El juez Salmain ante el Consejo de la Magistratura: una maniobra cambiaria de USD 10 millones y antecedentes ocultos desde 2002

Por unanimidad, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura resolvió esta semana citar a Gastón Alberto Salmain, titular del Juzgado Federal N°1 de Rosario, a una audiencia fijada para próximo 20 de mayo . La instrucción del expediente estuvo a cargo del senador nacional Luis Juez, de La Libertad Avanza, quien impulsó el dictamen que sostiene la convocatoria en cuestión. La instancia, encuadrada en el artículo 20 del Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación, es el paso previo a una eventual acusación formal que podría derivar en la apertura de un juicio político y, en último término, en la remoción del magistrado.

El dictamen que este miércoles adoptó la Comisión de Acusación, presidida por el abogado Alberto Marques, se apoya en dos líneas de imputación que, según consigna, configuran por sí solas la causal de mal desempeño prevista en la Constitución Nacional. Una refiere a resoluciones adoptadas desde el estrado mientras que la otra está relacionada con información que nunca llegó a ese estrado porque fue silenciada antes de ocuparlo.

El primero de esos ejes gira en torno al expediente civil N°FRO 29522/2023, radicado en noviembre de 2023 ante el juzgado que Salmain conduce. La firma Attila Fideicomisos SRL requirió que la justicia ordenara al Banco Central autorizar la compra de hasta diez millones de dólares al tipo de cambio oficial para cancelar, según alegó, obligaciones contraídas con acreedores del exterior desde 2018. El organismo monetario había denegado la operación por incumplimiento de requisitos y, al contestar la demanda, advirtió además al magistrado que carecía de competencia territorial para intervenir en el asunto.

Pese a ello, Salmain tramitó la causa y el 5 de diciembre de 2023 hizo lugar a la medida cautelar. Lo hizo sin haber resuelto previamente la cuestión de competencia -en contraposición a lo que prescribe la ley 26.854- y estableció como contracautela una caución juratoria, cuando la misma norma exige caución real para medidas de esa envergadura contra el Estado. Ante la apelación del Banco Central, el magistrado concedió el recurso con efecto devolutivo -sin suspender los efectos de la decisión-, lo que habilitó la ejecución de la operación mientras tramitaba el incidente. La Cámara señalaría después que la ley impone el efecto suspensivo esa clase de supuestos.

Con todo, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 se transfirieron al exterior aproximadamente diez millones de dólares. La primera remesa, superior al millón cien mil dólares, se concretó el 14 de diciembre de 2023.

En marzo de 2024, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario revocó la cautelar. El tribunal observó que la deuda invocada no estaba acreditada, que el peligro en la demora era inexistente -la obligación databa de 2018 y la acción se presentó cuatro años más tarde- y que el juez había actuado siendo manifiestamente incompetente. La Alzada fue categórica al describir la actuación del magistrado en esa causa: sostuvo que “lo resuelto por Salmain como juez no se habría tratado de una simple decisión errada u opinable en materia jurídica, ya que era imposible que hubiera sido engañado por la parte actora frente a las advertencias formuladas en tal sentido por la demandada”.

Y fue más lejos aún: afirmó que “todo el actuar forzado del magistrado en el expediente civil se transforma en sí mismo en prueba o indicio de delito”, y que solo la declaración del imputado colaborador permite explicar “de forma lógica todo lo extraordinario, irregular y antinatural que tuvo el expediente civil en el cual el juez libró la orden contra el BCRA”. El dictamen de la Comisión hizo propias esas conclusiones.

En abril de 2024, el mismo Salmain se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la fiscalía para que investigara una posible estafa procesal por parte de los actores de esa causa. La pesquisa penal que se abrió a continuación incorporó la declaración de Fernando Whpei, empresario rosarino que en octubre de 2025 se acogió al régimen del imputado colaborador. Según su relato, el acuerdo con Salmain fue anterior a la presentación de la demanda: “Voy a verlo a su despacho ahí en Entre Ríos entre Córdoba y Santa Fe, le planteo esta cuestión de nuestro conflicto comercial con el fondo de los montos que estaban embargados y de la posibilidad de acceder al recurso de amparo, hubo reuniones y en la última dice: ‘mirá, técnicamente funciona, el resto háblalo con Santiago’”.

