El gobierno porteño dio detalles sobre cómo será el traspaso de la Justicia Laboral

El ministro de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gabino Tapia, brindó precisiones técnicas y operativas sobre la instrumentación del traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la jurisdicción porteña. En una entrevista en el programa Forum Shopping (LOVE/ST TV), el funcionario describió la escala del nuevo fuero, la modalidad operativa de los juzgados y los acuerdos alcanzados para la transición institucional.

Gabino Tapia detalló que la transferencia implica que la Ciudad de Buenos Aires absorberá los litigios individuales radicados en su territorio. “Lo que nos transfirieron es la competencia laboral en los conflictos individuales. Pasado al castellano, es en el despido que tiene un empleado en un comercio o en un trabajo que se da en la ciudad de Buenos Aires”, explicó. En contraste, aclaró que los casos colectivos con implicancia nacional continuarán bajo la órbita de Nación.

El ministro fundamentó la necesidad del traspaso señalando los plazos actuales de los tribunales nacionales. Indicó que la resolución de un conflicto individual “en la Justicia Nacional Ordinaria, como la conocemos, está demorando entre cinco y siete años”. Explicó que esto responde, en parte, a normativas desactualizadas, ya que el sistema nacional opera con “un código de procedimiento del año setenta y cuatro, con alguna modificación”.

Frente a este panorama, la Ciudad implementará una normativa propia aprobada recientemente. “Sancionamos un código de procedimiento local que acorta plazos, oraliza el proceso, en definitiva, le da herramientas a esos jueces para que puedan aplicar la norma de una manera más rápida y los juicios duren menos tiempo”, detalló el ministro porteño.

En relación con la organización de los nuevos tribunales, Tapia anunció un cambio estructural para abandonar el esquema piramidal tradicional. “Vamos a ir con unidades con un modelo de gestión que se llaman oficina de gestión integrada”, anticipó. Este sistema estandarizará los procesos y, en vez de que cada juzgado tenga su propio personal, habrá un plantel común de empleados asignados a sectores del proceso que trabajarán para distintos jueces según la etapa.

Respecto a la instrumentación de la medida y la coexistencia de ambas jurisdicciones, Tapia estimó que el proceso demandará alrededor de cinco años hasta la finalización del stock de causas. Durante este período de transición, la Justicia Nacional no recibirá expedientes nuevos pero tramitará las causas preexistentes hasta su conclusión. El acuerdo interjurisdiccional prevé una excepción para la etapa de ejecución: “Está previsto en este convenio que lo que es ejecución sí pasaría a la ciudad. O sea, una vez que tenga instancia firme, ahí sí ya pasa a la jurisdicción local la ejecución de esas sentencias”.

Uno de los puntos centrales del acuerdo entre Nación y Ciudad es el congelamiento de la estructura nacional. Sobre los juzgados nacionales sin titular, Tapia explicó que “cuando empezás a cruzar edad jubilatoria con vacancias, hoy está alrededor del cuarenta por ciento”. Confirmó que el convenio establece que Nación se compromete a no designar nuevos titulares en los juzgados vacantes.

Para absorber la nueva demanda, el gobierno porteño recalibró la dimensión del fuero local. Aunque la Ciudad ya había iniciado un concurso para cubrir diez juzgados, el traslado de competencias exigirá una ampliación sustancial. El ministro indicó que proyectan administrar entre 25.000 y 30.000 causas por año, lo cual requerirá una estructura de cuarenta juzgados en lugar de ochenta y cinco salas en vez de diez.

El rediseño también protege las fuentes laborales y contempla la posibilidad de traslados. Tapia aseguró que “el estatuto del Judicial a nivel nacional marca la estabilidad, o sea que no hay un riesgo a la pérdida del empleo por parte de esos 1.600, 1.800 trabajadores”. Además, estará habilitada la incorporación de jueces que deseen integrarse a la justicia porteña, siempre que cumplan con el proceso requerido ante el Consejo de la Magistratura.

Consultado sobre la existencia de la llamada “industria del juicio” en el contexto de alta litigiosidad laboral, el funcionario fue categórico: “Mito no es, porque la verdad que la cantidad de juicios que hay es enorme”. Asoció este fenómeno a las demoras procesales y a la falta de agilidad del sistema actual, y afirmó: “Si los juicios durasen menos, no estaríamos hablando de la industria del juicio, porque son procesos que entran y salen rápido”.