Este martes, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura concluyó que los jueces federales Alfredo López y Pablo Díaz Lacava, de Mar del Plata y La Pampa respectivamente, deben enfrentar un juicio político por las denuncias que pesan en su contra. El Plenario del organismo que controla la conducta de los magistrados, cuyo presidente es el ministro de la Corte Horacio Rosatti, tendrá la palabra final para definir si los envía ante un jury de enjuiciamiento.
Alfredo López es el titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata. Al votar sobre el dictamen acusatorio en su contra, la aprobación del cuerpo fue unánime, con los votos de los consejeros Álvaro González, Luis Juez, Alberto Maques y Gonzalo Roca.
De la sesión no participaron Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, ambos diputados kirchneristas, ni el abogado César Grau.
Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, obtuvo tres votos en contra: los de González, Juez y Maques. El consejero Gonzalo Roca se abstuvo porque había pedido postergar la decisión para analizar mejor las pruebas.
Antisemitismo
Las acusaciones contra el juez Alfredo López se centran en la publicación de mensajes considerados antisemitas en sus redes sociales. Es un magistrado muy activo en X, y también participa de actividades nacionalistas y católicas. Había sido denunciado por la diputada nacional Sabrina Ajmechet, actualmente en la Libertad Avanza
Según el dictamen acusatorio, las declaraciones que se le endilgan fueron reconocidas por el propio magistrado cuando prestó declaración en el Consejo.
Para el cuerpo, sus expresiones sobre el pueblo judío, la guerra en Medio Oriente y otros temas vinculados a Israel son contrarias a los compromisos asumidos por Argentina en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, específicamente en sus artículos I, III, IV y V.
Además, se consideró que violan principios constitucionales y se enmarcan en la definición de antisemitismo postulada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) y adoptada por el Consejo de la Magistratura en su Resolución N° 343/2024.
Estas manifestaciones, de acuerdo a la acusación, reproducen discursos de odio que “históricamente fundamentaron el genocidio del pueblo judío”, lo que implicaría “un desconocimiento del derecho internacional de los derechos humanos y un incumplimiento de los deberes de decoro, igualdad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana inherentes a la función judicial”.
En 2021, el juez López había quedado envuelto en una fuerte polémica luego de hacer lugar a una medida cautelar con la que ordenó suspender la aplicación de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. El fallo fue revocado por la Cámara Federal de Mar del Plata.
Al cierre de la audiencia de este martes, el consejero Luis Juez, encargado de impulsar las actuaciones contra el magistrado marplatense, expresó a Infobae: “Claramente, el doctor López ha mantenido expresiones injuriantes y agraviantes imposibles de sostener. Nosotros no nos oponemos a la ideología que pueda tener ni a su derecho a opinar, pero un magistrado no puede sembrar odio, no puede discriminar ni poner en duda la igualdad de los ciudadanos o erosionar la confianza de la Justicia”.
Luego agregó: “Cuando un juez deja de garantizar la imparcialidad, no falla solo a una persona, sino a la institución. Por eso la acusación no es un castigo, es una defensa del Poder Judicial y de la Constitución. No estamos juzgando cómo piensa el Dr. López, estamos juzgando si la Argentina puede confiar en que todos los ciudadanos serán iguales ante su tribunal”.
Violencia y amenazas
Por su parte, el juez Pablo Díaz Lacava enfrenta acusaciones por “graves desórdenes de conducta personal, falta de probidad y decoro”, y por haber ejercido “violencia y acoso laboral, y violencia de género” sobre los empleados de su Tribunal, según se desprende del dictamen.
Los hechos por los que el magistrado quedó a un paso del juicio político también fueron investigados en sede penal, y recientemente su causa fue elevada a instancia de debate oral y público.
Los fiscales Lara Silvestre y Federico Iparraguirre, junto al fiscal general Horacio Azzolin, lo acusaron de haber creado un escenario de “terror manifiesto” donde Díaz Lacava utilizó su jerarquía para cometer delitos de lesiones, amenazas y abuso de autoridad.
Se le imputan actos de humillación, hostigamiento, descalificación, aislamiento, ninguneo, insultos y cosificación.
En el caso de las cuatro mujeres damnificadas, los hechos se agravaron por desarrollarse en un contexto de violencia de género. Entre las prácticas denunciadas se incluyen burlas al personal judicial, el establecimiento de “códigos de imposible comprensión” y violencia física contra objetos, como golpes a muebles o portazos, para amedrentar al equipo.
También se mencionan el bloqueo de iniciativas laborales, amenazas de sumarios administrativos infundados y la táctica de “hacer el vacío” a ciertos empleados. Las conductas imputadas abarcan un período extenso, desde diciembre de 2012 hasta después de la denuncia penal formulada en 2023.
Díaz Lacava también es acusado de desobedecer una orden judicial de abril de 2023 que le prohibía acercarse a menos de 50 metros de las víctimas y del tribunal.
La causa penal se inició el 19 de abril de 2023, a partir de la denuncia de los trabajadores, quienes describieron al juez como una persona de carácter dominante e intempestivo. Sus colegas de tribunal, los jueces Marcos Javier Aguerrido y José Mario Tripputi, respaldaron a las víctimas.
El daño psíquico de los empleados fue corroborado por peritajes del Cuerpo Médico Forense y de la Dirección de Acompañamiento a las Víctimas (DOVIC).
Ahora, las acusaciones contra ambos magistrados pasarán al Plenario del Consejo de la Magistratura. Para que se apruebe el envío a juicio político, se requieren dos tercios de los votos de los 20 consejeros que participan.
Si esto ocurre, López y Díaz Lacava serán suspendidos de sus cargos y pasarán a ser juzgados por mal desempeño ante un jury. Los consejeros Luis Juez y Alberto Maques fueron propuestos como representantes del Cuerpo por la acusación en dicha etapa.
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