El Consejo de la Magistratura votará si manda a juicio político a dos jueces investigados por corrupción y abuso

El Consejo de la Magistratura tiene este miércoles una jornada decisiva para el futuro de dos jueces federales que acumulan denuncias graves y atraviesan trámites disciplinarios en curso. La Comisión de Acusación se reunirá a las 11 con dos proyectos del consejero Luis Juez en la agenda: uno apunta a Gastón Salmain, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Rosario; el otro, a Alejandro Maraniello, titular del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 5 de Buenos Aires. En ambos casos se propone convocarlos en los términos del artículo 20 del Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación para avanzar con sendos procesos.

El encuentro se desarrollará en modalidad mixta -presencial en la Sala de Plenario Lino Palacio y por vía virtual- bajo la conducción del abogado Alberto Maques.

¿Qué implica una convocatoria bajo el artículo 20? El reglamento interno del Consejo establece que esa instancia se activa cuando la comisión ya halló reproche al magistrado tras una investigación preliminar. La notificación debe contener “una sintética relación de los hechos imputados, la calificación provisional de su conducta como falta disciplinaria o causal de remoción, y la exposición de las pruebas obrantes en el expediente que serán puestas a disposición del magistrado”. Es, en términos prácticos, el momento en que el funcionario judicial se enfrenta al caudal probatorio reunido en su contra y ejerce su derecho de defensa. Agotado ese descargo, la comisión redacta un dictamen que puede recomendar al Plenario del Consejo tres caminos: archivar la denuncia, aplicar una sanción disciplinaria, o “abrir el procedimiento de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento y, en su caso, ordenar la suspensión del magistrado”.

La situación más grave en términos penales es la del juez rosarino. Salmain afronta un procesamiento confirmado por haber emitido un fallo a pedido de una financiera para que esa empresa accediera a 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial durante el período de cepo cambiario, a cambio de una coima de 200 mil dólares. Así lo declaró como arrepentido Fernando Whpei, propietario de la firma beneficiada, en testimonios corroborados por el análisis de teléfonos y otras evidencias del expediente. A esa imputación penal se añade una denuncia por irregularidades en su historial profesional: al concursar para acceder a la magistratura habría silenciado que en 2002 fue separado del Poder Judicial por ofrecer dinero a una empleada para que le asignara una causa al juzgado donde se desempeñaba.

En la misma sesión, el consejero Juez impulsó también la acumulación del expediente N° 104/2025 -“Testimonios Expte. AAD 110/2025 – S/ Actuación Dr. Gastón Salmain (JUZ. FED. N°1 ROSARIO)“- al expediente principal N° 201/2025. La iniciativa, en definitiva, concluye con la petición de que “se cite al Dr. Gastón Alberto Salmain, Juez Federal a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia n° 1 de Rosario, Provincia de Santa Fe, en los términos del artículo 20 del reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación”.

El expediente que involucra al magistrado porteño tiene una trama diferente pero no menos extensa. Las acusaciones contra Maraniello provienen de frentes heterogéneos: la propia Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal remitió actuaciones en su contra; la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial radicó dos causas por separado; un legislador porteño y una diputada nacional suscribieron una denuncia conjunta; y una particular identificada en las actuaciones como “R.M.M.” presentó otra por su cuenta. A ese conjunto se agregan relatos de magistrados y agentes judiciales sobre abusos y maltratos en el juzgado, y el testimonio de una joven que describió un episodio de abuso sexual.

El hecho de mayor resonancia pública fue una medida cautelar mediante la cual el juez prohibió la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, resolución que sería cuestionada como un ejercicio de censura previa. Para la misma sesión, los consejeros Tailhade y Grau propusieron notificarlo en los términos del artículo 11 del reglamento -traslado formal de las denuncias- en tres expedientes distintos, y requerir al Juzgado Civil y Comercial Federal N° 5 copias de expedientes tramitados en ese tribunal. La propuesta central establece que “se cite al Dr. Alejandro Patricio Maraniello, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 5, en los términos del artículo 20 del reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación”.

La agenda del miércoles contempla además el tratamiento del expediente N° 54/2023 -“Gil Domínguez Andrés (repres. del Dr. Díaz Lacava Pablo) c/ Dr. Baric Juan José (Juez Fed.)“-, con un proyecto del consejero Gonzalo Roca que postula el archivo de esa denuncia.

La sesión se enmarca en un período de actividad disciplinaria sostenida: la semana pasada, el Plenario del Consejo resolvió elevar a jury al juez federal de Mar del Plata Alfredo Eugenio López por expresiones consideradas antisemitas, y al integrante del Tribunal Oral Federal de La Pampa Pablo Díaz Lacava por presunto maltrato a su personal. Si los proyectos sobre los dos magistrados bajo la lupa son aprobados este miércoles, ambos quedarán un paso más cerca de ese mismo desenlace.

Jurado de Enjuiciamiento

En el marco de los procesos de enjuiciamiento contra los magistrados López y Díaz Lacava, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, tomó juramento este lunes a los miembros titulares del Jurado de Enjuiciamiento que tendrán a su cargo la tramitación y juzgamiento de ambas causas. El acto se realizó en el Salón Carmen Argibay del Palacio de Justicia, donde prestaron juramento Marcelo Bartumeu Romero, juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°25 de la Capital Federal; Néstor Pablo Barral, juez de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín; María Belén Montes de Oca, senadora por Tierra del Fuego (LLA); María Florencia López, senadora por La Rioja (UxP); Christian Zulli, diputado por Corrientes (UxP), y Ana Fernández, abogada de la matrícula federal de San Nicolás, provincia de Buenos Aires; mientras que también integra el cuerpo Nicolás Mayoraz, diputado por Santa Fe (LLA), quien no estuvo presente en la ceremonia.