Un juicio por transporte de estupefacientes en Salta expuso la operatoria interna de una organización liderada en su mayoría por gendarmes, quienes habrían aprovechado la cobertura institucional y emplearon sofisticadas estrategias para trasladar 334 kilos de cocaína por rutas nacionales. La exhibición de mensajes de audio durante la audiencia del pasado 6 de febrero permitió a la fiscalía reforzar la acusación con detalles sobre la planificación, el reparto de beneficios y las maniobras diseñadas para sortear controles, lo que impactó a los jueces y asistentes, según informó el Ministerio Público Fiscal.
Tras reproducirse estos audios, ni las defensas repreguntaron ni los imputados reaccionaron. Los representantes del Ministerio Público Fiscal consideraron que estos registros confirmaban los roles de cada involucrado no solo en los transportes juzgados, sino también en traslados previos, consolidando la hipótesis de una estructura criminal con distribución de tareas claramente definida.
Las grabaciones extraídas de los celulares secuestrados y presentadas ante el Tribunal Oral Federal 2 de Salta muestran cómo los acusados discutían sobre rutas a tomar, la forma de acondicionar la droga y las precauciones necesarias para evitar ser detectados. Uno de los audios señala: “Vos mirás los detalles, ¿viste? Ahí es donde te llama la atención y ya querés chusmear y mirar ahí, porque el milico es inquieto, ¿viste? Entonces, hay que evitar eso, tiene que estar lo más original posible y bien hecho el trabajo”.
Otros fragmentos mencionan apodos como “Los Peluches” y reparten tareas para que los traslados pasen desapercibidos: “Vos lo ves de afuera y está impecable, le hacen un cajoncito adentro, le comen la gomaespuma, ¿viste?, y atrás en el cierre, vos abrís y ahí entran unos cuantos ‘celulares’”.
El primer alférez Octavio Mansilla, integrante de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales (UNIPROJUD) Salta, contribuyó a interpretar estos mensajes y ubicar a cada imputado en el entramado delictivo. Mansilla expuso ante el tribunal cómo las pruebas digitales permitieron reconstruir las rutas, identificar apodos, maniobras y la adquisición de vehículos específicamente para el tráfico de drogas.
El grupo de WhatsApp operaba como centro de comando, en el que los miembros discutían ajustes en el ocultamiento de la cocaína, el uso de vehículos ploteados y legales, y los argumentos a emplear frente a los controles. En otro audio, se aconseja: “Y ahí le podés decir que te estás yendo a Corrientes, Misiones. Si preguntan, eh… no sé, tu viejo enfermo, enferma, tuvo un accidente, lo que sea. Ahí le ponés la historia que vos quieras”.
Además de instrucciones para evitar controles, los audios detallan ganancias, inversión en camionetas y la exigencia de mantener la discreción. En un extracto directo, se reparten utilidades: “Decile a ‘Pichón’ que le voy a pedir también 6, ¿viste?, y ahí como hablamos: 2 para vos, 2 para ‘Pichón’ y 2 para mí, y ahí ya ‘Pichón’ recupera lo de la cubierta”.
El uso de la pertenencia o proximidad a Gendarmería Nacional formaba parte de la estrategia para sortear los controles. Algunos audios desaconsejan emplear vehículos robados o “mellizos” y resaltan la necesidad de usar vehículos legales y en condiciones originales para no despertar sospechas.
Siete acusados enfrentan cargos por transporte agravado de estupefacientes. Entre ellos figuran los hermanos Richar Ariel Delgado y Diego Hernán Delgado, Gabriel Osvaldo Ruíz Apaza, Adrián Emilio Escarlata, Jonathan Leonel Ostapowicz y los partícipes Federico Rubén Batista y Francisco Agustín Flores. Excepto Ostapowicz, comerciante, todos tenían relación con la fuerza: algunos en actividad, otros exonerados o aspirantes.
Batista y Diego Delgado desempeñaban funciones activas en el Destacamento Móvil 1 de Campo de Mayo al momento de los hechos. Escarlata y Richar Delgado estaban dados de baja, mientras que Apaza y Flores eran aspirantes. La fiscalía remarcó la agravante del número de intervinientes y la condición de miembros de fuerzas federales de varios procesados.
El primer episodio ocurrió el 19 de mayo de 2024, cuando el cabo primero Diego Delgado fue interceptado con 302 kilos de cocaína en la caja de una Toyota Hilux en General Pizarro. Llevaba su uniforme de gendarme colgado en la camioneta y admitió la tenencia de la droga, cuyo destino era Buenos Aires.
El segundo hecho sucedió el 26 de octubre de 2024 en el puesto de El Naranjo, en Rosario de la Frontera. En ese caso, Escarlata transportaba 32 kilos de cocaína ocultos en la rueda de auxilio de una Volkswagen Amarok proveniente de Orán. Con el avance de la investigación, se lograron detenciones en cadena al reunir la Unidad Fiscal de Salta pruebas sobre la participación de los implicados.
La acusación afirma que la organización funcionaba como una “empresa” o “asociación”, conforme surge de las escuchas: “Vamos, que la empresa tiene que ir pum para arriba. La asociación, el microemprendimiento”.
La reproducción de los audios, basada en tecnología especializada del área de Casos Complejos, consolidó ante el tribunal la imagen de un grupo con roles, jerarquías y códigos propios. En otro mensaje, se remarca: “Todo sea por el futuro de la asociación”, dejando en claro la proyección criminal de sus actividades.
El juicio, presidido por la jueza Gabriela Catalano e integrado por los magistrados Domingo Batule y Diego Matteucci, sigue su curso con nuevos testimonios y análisis de evidencia a cargo del fiscal Ricardo Toranzos y su equipo.
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