Causa Cuadernos: 376 llamadas en discordia, arrepentidos en veremos y reclamos de nulidad

El Tribunal a cargo del juicio por los cuadernos de las coimas a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados tendrá que definir en las próximas semanas si acepta o rechaza planteos centrales para el futuro del debate oral. Antes, escuchará la respuesta de la fiscalía a los reclamos hechos por las defensas en lo que va de febrero: nulidad absoluta por irregularidades en el inicio y transcurso de la investigación, denuncias de aprietes y presiones, y cuestionamientos a la figura del “arrepentido”, entre otros aspectos.

Sin embargo, la etapa conocida como de “cuestiones preliminares” deparó algunas sorpresas, entre ellas un conflicto con final impredecible entre dos arrepentidos clave: el financista Ernesto Clarens y el empresario Ángelo Calcaterra.

Las 376 llamadas

Todo gira en torno a un peritaje sobre 376 llamadas que, según la acusación, se habrían mantenido con el también juzgado ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo, Julio De Vido. En el requerimiento de elevación a juicio fiscal, base del debate oral, se sostiene que Clarens habría mantenido esas comunicaciones. Pero, en la audiencia del 5 de febrero pasado, su defensa dijo ante los jueces del Tribunal Germán Castelli, Fernando Canero y Enrique Méndez Signori que en ese documento hay un error involuntario y que de su corrección dependería mantener su “colaboración” en los términos acordados.

“La utilidad de la colaboración de Clarens fue reconocida, se tuvo por cumplido los compromisos asumidos”. El financista dueño de Inverness y autor de la lista de nombres que derivó en nuevas acusaciones y procesamientos en la causa “asumió la responsabilidad en los términos de la Ley del Arrepentido y lo que a él le queda es mantener su colaboración”, explicó su abogado Hugo Pinto en esa audiencia virtual. Pero advirtió: “Esa colaboración no la puede mantener si el requerimiento de elevación a juicio mantiene afirmaciones que son contrarias a ese acuerdo”.

“No es cierto” que Clarens haya hablado con De Vido, enfatizó: “No lo conoce”. Y avanzó aún más: esas llamadas -según el procesamiento previo al envío a juicio- habrían sido con otro acusado, también arrepentido, el empresario y primo del ex presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra.

“Se equivocaron, hay un error. Que lo repare el Ministerio Público, que se corrija para mantener de manera transparente la colaboración acordada”, reclamó el letrado, y dejó la decisión en manos de la fiscal del juicio Fabiana León, quien tendrá que responder en breve a los planteos de todas las defensas.

La defensa de Calcaterra recogió el guante y cuando fue su turno para exponer rechazó la acusación. “Los llamados que pretenden atribuirse a Calcaterra no son con De Vido”, advirtió su abogada. Y pidió que “cualquiera sea la decisión del Tribunal, se rechace en lo que concierne” a su cliente.

El tema no quedó ahí. La defensa de uno de los empresarios de la construcción acusados, José Cartellone, también hizo mención a estas posibles rectificaciones. “Se debe dar la posibilidad de plantear cuestiones una vez que se conozcan las rectificaciones que supuestamente va a hacer el señor Clarens. Porque si dice ‘de Cartellone no recibí nada’, para que estoy yo acá?”, se preguntó el letrado. Esta será una de las tantas cuestiones a las que deberá responder la fiscalía.

La banda del “Gordo” Valor

En esta instancia preliminar, el debate no gira todavía sobre la prueba concreta en torno al pago de presuntos sobornos en la obra pública que detalló en sus cuadernos el remisero Centeno, sino sobre la validez del proceso. Las defensas de los ex funcionarios y empresarios buscaron instalar la idea de que el caso nació viciado y que las declaraciones de imputados colaboradores fueron obtenidas bajo presión. Ante este panorama, la fiscalía apuntará a sostener la legalidad del expediente y a defender la estructura probatoria que permitió elevar la causa a debate oral.

Uno de los principales ejes que deberá contestar la acusación es el cuestionamiento al origen del caso. El abogado de la ex presidenta Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, sostuvo ante el Tribunal Oral Federal 7 que se trata de “un proceso nulo” y habló de un “engaño de origen” vinculado a un supuesto direccionamiento del expediente. Otros defensores insistieron en la misma línea y pidieron la nulidad “desde cero y desde antes de iniciarse el forum shopping”.

Otro punto central será la legalidad de las declaraciones de imputados arrepentidos, uno de los pilares de la acusación. Su validez como prueba ya fue ratificada en diferentes instancias judiciales.

Ahora y durante las audiencias, varios abogados afirmaron que sus defendidos confesaron bajo presión para recuperar la libertad.

El defensor del empresario Carlos Wagner, Zenón Ceballos, llegó a afirmar que el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción “hubiera confesado que integraba la banda del Gordo Valor, o que como ingeniero hizo el túnel para robar el banco Río de Acassuso”, porque “el tema era gozar de la libertad”, y sostuvo que durante la audiencia en la que se firmó el acuerdo “los ‘dioses’ tenían sed, querían más y finalmente Wagner dijo eso y podía haber dicho otra cosa”.

La defensa de algunos imputados incluso dejó abierta la puerta a posibles cambios en las confesiones. El abogado del contador Jorge Benolol confirmó que, tras declarar en 2019, él y otros de sus clientes acudieron a una escribanía para dejar asentado que “lo que dijeron en el juzgado de Bonadio no era la realidad de las cosas” y que lo modificarían en el momento procesal oportuno. “Había que autoincriminarse” para evitar quedar detenido, sostuvo.

Los planteos contra los cuadernos

Otro frente de discusión lo constituyen los planteos por los cuadernos del chofer arrepentido Oscar Centeno. Uno de los abogados ironizó sobre “el extraño caso de los cuadernos del chofer Centeno”, mientras que otro sostuvo que “los cuadernos aparecieron, se quemaron, renacieron de las cenizas y se volvieron a quemar”, en un intento por debilitar el punto de partida del expediente.

Cuando fue su turno, el abogado Ricardo Gil Lavedra, defensor de Armando Loson, presidente del Grupo Albanesi S.A., pidió que se declare la nulidad de su elevación a juicio, solamente en lo que a él respecta porque las menciones al empresario en los cuadernos de Centeno “son producto de enmiendas, tachaduras de terceras personas”.

Con este escenario, el debate que se reanuda el martes 24 de febrero entrará en una etapa decisiva. La fiscalía deberá responder a un cuestionamiento global que apunta a la legitimidad del proceso antes de que el juicio avance hacia las declaraciones indagatorias y la producción de prueba.