La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrentará una semana de definiciones judiciales cruciales, con dos causas que involucran a sus máximos dirigentes, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino: la investigación sobre la mansión en Pilar y el caso de la retención de 19.000 millones de pesos de aportes patronales.
Sobre ese último expediente, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante decidirá si procesa o sobresee al presidente y al tesorero de la Asociación, que están imputados junto con otros dos dirigentes: Víctor Blanco, expresidente de Racing, y Cristian Malaspina, su par de Argentinos Juniors.
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Los cuatro fueron imputados por no haber abonado en tiempo y forma 19.300 millones de pesos en impuestos y aportes patronales. La defensa argumentó que la deuda finalmente se saldó, pero esta justificación podría no ser suficiente para evitar el procesamiento de algunos de los involucrados.
El juez Amarante viene de tener una serie de cruces con Tapia por sus intenciones de salir del país, algo que tiene prohibido. Es que el presidente de la AFA había pedido permiso para ir a Venezuela, casualmente, en la fecha donde fue rescatado el gendarme Nahuel Gallo. El magistrado plasmó en resoluciones posteriores esa suspicacia, y de parte de la defensa del “Chiqui” llovieron las críticas hacia el Juzgado.
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La mansión de Pilar
La causa sobre la propiedad ubicada en la localidad de Villa Rosa, valuada en 17 millones de dólares, se encuentra en disputa entre distintos Juzgados. Se trata de una mansión que está a nombre de Real Central S.A., una firma del monotributista Luciano Pantano, expresidente de la Asociación de Futsal y dirigente del club Almirante Brown, y de su madre Ana Conte, jubilada.
Hasta ahora no apareció una explicación económica de cómo hicieron estas dos personas para adquirir la mansión, que cuenta con helipuerto, un haras, un galpón con decenas de vehículos de alta gama y otros tantos lujos. Por eso se los señaló como presuntos testaferros.
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La Cámara Federal de Casación Penal recibirá este lunes a las partes involucradas para decidir quién debe llevar adelante la investigación.
Inicialmente, el caso estuvo a cargo del juez Daniel Rafecas, quien luego le pasó el caso a su par del fuero penal económico Marcelo Aguinsky. Sin embargo, tras una maniobra judicial de Pantano, la causa pasó a manos del Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
No obstante, el fiscal de San Martín, Carlos Cearras, solicitó que la causa saliera del juzgado de Charvay y regresara al de Aguinsky.
La definición está en manos de la Sala I del máximo tribunal penal federal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma.
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La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, en calidad de denunciante, pidió que la jueza Ángela Ledesma se apartara del caso. La acusó de estar relacionada con el exgobernador de Santiago del Estero y actual senador nacional, Gerardo Zamora, quien tendría un vínculo estrecho con Toviggino en los negocios del fútbol en esa provincia.
A la vez, Carrió pidió que el camarista Carlos “Coco” Mahiques, quien supuestamente celebró su cumpleaños en la mansión atribuida a Toviggino -por lo que se apartó de la Sala I-, se presentara a declarar como testigo en la causa.
Se trata del padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
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