La Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), que funciona bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, le otorgó la condición de refugiado a Joel Borges Correa, uno de los simpatizantes de Jair Bolsonaro condenado en su país por el intento de golpe de Estado a Lula Da Silva, que tuvo lugar el 8 de enero de 2023.
La decisión del Gobierno argentino, formalizada mediante una resolución a la que tuvo acceso Infobae, se basó en un “temor fundado de persecución política” alegado por Borges Correa. De esta manera podrá permanecer en el país y evitar la extradición que había ordenado el juez federal Daniel Rafecas, para hacer cumplir la condena de 13 años y medio de cárcel que pesa sobre él.
Junto a este militante también están sometidos a proceso otros cuatro bolsonaristas: Joelton Gusmao de Olveira, Rodrigo de Freitas Moro, Wellington Firmino y Ana Paula de Souza. Todos habían recibido prisión domiciliaria en enero, a la espera de que se resuelvan sus pedidos de asilo político. Borges Correa es el único que lo obtuvo, al menos por ahora.
El caso
La llegada a la Argentina de bolsonaristas que escaparon de su país se enmarca en un contexto de alta tensión política en Brasil, tras las elecciones presidenciales de octubre de 2022 en las que Luiz Inácio Lula da Silva resultó ganador.
A partir de ese momento, se registraron diversas manifestaciones en el país, algunas de las cuales cuestionaban el resultado electoral y las políticas del nuevo gobierno.
Ante la CONARE, Borges Correa declaró haber ingresado a territorio argentino el 13 de abril de 2024 por el paso Bernardo de Irigoyen -en Misiones-, sin someterse a control migratorio, por temor a ser detenido. En su relato, mencionó que vivía en Tubarão, Santa Catarina, con su esposa y dos hijos, y trabajaba como camionero. Aunque no tenía una participación política activa, “simpatizaba con las ideas más de derecha”, explicó a quienes lo entrevistaron.
Aquel caótico 8 de enero de 2023, Borges Correa viajó a Brasilia en micro con otras 50 personas de su ciudad para participar en una movilización. Afirmó que quería protestar contra proyectos de Lula relacionados con la despenalización del aborto y la legalización de drogas.
Al llegar a la Plaza de los Tres Poderes, aseguró que ya se habían producido los destrozos causados por un grupo de personas “vestidas de negro”. Por la represión policial, según su versión, decidió refugiarse en la sede gubernamental de Planalto.
Dentro del edificio, Borges Correa fue esposado y trasladado a una delegación policial, donde, según denunció, lo habrían presionado para declarar que había participado en un intento de golpe de Estado. Posteriormente, dijo el bolsonarista ante la CONARE, fue llevado a prisión sin que se le informaran los delitos de los que se le acusaba.
El organismo también le consultó sobre las condiciones en las que permaneció detenido en Brasil: fueron siete meses en los que compartió con 16 personas en una celda para ocho, recibió comida en mal estado y perdió 33 kilos de peso. Para agosto de 2023 obtuvo la prisión domiciliaria, con tobillera electrónica.
El juicio en su contra comenzó en marzo de 2024. La Justicia del país vecino lo condenó a 13 años y medio de prisión por delitos como abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, intento de golpe de Estado, daño calificado, deterioro del patrimonio protegido y asociación criminal armada. Su sentencia fue confirmada por el Supremo Tribunal Federal (STF).
Luego de ser declarado culpable, Borges Correa cortó su tobillera electrónica y huyó a Argentina con otras tres personas, también condenadas. Lo atraparon poco tiempo después de profugarse, y estuvo detenido en la cárcel de Ezeiza.
En un dictamen de 18 páginas firmado el 4 de marzo, al que tuvo acceso este medio, la CONARE evaluó la credibilidad del relato de Borges Correa y lo consideró detallado y consistente. Se aceptaron como verdaderos los hechos relevantes, aplicando el beneficio de la duda sobre la información no verificada.
El informe técnico de la CONARE analizó la situación en Brasil y destacó que “millones de bolsonaristas” creían estar frente a un fraude electoral, narrativa que impulsó el expresidente Jair Bolsonaro.
Además, la Comisión para los Refugiados cuestionó la competencia del Superior Tribunal de Justicia, que lo juzgó a pesar de no entrar en las categorías previstas por la ley de Brasil, de acuerdo al criterio plasmado en el dictamen.
El organismo concluyó que la persecución que teme Borges Correa está directamente relacionada con la atribución de una opinión política, deducida de su presencia en la marcha del 8 de enero, y que “el Estado brasileño actuó como agente persecutor”.
Como la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado N° 26.165 impide -salvo excepciones- devolver a su país a los ciudadanos protegidos, la defensa a cargo del abogado Pedro Gradin ya comenzó a tramitar en Comodoro Py la suspensión del proceso judicial de extradición, derivaría en la liberación de Borges Correa.
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