Honduras anuncia ofensiva contra maras y pandillas tras entrada en vigor de reformas penales

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) anunció este martes una ofensiva coordinada entre las instituciones del Estado para combatir a las maras, pandillas y organizaciones criminales en Honduras, tras respaldar la entrada en vigor de las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, publicadas en el diario oficial La Gaceta.

Durante una comparecencia conjunta, representantes del Ejecutivo, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas defendieron las modificaciones legales y aseguraron que permitirán fortalecer la persecución penal, endurecer las sanciones contra las estructuras delictivas y reforzar los controles en los centros penitenciarios.

Las autoridades coincidieron en que la aplicación de las nuevas disposiciones requerirá coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad y la justicia para recuperar territorios afectados por el crimen organizado.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, destacó que las reformas contenidas en el decreto 258-2026 representan un respaldo para los operadores de justicia y permitirán mejorar la respuesta del Estado frente a las organizaciones criminales.

Entre las medidas mencionadas por el titular del Legislativo figura la ampliación de 24 a 48 horas del plazo para presentar requerimientos fiscales, así como la posibilidad de efectuar allanamientos sin orden judicial en sectores identificados como zonas de operación de estructuras criminales, con acompañamiento del Ministerio Público.

Zambrano afirmó que la coordinación entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, los organismos de inteligencia, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Agencia Nacional contra el Crimen permitirá intensificar las acciones contra los delincuentes.

“Con este trabajo en coordinación entre Policía, Fuerzas Armadas, Inteligencia, Fiscalía, Corte Suprema, la Agencia Nacional contra el Crimen, sí le podemos decir a los delincuentes que se les acabó la fiesta en Honduras”, expresó.

El diputado aseguró que el Congreso Nacional continuará respaldando a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y aplicar las disposiciones aprobadas.

Otro de los aspectos destacados por Zambrano es el establecimiento de penas de hasta 40 años de prisión para cabecillas de organizaciones criminales que utilicen menores de edad en sus actividades delictivas.

Las reformas también contemplan un régimen de máxima seguridad para las personas privadas de libertad por delitos de terrorismo, con restricciones destinadas a impedir que continúen coordinando actividades criminales desde las cárceles.

De acuerdo con lo expuesto por el presidente del Congreso, este régimen incluye la permanencia de los reclusos en sus celdas durante 23 horas y media al día y 30 minutos para realizar ejercicio físico.

Además, contempla restricciones a las visitas y al contacto físico con familiares y abogados, como parte de las medidas para limitar las comunicaciones de los internos.

“Hoy los delincuentes van a estar en las cárceles y no van a estar como se acostumbraron a ordenar delitos desde los centros penales, a emitir órdenes para cometer homicidios y extorsiones”, manifestó Zambrano.

El legislador sostuvo que las nuevas disposiciones buscan evitar que los centros penitenciarios continúen siendo utilizados para dirigir actividades ilícitas, entre ellas homicidios y extorsiones.

Ministerio Público y cuerpos de seguridad coordinarán acciones

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo, señaló que el Poder Judicial tiene la responsabilidad de aplicar las nuevas disposiciones dentro del ámbito de sus competencias.

El fiscal general, Pablo Emilio Reyes, aseguró que el Ministerio Público coordinará las investigaciones y las acciones de persecución penal con los cuerpos de seguridad para responder a las actividades de las estructuras criminales.

En tanto, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, anunció una ofensiva policial contra las organizaciones delictivas que operan en el territorio hondureño.

La estrategia busca articular las labores de investigación, inteligencia y operaciones policiales con las actuaciones de las demás instituciones que integran el sistema de seguridad y justicia.

El secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, indicó que el Gobierno dotará a los operadores de seguridad y justicia de equipo táctico y tecnología para fortalecer sus capacidades de respuesta.

Las autoridades señalaron que la efectividad de las reformas dependerá de su aplicación coordinada y del trabajo conjunto entre las instituciones responsables de investigar, procesar y sancionar los delitos.