Público regularmente no han sido publicados en el Diario de Centroamérica.

El diario oficial solo fue utilizado en una ocasión, por decisión del gobierno de turno, sin que estuviera obligado por ley, puntualizó.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, sostuvo la legalidad de este tipo de designaciones y su práctica histórica.

Arévalo expresó: “En los últimos treinta y seis años, en todos los casos de nombramiento de jefe del Ministerio Público, solo una vez se ha publicado en el Diario Oficial el nombramiento y porque el Gobierno de turno lo decidió, porque no es necesario. El resto de fiscales nunca se ha requerido ninguna publicación de nada. Ya lo estableció la Corte de Constitucionalidad.

Los antecedentes legales demuestran que la publicación en el Diario Oficial no es obligatoria para este tipo de acuerdos

Guerrero señaló que la Corte de Constitucionalidad, mediante el expediente 461-2014, definió estos acuerdos como actos administrativos y los diferenció de aquellos de carácter general o reglamentario, que sí requieren publicación.

Detalló distintos casos en los que el proceso se llevó a cabo por notificación directa sin publicación oficial: en 1994, Ramsés Cuestas Gómez fue nombrado por Ramiro de León Carpio; en 1998, Adolfo González Rodas por Álvaro Arzú Irigoyen; en 2006, Juan Luis Florido por Óscar Berger.

En 2008, José Amílcar Velásquez Zárate por Álvaro Colom; en 2010 y 2014, Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana respectivamente, y en 2022, Consuelo Porras por Alejandro Giammattei. Ninguno de estos nombramientos requirió acto de publicación en el Diario de Centroamérica, precisó Guerrero.

Este mecanismo se reiteró en la práctica reciente. Confirmada la ausencia de impugnaciones tras la segunda nómina de candidatos enviada por la Comisión de Postulación, el presidente firmó el acuerdo gubernativo el 5 de mayo, notificando a Gabriel García Luna mediante copia certificada el día siguiente y al Ministerio Público en la mañana posterior.

Guerrero explicó que esa notificación formal, remitida tanto a la Secretaría General como a la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio Público, permite avanzar con la transición: “Emitir un oficio con copia certificada del acuerdo gubernativo al Ministerio Público para que ellos tomen cartas en el asunto y procedan al proceso de transición dentro de la institución.”