La defensa del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, apeló el procesamiento como supuesto jefe de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo.
“Es inadmisible en términos probatorios alegar que una asistencia a un domicilio o portar un bolso son motivos para sospechar que una persona es miembro de una asociación ilícita y que en esa oportunidad recibió dinero en concepto de dadivas”, sostuvo la defensa en el escrito que estudiará la sala II de la Cámara Federal porteña.
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Además, aludió a presuntas evidencias que son “una mera conjetura que a lo sumo podría dar curso a la toma de medidas para su esclarecimiento pero, bajo ningún punto de vista, reúne los elementos para constituir un fundamento en términos incriminatorios para avanzar hacia un procesamiento”.
A Spagnuolo se le realizó una “imputación generalizada por delitos y maniobras de las cuales no rezan constancias que, en los seis (6) meses de instrucción, las sostengan”, agregó el abogado del ex funcionario, Pablo Parera.
“Además, si se sostiene que mi asistido era jefe de una asociación ilícita, conformada por sujetos de la órbita pública y privada, donde obtenían un beneficio económico al defraudar la administración pública, ¿Cómo se sostiene una maniobra de cohecho atribuible a mi asistido?”, se preguntó.
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También reiteró que una máquina de contar billetes encontrada en un allanamiento en su casa se compró en mayo de 2022, cuando “realizaba tareas en la Asociación Civil Cooperadora del Sistema de Salud Malvinas Argentinas” y no tiene nada que ver con el caso ANDIS.
Las apelaciones serán analizadas por los camaristas Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, quienes la semana pasada confirmaron una decisión que mantiene retenidos 80.000 dólares y 2.000 euros que le fueron secuestrados a Spagnuolo del interior de una caja de seguridad a su nombre.
Cómo sigue la causa
Los recursos de apelación ya fueron concedidos por el juzgado federal 11, que está vacante y no tiene un magistrado titular. Desde esta semana quedó a cargo por sorteo del juez federal Ariel Lijo, quien será subrogante por un año.
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Los procesamientos fueron resueltos por el anterior juez del caso, Sebastián Casanello, quien trabó un embargo de 202.247.451.393 millones de pesos sobre los bienes de Spagnuolo y montos similares para cada uno de los principales acusados.
Entre las 19 apelaciones presentadas está también la de la ex funcionaria del Ministerio de Economía Ornella Calvete, quien aseguró que los casi USD 700.000 secuestrados en su domicilio no le pertenecen. Según su declaración, los fajos de billetes encontrados durante un allanamiento en su departamento de la calle México 55 eran, en gran parte, propiedad de su padre, Miguel ángel Calvete, otro de los acusados.
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La causa investiga presuntos direccionamientos y retornos en las compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia a por lo menos cuatro droguerías sospechadas por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La denuncia judicial se produjo tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo en los cuales se mencionaba un supuesto esquema de pago de “retornos” dentro del organismo.
La defensa sostuvo que esos audios fueron editados y puso en duda su validez legal, algo que la Cámara Federal porteña ya ordenó al juez revisar. Sin embargo, los investigadores consideran que las acusaciones se basaron en prueba diferente y que nunca se sustentaron en el contenido de esos audios.
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Según la fiscalía, habría existido un manejo irregular del sistema de compras de prestaciones de alto costo y baja incidencia (PACBI), productos esenciales para personas con discapacidad, vulnerabilidad social y sin otra cobertura médica.
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