AFA y la mansión de Pilar: el fiscal ante Casación ratificó que debe investigarse en CABA

Las dos causas penales que tienen en vilo a la dirigencia del fútbol argentino entraron desde este lunes en etapa de definición. Por un lado, un fiscal ratificó que la investigación que intenta determinar si la mansión de Pilar, valuada en 17 millones de dólares y a nombre de supuestos testaferros de dirigentes de la AFA, debe volver a un juzgado de la ciudad de Buenos Aires y dejar el federal de Campana, donde tramita hasta ahora.

Por otro, la Cámara en lo Penal Económico ya quedó en condiciones de resolver si confirma los procesamientos por supuesta retención indebida de aportes al presidente de AFA, Claudio Tapia, al tesorero, Pablo Toviggino, y a los demás implicados: venció el último plazo que se había dado a las defensas para presentar por escrito los fundamentos de sus apelaciones.

La casaquinta de Pilar

La sala I de la Cámara Federal de Casación tiene que definir dónde se seguirá investigando el caso: una opción es derivar esa decisión a otro tribunal, la Cámara en lo Penal Económico, con lo cual el tema seguiría a cargo del juez federal de Campana Adrián González Charvay hasta que haya una nueva definición. Esta fue la tercera opción que postuló en su dictamen el fiscal ante Casación Mario Villar, quien este lunes ratificó que el caso debe volver al juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas, donde comenzó a investigarse.

Como segunda posibilidad postuló que retome el expediente el juzgado en lo penal económico que lo llevó luego, actualmente a cargo como subrogante de la jueza Verónica Straccia.

En ese contexto, “la compra de la casaquinta de Pilar por parte de la sociedad Real Central de los imputados como supuestos testaferros Luciano Pantano y su madre Ana Conte, habría sido una maniobra posterior de lavado de activos que abarcó también a unidades funcionales en el barrio privado Ayres Plaza, en Pilar, y los 54 vehículos encontrados en el galpón del predio de Villa Rosa, caballos árabes y de pura sangre, y otros bienes de valor en el mercado”.

Villar ratificó el contenido de un dictamen que había entregado el 30 de marzo pasado, cuando se convocó en Casación a una primera audiencia ante los camaristas que integraron para este caso la sala I: Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky.

La defensa de los dos imputados postula que la causa debe seguir en Campana, donde ellos pidieron que se vaya la investigación en primer lugar mediante un correo electrónico que enviaron al juzgado de González Charvay, reclamando que pidiera la inhibitoria a su colega en lo penal económico Marcelo Aguisnky, algo que hizo.

Se argumentó que tanto la casaquinta como otras propiedades en la mira judicial están en Pilar, jurisdicción de Campana. El conflicto escaló hasta la Cámara Federal de San Martín, cuyo juez de feria Alberto Lugones zanjó el conflicto en enero pasado y le dio la razón a González Charvay.

Esta decisión fue resistida por todos los fiscales que tomaron contacto con el caso y así llegó hasta Casación, el máximo tribunal penal federal del país. La fiscalía ante esa instancia ratificó este lunes que la investigación debe volver a la órbita del juez federal Rafecas, en la ciudad de Buenos Aires.

Villar entendió que las maniobras investigadas “darían cuenta de un trazado de fondos bajo figuras jurídicas y físicas que podrían encubrir su origen como fondos lícitos de la entidad no declarados y/o desviados a fines privados, o nuevas aplicaciones de sumas de origen ilícito”.

La cuestión “debe ser resuelta, en razón del objeto de la causa y la especialización en materia de lavado de activos, en favor de la Justicia en lo Criminal Federal de esta ciudad” y por eso el expediente debería volver al juzgado de Rafecas. Como segunda posibilidad y de no ser compartida su postura, el fiscal planteó que el caso debe regresar en todo caso al juzgado en lo penal económico, también en CABA. Y como tercera solución que el conflicto de competencia lo resuelva la Cámara en lo Penal Económico de CABA y no la de San Martín.

A la hora de pasar en limpio de qué se trata la investigación que vincula a dirigentes de AFA como su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero Pablo Toviggino a la quinta de Pilar, el fiscal remarcó que se trata de la supuesta “existencia de una red internacional de intermediarios financieros que habrían operado entre los años 2021 y 2025, que habrían canalizado fuera del circuito bancario argentino fondos lícitos obtenidos por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) mediante un complejo circuito financiero”.

Estos fondos “bajo el pretexto del cepo cambiario y mediante mecanismos irregularmente onerosos (comisiones del 30%) se habrían desviado y ocultado del patrimonio de AFA, valiéndose de empresas constituidas en el exterior (algunas en paraísos fiscales y con cuentas bancarias off shore), con participación o aquiescencia de dirigentes de AFA y/o personas allegadas a la dirigencia”.

Los ingresos de AFA se vincularían con el pago de derechos comerciales, de auspiciantes extranjeros de la Selección Nacional de fútbol, de derechos de transmisión de los partidos, entre otros. Se trata del tramo de la investigación que involucra a TourProdEnter LLC, de Javier Faroni. Los fondos habrían sido “desviados ilícitamente a sociedades constituidas en EEUU, Reino Unido y República Oriental del Uruguay. Se presume que esas sociedades serían meras fachadas, ligadas a las mismas personas o allegados de la dirigencia de la AFA”, agregó la fiscalía ante Casación.

La retención de aportes

En cuanto a la investigación en la que Tapia y Toviggino ya están procesados por supuesta retención indebida de aportes impositivos y de la seguridad social por 19.000 millones de pesos, la Cámara en lo Penal Económico ya puede resolver si confirma, modifica o revoca el fallo del juez de primera instancia de ese fuero, Diego Amarante. Este lunes también venció el último plazo que se había dado a las defensas para presentar los argumentos en reclamo de revocar los procesamientos, algo que hicieron por escrito. Los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos ya pueden resolver.

Los dirigentes de AFA enfrentan el riesgo de ver confirmados sus procesamientos y de hecho, también de ver agravada su situación: el fiscal ante la Cámara Gabriel Pérez Barberá reclamó sumar delitos que fueron dejados de lado en el procesamiento. Se trata de un tramo relativo a la falta de depósito en el plazo legal de una “alícuota aplicada sobre los ingresos derivados del patrocinio oficial –con fines publicitarios– de los torneos organizados por la AFA o la Liga Profesional de Fútbol, destinada a la cancelación de las cotizaciones con destino a los regímenes de la seguridad social“, y que representa el 77 por ciento del monto total denunciado.

Se trata del llamado “subconcepto 551″ y en la mayoría de los periodos objeto de reclamo entre 2024 y 2025 suma “un porcentaje significativo del total de fondos que debían ser ingresados al sistema de la seguridad social”, advirtió el fiscal en su dictamen.