El frente judicial del dictador venezolano Nicolás Maduro en la Argentina se reactivó este martes con el ingreso de tres nuevas denuncias penales en los tribunales federales de Comodoro Py. Las presentaciones, que diversifican las acusaciones contra el líder chavista, se suman a una causa central en la que el juez Sebastián Ramos debe resolver si corresponde solicitar a Estados Unidos su extradición para juzgarlo por delitos de lesa humanidad, bajo el principio de justicia universal.
Las nuevas demandas, impulsadas por víctimas y querellantes particulares, apuntan a delitos que van desde la privación ilegítima de la libertad hasta el fraude al Estado.
Las nuevas acusaciones
El sorteo de rigor determinó que las presentaciones queden concentradas en dos magistrados: Sebastián Casanello y Julián Ercolini.
Casanello intervendrá por partida doble: como titular del Juzgado Federal 7, tramitará la acusación por privación ilegal de la libertad y apremios ilegales realizada por Leylaneth del Valle García Montilla; mientras que, en su rol de juez subrogante del Juzgado Federal 11, quedó a cargo de la denuncia por asociación ilícita y coacción impulsada por Luis Acosta Sequera.
Por su parte, la tercera demanda —por defraudación contra la Administración Pública promovida por Baldemiro Antonio Chourio Matos— quedó bajo la órbita de Ercolini, titular del Juzgado Federal 10.
Pedido de extradición, en espera
Estas denuncias llegan mientras se aguarda una definición clave en el expediente principal. Tras el fallo de la Cámara Federal porteña —firmado por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi— que despejó el camino procesal, el juez Ramos debe resolver el fondo de la cuestión: si hace lugar o no al reclamo de la querella para pedir a las autoridades norteamericanas el traslado de Maduro a Buenos Aires.
El dictador venezolano se encuentra actualmente bajo custodia en Estados Unidos, enfrentando cargos por narcotráfico y terrorismo. Hasta ahora, el juez de instrucción había mantenido en suspenso la decisión ante un planteo de nulidad de la defensa de otro imputado, Justo Noguera Pietri, pero el tribunal de alzada desestimó esa objeción y confirmó la vigencia del principio de justicia universal.
El dictador venezolano se encuentra actualmente bajo custodia en Estados Unidos, enfrentando cargos por narcotráfico y terrorismo. Hasta ahora, el juez de instrucción había mantenido en suspenso la decisión ante un planteo de nulidad de la defensa de otro imputado, Justo Noguera Pietri, pero el tribunal de alzada desestimó esa objeción y confirmó la vigencia del principio de justicia universal.
“El juez se encuentra en condiciones de brindar una respuesta sustancial sobre la petición”, señalaron los camaristas. El avance de la causa se ampara en la resolución del 25 de septiembre pasado, cuando Ramos ordenó la declaración indagatoria de Maduro y de su principal aliado político, Diosdado Cabello, librando órdenes de detención internacional con fines de extradición. La decisión abarcó a una decena de acusados, todos imputados como responsables de un “plan sistemático” gestado desde el poder para ejecutar torturas, secuestros y asesinatos.
La ofensiva de la querella y la vía diplomática
La pedido para que la Justicia argentina reclame al detenido fue presentado por el abogado Tomás Farini Duggan y el legislador porteño Waldo Wolff, en representación del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y de la Fundación de Apolo para el Desarrollo Democrático (FADD), ambas asociaciones querellantes en el expediente.
El escrito surgió inmediatamente después de conocerse la captura del líder chavista por parte de fuerzas estadounidenses. Los denunciantes sostuvieron que las pruebas recabadas “permitieron acreditar en forma inexorable las desapariciones forzadas, violaciones, torturas y ejecuciones ordenadas por el régimen”.
Frente a este escenario, los representantes de FADER y FADD solicitaron al juez Ramos que active los mecanismos diplomáticos necesarios. Concretamente, pidieron que se remitan copias de las órdenes de detención vigentes al ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.
El procedimiento, estipulado por la ley de asistencia jurídica internacional, prevé que este tipo de reclamos deben canalizarse por la vía diplomática. De este modo, la Cancillería argentina tendría la responsabilidad de gestionar ante Washington la entrega del acusado, amparándose en los tratados internacionales suscritos entre ambas naciones.
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