La disputa judicial por el futuro de los bienes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos atraviesa una etapa decisiva. La Cámara Federal de Casación Penal se encamina a resolver los recursos presentados contra una primera orden de decomiso de 111 propiedades de los Kirchner y del también condenado Lázaro Báez. Entre ellas están 19 inmuebles en Santa Cruz a nombre de Máximo y Florencia Kirchner.
Mientras tanto, el tribunal que llevó adelante el juicio en la causa Vialidad dispuso nuevas medidas de prueba antes de decidir sobre otro pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, para sumar bienes y que incluye la incautación de casi cinco millones de dólares.
El caso se tramita en la etapa de ejecución de la sentencia que concluyó con la condena de la ex mandataria y otros acusados, por delitos en la adjudicación del 80 por ciento de la obra pública vial nacional en Santa Cruz, entre 2003 y 2015 a empresas de Báez. En ese fallo se dispuso un decomiso millonario cuyo monto actualizado, ya confirmado por Casación, alcanza los $684.990.350.139,86 de pesos.
El mismo fue ordenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 y se trata de la suma de dinero que la Justicia busca recuperar.
La discusión sobre las propiedades
La decisión del tribunal oral incluyó una primera tanda de 111 bienes inmuebles, cuya realización permitiría cubrir parte de la suma fijada en la sentencia. Dentro de ese listado aparecen 19 propiedades registradas a nombre de los hijos de la ex presidenta, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner. Todo está bajo revisión de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, de la sala IV de Casación.
La defensa de CFK cuestionó duramente la resolución del tribunal. En su planteo sostuvo que avanzar sobre esas propiedades sería “manifiestamente arbitraria y contraria a los principios constitucionales que rigen la ejecución penal”. Además remarcó que no está firme el monto de decomiso porque hay recursos pendientes en la Corte.
Además se habría dispuesto “el decomiso de bienes legítimamente adquiridos por terceros —Máximo y Florencia Kirchner— sin que existiera una sentencia firme que habilitara ese desapoderamiento”.
Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy también sostuvieron que el tribunal habría aplicado un criterio de decomiso que excede lo previsto por la legislación vigente. En ese sentido, afirmaron que se habría utilizado “un denominado ‘modelo de decomiso amplio’ que no estaría previsto en el artículo 23 del Código Penal ni en el derecho positivo vigente”.
Para la defensa, esa interpretación permitiría afectar bienes que no guardan relación directa con el delito investigado. En el memorial se advierte que ese esquema “transformaría ilegítimamente el decomiso en una suerte de mecanismo resarcitorio general o de confiscación encubierta, prohibida expresamente por la Constitución”.
El planteo fiscal
El dictamen del fiscal ante Casación Mario Villar recordó que la condena en la causa quedó firme en junio de 2025 y que el decomiso responde al perjuicio económico causado al Estado.
En ese contexto, la fiscalía sostiene que los bienes identificados forman parte del proceso de ejecución de la sentencia, que busca recuperar el dinero derivado de la maniobra de corrupción.
El decomiso es un " instrumento indispensable para asegurar la eficacia material de la condena, especialmente en delitos complejos de corrupción organizada", advirtió.
El fiscal mencionó la gravedad institucional de los hechos juzgados y puso énfasis en la necesidad de asegurar que la respuesta penal no quede reducida a “una sanción meramente simbólica”. El eventual remate de los bienes es una “respuesta adecuada” frente “a la magnitud del daño ocasionado”.
El nuevo pedido por bienes y dólares
Mientras la Cámara de Casación analiza esos recursos, el Tribunal Oral Federal 2 avanza en paralelo con nuevos planteos presentados por la fiscalía ante esa instancia, a cargo de Diego Luciani, para ampliar el alcance del decomiso.
En esa nueva presentación, se identificaron 141 inmuebles, 46 automotores y sumas de dinero que, a su criterio, también deberían ser alcanzados por el decomiso.
Entre los bienes mencionados aparecen 10 inmuebles —tres en la Ciudad de Buenos Aires y siete en Santa Cruz— pertenecientes a la firma Los Sauces S.A., además de tres propiedades en Santa Cruz vinculadas a Hotesur S.A., sociedades relacionadas con la familia Kirchner. Uno de ellos es el departamento de San José 1111, donde la ex presidenta cumple arresto domiciliario.
El planteo también incluye numerosos activos vinculados a Lázaro Báez, entre ellos decenas de propiedades registradas a nombre de empresas vinculadas.
Uno de los puntos más sensibles del pedido fiscal es el dinero que aparece a nombre de Florencia Kirchner. En concreto, se pidió avanzar con el decomiso de USD 4.664.000 guardados en una caja de seguridad bancaria, además de USD 992.134 depositados en una cuenta y una suma menor en pesos, fondos que actualmente se encuentran embargados.
Antes de resolver sobre ese nuevo pedido, el Tribunal Oral Federal 2 dispuso la realización de medidas previas para verificar la situación de los bienes señalados por la fiscalía, entre ellas la titularidad registral y la eventual vinculación con las sociedades investigadas.
Después de completar esas diligencias se dará vista a las partes para que expongan sus posiciones.
De esta manera, mientras Casación entra en la etapa final para decidir si confirma o modifica el decomiso de las 111 propiedades —incluidas las de los hijos de la ex presidenta—, el tribunal que llevó adelante el juicio analiza en paralelo nuevos bienes y millones de dólares que podrían quedar alcanzados por la ejecución del fallo.
Se descuenta que el conflicto escalará hasta la Corte Suprema de Justicia e incluso tribunales internacionales como anuncia la defensa de CFK. Se trata de un largo proceso que, como repiten en los pasillos de tribunales, por los montos en juego y sus protagonistas es inédito para la Justicia argentina.
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