
El ex intendente de Ezeiza Alejandro Granados declaró como testigo en el juicio oral de la causa Sueños Compartidos, que investiga el supuesto fraude en los proyectos de viviendas sociales de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Ante el Tribunal Oral Federal 5, remarcó: “Cuando estalló la bomba -en referencia al escándalo que produjo la difusión del caso-, terminamos la obra con una demora de seis meses”. Detalló que cuando se retiraron los arquitectos y encargados del proyecto que había puesto la Fundación, puso al frente al personal técnico de la Municipalidad.
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En el mismo sentido, Granados explicó que el municipio tomó a los 200 obreros como empleados municipales contratados, por lo que se quedaron trabajando hasta que se entregaron los inmuebles listos para habitar, sin generar gastos adicionales, porque usó los cinco millones que le había girado el gobierno nacional.
Por otro lado, el ex intendente admitió que cuando lo contactaron para firmar el convenio con la Fundación de la Madres no conocía nada sobre sus antecedentes. En ese marco, señaló que se habían cumplido todos los pasos formales con la aprobación del Consejo Deliberante.
Las viviendas se construyeron en unos antiguos terrenos de la Marina Mercante que estaban ocupados por un grupo de familias, quienes terminaron cediendo el espacio con el compromiso de que a cambio serían beneficiados con una propiedad para cada uno.
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Al referirse al sistema de pagos, Granados explicó que Nación giraba los fondos a una cuenta especial de la Municipalidad. Precisó que primero le enviaron un anticipo, pero que no lo usó hasta que la contratista de la Fundación inició los trabajos.

Durante su declaración hizo hincapié en que, a pesar de tener el dinero, no quiso autorizar el pago de adelantos hasta que comenzara la construcción. Expuso: “Pasaba todas la mañanas por el terreno, pero, hasta que no vi a los 200 obreros con el casco amarillo, no les mandé un peso”.
“A partir del inicio de los trabajos, seguí abonando en la medida que presentaban certificados de obra, corroborados por mí, porque lo veía todos los días”, completó.
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Otro de los testigos de la jornada fue el ex intendente de Almirante Brown, Rubén Darío Giustozzi, quien afirmó que no recordaba los detalles del convenio de su municipio con la Fundación de Madres de Plaza de Mayo, porque fueron suscriptos antes de que él asumiera.
Al respecto, destacó que conoció la propuesta a través de la Secretaría de obras públicas comunal, y supo que estaba destinada a que la gente se sume al programa federal para construir su vivienda y erradicar los barrios marginales.
La causa
En el juicio oral por “Sueños Compartidos” se investiga el presunto desvío de unos 206 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales que fueron convenidas en diversas jurisdicciones, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, Ezeiza, Almirante Brown, Tigre, Bariloche, Chaco y Santiago del Estero.
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Los principales acusados son los ex apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio y Pablo Schoklender, el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el ex secretario de Obras Públicas José López.
En su indagatoria ante los jueces Adriana Pallioti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, Sergio Schoklender responsabilizó a Hebe de Bonafini, fallecida en 2022.
Remarcó también que en esos años la Fundación oficiaba como aparato militante del kirchnerismo por orden de Bonafini, y usaba los recursos que recibía del Estado para movilizar a la gente contratada para las obras hacia distintos eventos políticos.
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