La contraprestación pactada, según Whpei, equivalía al diez por ciento de la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue vigente al momento de la operación, unos doscientos mil dólares. La devaluación del 13 de diciembre de 2023 contrajo esa diferencia cambiaria y, según su relato, el arreglo nunca se liquidó. El juez instructor Carlos Vera Barros tuvo por probado que Salmain, Whpei y Santiago Busaniche “llegaron a un acuerdo para manipular de manera contraria a derecho un expediente judicial radicado en el Juzgado Federal N°1 de Rosario, en el que se autorizó la salida a cuentas del exterior de la suma de diez millones de dólares, habiéndose realizado la primera de esas transferencias el 14.12.2023 por un monto total de u$s 1.128.850, ello a cambio de un retorno del 10% sobre la diferencia generada por la brecha cambiaria, en el mercado de cambios de moneda extranjera, entre el dólar blue y el dólar oficial”.

Bajo esos términos, el juez Vera Barros, a cargo del Juzgado Federal N° 4 de Rosario, ordenó en diciembre de 2025 el procesamiento con prisión preventiva -que no se efectivizó en virtud de la inmunidad de arresto del magistrado- de Salmain como probable responsable de los delitos de abuso de autoridad, cohecho pasivo agravado y prevaricato. La Cámara rosarina ratificó esa resolución en marzo de 2026. El juez Salmain negó los cargos: sostuvo que sus decisiones se ajustaron a criterios aplicados en causas análogas, que el testimonio de Whpei carecía de respaldo independiente y que el proceso en su contra era de naturaleza política e institucional.

El segundo eje es cronológicamente anterior, aunque su relevancia emergió más tarde. En junio de 2002, la Corte Suprema cesanteó a Salmain como auxiliar del Juzgado Federal de la Seguridad Social N°8 mediante una resolución unánime. La medida fue el desenlace de un sumario administrativo originado en una denuncia según la cual había intentado sobornar a una agente de la mesa de entradas de la Cámara Federal de la Seguridad Social para que manipulara el sistema informático de asignación de causas y derivara expedientes previsionales hacia el tribunal donde prestaba servicios, correspondientes a clientes de un estudio jurídico en el que también se desempeñaba.

Según consta en el dictamen, la empleada Florencia Depetris declaró que Salmain “le ofreció una suma de dinero para violar el sistema informático y, de esa manera, destinar algunas demandas que se iniciasen al Juzgado de la Seguridad Social N°8”, y que “en varias oportunidades la llamó por teléfono con el fin de ponerse de acuerdo respecto del accionar”. Una causa penal tramitada en paralelo concluyó en 2007 con la extinción de la acción tras el cumplimiento de las condiciones de una suspensión del juicio a prueba.

Desde 2016, Salmain concursó en 33 oportunidades ante el Consejo sin consignar en ninguna de ellas su paso por el Poder Judicial ni que ese vínculo había concluido con una cesantía del máximo tribunal. En las entrevistas personales, ante la consulta de algún consejero sobre ese desempeño previo, respondió que había trabajado en el fuero “hace muchos años, solo como auxiliar”, y la conversación avanzó hacia otros temas.

En 2023, por lo demás, fue designado juez titular del Juzgado Federal N°1 de Rosario.

La resolución de la Comisión de Acusación a la que tuvo acceso Infobae es la N° 1/2026 y contiene un largo repaso de los antecedentes que fundamentan la decisión final: fijar audiencia para el día miércoles 20 de mayo, a las 11, “a fin de que comparezca el magistrado Gastón Alberto Salmain, (...) a los fines del artículo 20 del RCDyA (...), en la Sala de reuniones del Plenario del Consejo de la Magistratura”.

Con la firma del abogado Maques, el cuerpo consideró que “se encuentra prima facie acreditado” el mal desempeño de Salmain, quien tendrá a su disposición en la Secretaría de la Comisión “la totalidad del material probatorio colectado en las presentes actuaciones”.