El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, avanza en el cierre de la investigación sobre el denominado “Clan García Furfaro”, acusado de presunta responsabilidad en la elaboración y distribución de fentanilo contaminado del laboratorio HLB Pharma, propiedad de Ariel García Furfaro, que habría provocado la muerte de 114 pacientes, mientras que otros 49, ya dados de alta, presentan secuelas. El magistrado amplió ayer la indagatoria a cuatro de los 14 procesados: el director técnico José Antonio Maiorano; Nilda Furfaro, directiva de las firmas y madre de Ariel; Wilson Daniel Pons, responsable de la cadena de producción del potente anestésico; Adriana Iudica, integrante del grupo de responsables dentro de la cadena de producción y/o control de calidad; y Rocío del Cielo Garay, quien también participaba en tareas de producción y control de calidad del medicamento.
Ninguno de los imputados aceptó responder preguntas del juez ni de la fiscalía, y se remitieron a lo declarado en su primera indagatoria.
Para el juzgado, este acto judicial resulta clave. Hasta ahora, los 14 sospechosos estaban imputados por 20 muertes, las primeras homologadas por el Cuerpo Médico Forense. Ahora se agregaron pruebas correspondientes a otros 94 casos. Todavía resta que los peritos finalicen la auditoría de la totalidad de estas historias clínicas.
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La causa por la mayor tragedia sanitaria de la Argentina ingresó en su etapa final. Ayer, el juez Kreplak retomó la ampliación de declaraciones indagatorias de los 14 procesados por su presunta responsabilidad en la elaboración y distribución de fentanilo de HLB Pharma contaminado con al menos dos bacterias resistentes a antibióticos, lo que habría derivado en el fallecimiento de 114 pacientes y en secuelas en 49 internados, dos de ellos en estado crítico.
La semana pasada fue el turno de Eduardo Darchuk, jefe de Producción de Laboratorios Ramallo SA, y de María Victoria García, gerente de Gestión de Calidad. Ambos optaron por no declarar.
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Ariel García Furfaro y Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo, solicitaron postergar su presentación virtual ante el magistrado. La ampliación de indagatoria fue reprogramada para el jueves próximo.
Hoy deberán cumplir la medida judicial Javier Martín Tchukrán, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar y Diego Hernán García, hermano del principal sospechoso y directivo de los laboratorios.
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Tras esta medida y las apelaciones de las defensas, el juez estará en condiciones de elevar la voluminosa causa —considerada el mayor desastre sanitario del país— a juicio oral. La expectativa de condena para los acusados varía entre 10 y 25 años de prisión.
En la resolución del 25 de septiembre de 2025, Kreplak les imputó “prima facie” ser coautores penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 20 personas, en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautores.
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La causa tramita bajo el expediente FLP 17371/2025 y se originó el 8 de mayo de 2025, cuando la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una alerta y prohibió el uso de varios lotes tras detectarse los primeros fallecimientos en el Hospital Italiano de La Plata.
Los resultados finales del Cuerpo Médico Forense serán determinantes para establecer la cantidad exacta de delitos que se les imputarán a los presuntos responsables de las muertes.
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Los peritos ya establecieron que las bacterias multirresistentes presentes en las ampollas del fentanilo de HLB Pharma incrementaron drásticamente el riesgo de muerte. El magistrado solicitó además que los profesionales determinen si estas también causaron daños irreversibles en los sobrevivientes, tales como incapacidades laborales permanentes, enfermedades crónicas, deformidades, pérdida de funciones vitales o secuelas psicológicas graves.
Tanto la fiscalía como algunas de las querellas también apuntan a las presuntas responsabilidades que podrían haber tenido, por la falta de control y de supervisión de las buenas prácticas de fabricación de medicamentos, las autoridades de la ANMAT y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).
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