El exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, fue citado a declarar como testigo este miércoles en el juicio oral por “Sueños Compartidos”, que investiga el presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Baratta, considerado mano derecha de Julio De Vido, era una pieza clave a la hora de liberar los pagos destinados a las obras ejecutadas por la Fundación, dirigida por hermanos Sergio y Pablo Shocklender.
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En este caso, deberá comparecer en audiencia pública ante el Tribunal Oral Federal 5 para responder a las preguntas de fiscales y abogados defensores bajo juramento de decir verdad.
Recordemos que Baratta es uno de los principales acusados en la causa Cuadernos. Además, pesa sobre él una condena a tres años y seis meses por administración fraudulenta en la compra de Gas Natural Licuado (GNL).
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También fueron citados otros cinco testigos solicitados por las partes de este proceso, que analiza el destino de 206 millones de pesos que presuntamente se utilizaron para financiar actividades políticas, en lugar de construir viviendas sociales.
Entre los convocados figura Daniela Vanesa González, indagada y sobreseída en esta causa por su rol de representante de la Asociación Civil Soberanía, firmante del convenio para la construcción de quinientas viviendas en el predio denominado “La Rubita”, ubicado en Resistencia, Chaco.
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La lista se completa con dos exempleados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo; el comandante de Gendarmería Alcides Martilotte ,a cargo del allanamiento que se ordenó en su momento en la Casa de gobierno del Chaco; y una de las testigos que participó en ese procedimiento.
El juicio
En el caso “Sueños Compartidos” se investigan presuntas irregularidades en el financiamiento del plan de viviendas sociales instrumentado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo con fondos del Estado argentino.
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Los convenios fueron firmados con Ciudad de Buenos Aires; Ezeiza; Almirante Brown; Tigre; Bariloche; provincia de Misiones; provincia del Chaco; provincia de Santiago del Estero, entre otras juridicciones.
Entre los acusados principales figuran los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; y el exsecretario de Obras Públicas José López.
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Cuando declaró el exgobernador de Misiones Maurice Closs, admitió que el Estado nacional enviaba los recursos con la condición de que el convenio de construcción de viviendas fuese ejecutado por Madres de Plaza de Mayo.
Por su parte, el exintendente de Ezeiza Alejandro Granados, coincidió con Closs en que Nación giró los fondos a una cuenta especial de la municipalidad. Detalló que, en su caso, primero recibió un anticipo, pero que no lo utilizó hasta que la contratista de la Fundación inició los trabajos.
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Otro de los testigos fue Mauricio Macri, quien recordó que mientras era jefe de Gobierno porteño recibió presiones del entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para que liberara fondos públicos a favor de las Madres.
En tanto, Sergio Massa reconoció que hubo incumplimientos que obligaron al municipio de Tigre a hacerse cargo de las obras que la fundación no terminó.
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