La justicia confirmó que el CEO de Wenance, Alejandro Muszak, continuará detenido en una cárcel común

Un nuevo revés judicial complicó la situación procesal del director ejecutivo de la financiera Wenance, Alejandro Muszak. La Cámara Federal de San Martín ratificó la decisión de mantenerlo bajo prisión preventiva y rechazó los pedidos de su defensa para que recuperara la libertad o recibiera el beneficio del arresto domiciliario. El tribunal consideró que existe un alto riesgo de fuga, y tomó en cuenta la gravedad de las penas que podría enfrentar en un futuro juicio oral.

El fallo se firmó este miércoles y llevó la rúbrica del juez de cámara Néstor Pablo Barral. La resolución analizó la apelación presentada por el abogado del acusado, quien intentó revertir la negativa inicial del Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado.

La jueza de primera instancia había denegado la excarcelación bajo cualquier tipo de fianza y tampoco accedió a morigerar las condiciones de encierro.

Los argumentos de la defensa apuntaron a que el empresario lleva detenido más de un año, situación que, según su letrado, disminuía los peligros procesales. También señaló que la etapa de investigación e instrucción ya concluyó, por lo que no habría posibilidad de entorpecer la causa.

Otro punto central del reclamo se basó en un informe médico que indicaba problemas de salud del imputado, los cuales, según la defensa, no podían tratarse adecuadamente dentro del penal y requerían atención en su domicilio.

Sin embargo, la Cámara de Apelaciones desestimó estos planteos. Para fundamentar su postura, evaluaron la calificación legal de los delitos atribuidos a Muszak.

El CEO de Wenance se encuentra procesado como presunto jefe de una asociación ilícita y autor de estafas reiteradas en 524 hechos distintos. Según explicó el juez en su escrito, la escala penal prevista para estas acusaciones supera el tope de ocho años de prisión, lo que impide que el acusado transite el proceso en libertad.

El tribunal destacó que, en caso de recaer una condena, sería de cumplimiento efectivo y no condicional. Esta circunstancia, sumada al avance del expediente, constituyó para la Justicia una presunción fundada de que el imputado intentaría eludir el accionar de la ley si saliera de la cárcel. Los magistrados consideraron que las medidas alternativas propuestas por la defensa resultaban insuficientes para neutralizar dicho peligro de fuga.

Respecto al tiempo que Muszak lleva privado de su libertad, la Cámara entendió que el plazo transcurrido desde su detención en octubre de 2024 no resulta excesivo si se tiene en cuenta la complejidad y naturaleza del proceso. Además, recordaron que ya se había analizado y rechazado la viabilidad de la prisión domiciliaria en una instancia anterior, y determinaron que la nueva documentación médica presentada no alcanzó para modificar ese criterio.

La situación del caso avanza hacia su etapa definitoria. La jueza Arroyo Salgado corrió vista a las partes y tanto el Ministerio Público Fiscal como algunas de las querellas solicitaron la elevación de la causa a juicio oral. El fiscal mantuvo la imputación original por la organización criminal y las centenares de defraudaciones que afectaron a múltiples ahorristas.

Este escenario judicial se enmarca en una investigación más amplia sobre el funcionamiento de la empresa Wenance y sus firmas asociadas. Las pesquisas determinaron que la compañía captaba fondos de inversores bajo la promesa de altos retornos financieros, pero dejó de cumplir con sus obligaciones de pago a mediados de 2023. La magnitud del daño patrimonial se estimó en 1.850 millones de pesos, siete millones de dólares y 117.000 euros.

La operatoria de la firma consistía en tomar dinero de particulares mediante contratos de mutuo o fideicomisos, ofreciendo tasas de interés muy superiores a las del mercado. El esquema funcionó hasta que se interrumpió la devolución del capital y el pago de los rendimientos pactados, lo que derivó en una catarata de denuncias. Además de las causas en Argentina, el empresario enfrenta investigaciones en otros países, como Uruguay y España, donde también se registraron cientos de damnificados por maniobras similares.