Aunque fueron sobreseídos por prescripción, los padres de Roberto Baratta -presuntos testaferros de su fortuna- no recuperarán por ahora la casa del Country Club Mapuche, ubicado en el partido de Pilar, que está embargada en el marco de la investigación por el enriquecimiento ilícito del ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, mano derecha del ex ministro Julio De Vido durante el kirchnerismo.
El juez federal Ariel Lijo citó a indagatoria a Baratta en diciembre de 2021. Pasaron más de cuatro años y esa declaración todavía no se llevó adelante, porque una pericia contable, cuyo resultado llegaría el próximo febrero, demoró la causa.
Una propiedad y plazos fijos
El reclamo de la familia de Baratta llegó a la Sala I de la Cámara Federal porteña. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi mantuvieron el congelamiento de diversos activos que figuran a nombre de sus padres, Marta Rosa Girola y Palmino Baratta, y de su fallecida hermana Paula Baratta.
Los bienes que piden que sean devueltos incluyen la casa construida en 2012 -con pileta, solarium privado, entre otras comodidades- sobre un terreno de 801 m², y los fondos depositados en dos plazos fijos que están bloqueados por orden judicial.
La investigación sobre Baratta y su entorno familiar se inició en diciembre de 2017. Por entonces el juez de la causa era Sergio Torres, hoy vicepresidente de la Suprema Corte bonaerense. La fiscal Alejandra Mángano está a cargo de la instrucción.
La hipótesis de los investigadores sostuvo que el ex funcionario K utilizó a sus familiares como testaferros para ocultar un incremento patrimonial que no podía justificar con sus ingresos legales.
Lo mismo habría hecho con dos exparejas, que aparecen como titulares de otras propiedades y vehículos.
Bajo esta sospecha, la justicia dispuso en 2018 la inhibición general de bienes del imputado y extendió embargos preventivos sobre las propiedades de sus padres y su hermana.
Sin embargo, la situación procesal de la familia cambió a fines de 2025. La defensa solicitó la extinción de la acción penal debido al paso del tiempo, en el caso de ambos padres. El juez Lijo dictó el sobreseimiento de Marta Girola y Palmino Baratta el 27 de noviembre de 2025 por prescripción.
Por otro lado, la persecución penal contra la hermana del principal acusado ya se había retirado a principios de ese mismo mes debido a su fallecimiento.
Ante este nuevo escenario, los abogados de la familia Baratta argumentaron que, al no existir ya una acusación vigente contra ellos, correspondía levantar inmediatamente las medidas cautelares que pesaban sobre sus activos.
El reclamo exigía el desbloqueo de los fondos bancarios y la liberación del lote en el barrio cerrado de la zona norte bonaerense. Para sustentar su pedido, presentaron documentación que, según su criterio, demostraba que el dinero utilizado para esas compras provenía de fuentes legítimas y ahorros de toda la vida.
Específicamente, la defensa expuso que el padre de Roberto Baratta trabajó tres décadas en Edenor y recibió una importante liquidación tras su desvinculación de la empresa. Según esta versión, el matrimonio contaba con el capital suficiente para adquirir el terreno y construir la vivienda con ayuda de sus hijos, sin necesidad de recurrir a dinero proveniente de la corrupción.
La fiscal Mángano, en contraposición, se opuso al pedido al entender que hay sospechas fundadas de que el dinero y la casa del barrio privado se obtuvieron de manera ilegal. En primera instancia, el juez Lijo ya había rechazado devolverle los bienes a la familia.
Ahora la Cámara Federal confirmó esa decisión.
Los jueces Bruglia y Bertuzzi resolvieron que, aunque la causa penal contra los familiares terminó, los bienes siguen bajo sospecha de ser “producto o provecho del delito” del enriquecimiento ilícito atribuido a Roberto Baratta, cuya investigación continúa abierta.
La justicia evaluó que la documentación aportada por la defensa no logró probar de manera contundente la capacidad económica de los padres para realizar esas inversiones.
Es que hay una inconsistencia temporal en los movimientos de dinero. Según la documentación aportada, Baratta padre cobró una indemnización de poco más de 183.000 pesos en mayo de 2011 y retiró un plazo fijo en dólares en octubre de 2010.
Sin embargo, la compra del lote en el Country Club Mapuche y la obra se concretó aproximadamente dos años después de esos ingresos. Para la Cámara, el lapso transcurrido impide corroborar que esos fondos alegados fueran los que se destinaron a la adquisición de la propiedad.
El fallo subrayó que, en casos de decomiso de bienes vinculados a la corrupción, quien reclama la titularidad debe demostrar que adquirió los activos de buena fe y con dinero propio, una carga probatoria que la familia no satisfizo.
Finalmente, la resolución destacó la necesidad de preservar estos activos para asegurar el resultado del proceso judicial en curso, que podría derivar en su decomiso.
La Cámara, además, instó al juez de la causa a que “adopte las medidas que estime pertinentes para imprimir celeridad” a la producción del informe pericial contable que, se espera, arrojará más luz sobre la evolución patrimonial investigada.
También reclamaron acelerar la citación a indagatoria, para definir la situación procesal de Baratta en un plazo razonable.
Esta causa por enriquecimiento ilícito está abierta desde 2017, cuando declaró como testigo Hilda Horovitz, pareja del chofer de Baratta Oscar Centeno, que escribió los cuadernos de las coimas.
La mujer compareció por entonces ante el juez Claudio Bonadio apenas unos días después de que este ordenara la detención de Baratta por la causa Gas Natural Licuado, en la que fue condenado en septiembre de 2025.
En su declaración, Horovitz incriminó al exfuncionario y reveló lo que sabía sobre el manejo del dinero negro, cuando todavía no se habían hecho públicos los cuadernos de la corrupción.
El ex subsecretario que respondía a De Vido es uno de los acusados que está transitando el juicio por la causa Cuadernos. Le atribuyen ser uno de los recaudadores de las coimas, encargado de exigirle plata a empresarios de distintas industrias y de transportar los sobornos, que según la acusación terminaban en manos del matrimonio Kirchner.
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