Derechos Humanos identifica a 245 menores desplazados en Honduras por amenazas y reclutamiento criminal

El crimen organizado obligó a 245 niñas, niños y adolescentes a abandonar sus hogares o los colocó en situación de riesgo durante 2025 en Honduras, debido a amenazas y estrategias de reclutamiento por parte de estructuras delictivas, alertó el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

La coordinadora de la Defensoría de la Niñez del organismo, Cándida Maradiaga, informó que los casos identificados evidencian la vulnerabilidad de los menores frente a las maras, pandillas y otras organizaciones criminales, que buscan incorporarlos a sus actividades ilícitas en las propias comunidades donde residen.

“Identificamos a 245 niños, niñas y adolescentes víctimas del desplazamiento forzado interno. Esto tiene que ver mucho con amenazas y formas de cooptación por parte del crimen organizado respecto a adolescentes en situación de vulnerabilidad”, explicó la funcionaria.

Maradiaga advirtió que el desplazamiento forzado de menores constituye uno de los desafíos más graves para Honduras, debido a que muchos abandonan sus hogares para proteger su integridad ante las amenazas y la presión de grupos delictivos.

La representante del Conadeh señaló que este fenómeno está vinculado, en gran medida, al reclutamiento forzado, una práctica que expone a la niñez y adolescencia a diferentes formas de violencia y limita sus oportunidades de educación, desarrollo y convivencia familiar.

La situación también se refleja en los datos del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), que reportan que el 80 % de los 157 adolescentes que cumplen medidas en centros pedagógicos de internamiento está relacionado con infracciones de extorsión y tráfico de drogas.

Para el Conadeh, estas cifras evidencian la necesidad de examinar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan los menores antes de llegar al sistema de justicia, particularmente cuando son captados por organizaciones criminales que operan en sus comunidades.

Maradiaga recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe de 2023, advirtió sobre el reclutamiento de adolescentes por parte del crimen organizado en sus propios lugares de residencia.

La funcionaria insistió en que los menores vinculados a estas estructuras no deben ser vistos únicamente desde la perspectiva de las infracciones que cometen, sino también desde las circunstancias de violencia, amenazas y captación que pueden haber enfrentado.

“Son víctimas, no victimarios”, enfatizó.

Como parte de su argumento, comparó los 157 adolescentes que cumplen medidas en centros pedagógicos con los más de 19,274 adultos que integran la población penitenciaria del país.

Según señaló, los adolescentes representan menos del 1 % frente a esa cifra de adultos privados de libertad.

“Muchos de los adolescentes que se encuentran vinculados al sistema de justicia son reclutados por el crimen organizado, llámese maras o pandillas, en las comunidades”, declaró.

Ante este panorama, el Conadeh hizo un llamado urgente a fortalecer el Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Honduras (Sigadena), mecanismo aprobado en 2019 para articular el trabajo de instituciones públicas, gobiernos locales y organizaciones involucradas en la protección de los menores.

El organismo considera que este sistema debe desempeñar un papel central en la prevención del reclutamiento criminal, la atención de los menores en situación de riesgo y la protección de quienes se han visto obligados a abandonar sus hogares.

La coordinación institucional también resulta necesaria para identificar a tiempo las amenazas, atender a las familias afectadas y generar alternativas que permitan a los menores permanecer en entornos seguros.

El Conadeh subrayó que la respuesta estatal no debe limitarse a las medidas judiciales o de internamiento, sino que debe incluir programas de reeducación, formación y reinserción social que permitan a los adolescentes reconstruir sus proyectos de vida.

Maradiaga también urgió a fortalecer la institucionalidad pública responsable de garantizar la reeducación y reivindicación social de los adolescentes que cumplen medidas privativas y no privativas de libertad.

La funcionaria señaló que los centros pedagógicos deben ofrecer oportunidades reales para que los menores continúen su educación formal, desarrollen habilidades mediante talleres vocacionales y adquieran herramientas para incorporarse nuevamente a sus comunidades.

Para el organismo defensor de los derechos humanos, garantizar que los adolescentes recuperen sus proyectos de vida es una responsabilidad del Estado que debe traducirse en educación, formación vocacional y condiciones para una integración social efectiva.