Los fajos de dólares de Ornella Calvete, la ex funcionaria desplazada por el escándalo en Discapacidad

Junto a su padre y otros 17 acusados, Ornella Calvete fue procesada este lunes en la causa ANDIS como partícipe necesaria de la corrupción que habría existido en el organismo desde diciembre de 2023. Aunque no quedará detenida, la hija del operador Miguel Ángel Calvete y ex directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio no podrá recuperar de momento los 695.457 dólares, casi 20 millones de pesos y 1.960 euros que la Policía Federal Argentina secuestró en su departamento.

En la mañana del último 9 de octubre, el juez federal Sebastián Casanello había ordenado una ola de allanamientos a pedido del fiscal Franco Picardi. Uno de ellos fue en un piso 34 de una lujosa torre de Puerto Madero, donde vivía la entonces funcionaria del Ministerio de Economía. Renunció pocos días después.

Los sabuesos de la PFA revisaron todo: muebles, cajones, cada rincón de la casa. Oculto entre cajas de relojes TAG Heuer, habanos Partagas y perchas con ropa, apareció el efectivo. Una millonada de la que Calvete hija, según afirmó ante Justicia, “nunca tuvo su disposición ni administración”.

Ornella Calvete y la causa ANDIS

Según las pruebas recolectadas en el expediente, Ornella Calvete funcionó como una pieza operativa clave para la expansión y el resguardo de los intereses económicos del grupo. Su pareja, Javier Cardini, era el subsecretario de Gestión Productiva del Ministerio que conduce Luis “Toto” Caputo, y también tuvo que renunciar tras el escándalo. No obstante, no está involucrado directamente en la causa penal.

Para el fiscal Picardi, que investiga la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, la funcionaria de Economía utilizaba su posición en el Estado para obtener información privilegiada. Desde su cargo como directora de Desarrollo Regional y Sectorial, realizó averiguaciones sobre la estructura interna de la ANDIS incluso antes de que se consolidara la maniobra delictiva.

Entre enero de 2024 y septiembre del mismo año, cabe recordar, había ostentado el cargo de directora de Análisis de Cadenas de Valor. Pero su injerencia ya se veía desde algún tiempo atrás.

Antes de ser designada oficialmente y tras la asunción del presidente Javier Milei, Ornella Calvete averiguó, a pedido de su padre, quiénes manejaban distintas áreas de la ANDIS, particularmente de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud y del programa Incluir Salud.

“¿Qué hacés Pa?”, contestó Ornella, “estaba medio picante porque entre Pazo y Posse se estaban disputando a ver a quién ponían”. Nicolás Posse fue el primer jefe de Gabinete de Ministros de Milei; mientras que el segundo nombre respondería a Juan Pazo, quien por entonces era funcionario del Ministerio de Economía y luego se hizo cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Renunció en diciembre pasado y dejó el Gobierno.

Luego, ya en el cargo, Ornella Calvete habría aprovechado su acceso a bases de datos secretas para proveer listados de empresas importadoras y potenciales clientes para los “negocios” de su padre.

Específicamente, el fiscal Picardi contrastó una maniobra de este estilo con información sobre importaciones de urea, un fertilizante químico.

El 12 de mayo de 2025, Calvete padre le pidió por WhatsApp “el listado de las empresas compradoras en argentina (potenciales clientes)”. En respuesta, Ornella le envió un archivo adjunto con información detallada extraída de registros oficiales.

Esta información, creen los investigadores, no estaba relacionada con los medicamentos de la ANDIS, sino con otras líneas de negocio de Miguel Ángel Calvete. La información privilegiada le habría servido para que las empresas de Calvete pudieran identificar cómo hacer lobby en el mercado de agroquímicos y fertilizantes.

La justicia determinó que existía una “mancomunión” entre padre e hija para gestionar ganancias a partir de diversas actividades, no solo la salud.

Además de este caso puntual, Ornella ya había demostrado esta conducta apenas asumió su cargo. En diciembre de 2023, según se desprendió del análisis de su teléfono, le envió a un asesor del Senado -la Justicia mantuvo en resguardo de qué legislador- una presentación comercial de Droguería Profarma, una de las mayores beneficiadas por la corrupción en ANDIS y, supuestamente, empresa de la que Calvete es dueño en las sombras.

La propuesta ofrecía prótesis al PAMI, garantizando la confiabilidad de la empresa porque “es de mi viejo”. Otras conversaciones revelaron que también le pidió a la secretaria de su padre, Patricia Canavesio, un listado de “todo lo que tenga papá para ofrecer en el ámbito de la salud” porque había conseguido un “interesado grande” en el Estado.

Las comunicaciones analizadas, entendió el juez Casanello, representan prueba suficiente para sostener que la imputada tenía pleno conocimiento de la ilegalidad de las operaciones.

En otro chat recuperado por los peritos informáticos de la DATIP, Ornella discutió con su padre la necesidad de utilizar “nombres de fantasía” para las empresas, argumentando explícitamente que no podían revelar que ellos eran los verdaderos dueños detrás del negocio.

Ya con el escándalo en todos los medios, en septiembre de 2025, la funcionaria de Economía alertó a Miguel Ángel Calvete que había “15 policías” en la planta baja de su edificio. “No sé si es por el cabeza de rodilla o qué”, escribió Ornella, en referencia a Diego Spagnuolo.

“Hacete la gila”, contestó Calvete. Ninguno sabía si la PFA los estaba yendo a buscar.

Ante el temor de que la allanen, fue entonces que le preguntó a su padre si había forma de justificar la millonada que tenía escondida: “Indecomm -empresa de Calvete- tiene cash blanco? Por si entran acá y me ven con mossssca. O digo que me lo prestó alguien olvidate”.

Más conexiones

La investigación del fiscal Picardi también detectó que Ornella Calvete habría facilitado la inserción de otros miembros de la banda en contratos estatales. Se sospecha que tuvo injerencia en la contratación de Patricia Canavesio y Ruth Lozano, colaboradoras directas de su padre y presuntas testaferros, quienes entre febrero y octubre de 2025 facturaron unos 45 millones de pesos al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina.

Estas maniobras habrían permitido al grupo diversificar sus fuentes de ingresos a costa del erario público -sostuvo la acusación- utilizando la influencia de la funcionaria para asegurar pagos y designaciones.

En un descargo escrito, presentado en diciembre, Ornella Calvete negó haber “integrado sociedades, gestionado contrataciones públicas o privadas, o mantenido vínculos comerciales con personas o empresas mencionadas en la causa”, y que los chats hallados por la Justicia “fueron erróneamente interpretados” y “no guardan relación alguna con maniobras delictivas ni con el esquema investigado”.

Como consecuencia de su presunta participación activa en la estructura criminal, el juez Casanello dictó su procesamiento sin prisión preventiva y ordenó un embargo preventivo sobre sus bienes por la suma de 94.288.025.418 pesos.