Prisión preventiva para un acusado de incitar al odio contra la comunidad judía en redes sociales

En su indagatoria dijo que eran “tonteras” que subía a Internet pero la Justicia consideró que sus posteos en X superaron “la mera opinión” y generaron un peligro “concreto”

Quedó detenido y procesado por posteos antisemintas en la red social X (imagen ilustrativa)
Quedó detenido y procesado por posteos antisemintas en la red social X (imagen ilustrativa)
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Un joven quedó procesado con prisión preventiva bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica por amenazas agravadas por persecución u odio, acusado por la publicación en redes sociales de mensajes discriminatorios contra la comunidad judía.

“Es por eso que quiero morir como mártir”. “Realmente quiero un arma”. Por este y otros posteos en la red social X se abrió la causa penal que terminó con la detención en enero último del titular de la cuenta, quien se autodefinía en redes como “musulmán converso”. Si el procesamiento queda firme será enjuiciado por diferentes delitos, entre ellos incitar a la persecución u odio por raza, religión, nacionalidad o ideas políticas en base a la ley 23592 contra Actos Discriminatorios.

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Se lo acusa por “haber efectuado amenazas de muerte contra la comunidad judía y, al mismo tiempo, haber alentado el ejercicio de la violencia e incitado al antisemitismo y promovido la discriminación racial y/o religiosa mediante diversas expresiones efectuadas en redes sociales”.

Según la causa judicial, el ahora detenido difundió amenazas de muerte, mensajes de incitación a la violencia y expresiones antisemitas desde su usuario en X en las que, de acuerdo a la resolución judicial, “se verificaron manifestaciones intimidatorias contra la comunidad judía y expresiones que exaltaban la violencia y el martirio”.

Entre los posteos señalados aparecen mensajes como “That’s why I wanna die a martyr” (“es por eso que quiero morir como mártir”), la reproducción de textos religiosos que incluían la frase “mátalo”, y publicaciones donde manifestaba interés en conseguir un arma, como “I want a gun so bad” (“realmente quiero un arma”). En otra ocasión manifestó necesitar unos 500 dólares para adquirirla.

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El 29 de diciembre de 2025, publicó en inglés: “Si tan solo supiera como hacer una bomba” y en otra ocasión posteó una captura de pantalla con un mensaje también en ese idioma que en un tramo decía “Hay un judío escondido detrás mío, así que mátalo”.

Peligro concreto

Al resolver el procesamiento el juez federal Sebastián Casanello sostuvo que las expresiones difundidas “contenían referencias directas a la muerte violenta y al uso de armas, lo cual incrementa sensiblemente la gravedad del cuadro indiciario y excede con holgura el marco de la mera opinión o manifestación ideológica”.

En esa línea, remarcó que la reiteración de mensajes que exaltaban la violencia y la hostilidad hacia la comunidad judía, sumada a publicaciones posteriores vinculadas a la compra de un arma de fuego, permitió “superar el umbral de una mera exteriorización de opiniones o ideas, para situarse en un terreno de conductas que resultan idóneas para generar un peligro concreto”.

La investigación se inició a partir de una denuncia del asesor de seguridad de la DAIA, que alertó sobre el contenido de las publicaciones. Para el juez, ese dato demuestra que los mensajes alcanzaron un nivel de gravedad suficiente como para generar alarma y activar la intervención de las autoridades.

“Tonteras” en internet

En su indagatoria, el acusado negó haber tenido intención de amenazar o fomentar el antisemitismo. “Yo con lo que posteaba no tenía intención alguna de amenazar a nadie (…) eran tonteras en internet que subía”, declaró.

Sin embargo, el juez consideró que la conducta investigada no fue un hecho aislado. “Traspasó la barrera de la violencia discursiva” y la reiteración de mensajes “refuta la idea de un acto impulsivo, revelando más bien una conducta deliberada y planificada”, agregó el procesamiento al que tuvo acceso Infobae.

Además, el magistrado reiteró la orden para que se le coloque la tobillera electrónica en el arresto domiciliario en la vivienda familiar junto a su madre, en la localidad bonaerense de Ingeniero Adolfo Sourdeaux y lo embargó por tres millones de pesos.

La investigación se lleva adelante en el juzgado federal 4 de Comodoro Py 2002, secretaría a cargo de Martín Canero, cuyo titular es el juez Ariel Lijo pero que fue subrogado durante una licencia por el magistrado firmante del procesamiento, Casanello.

La pesquisa sigue con un análisis de los llamados del abonado telefónico que utilizaba el acusado para profundizar en torno a las personas con las que se comunicaba, mientras que su procesamiento ya fue apelado por la defensa ante la Cámara Federal porteña.

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