Con el trámite frenado para recibir asilo político, los cinco bolsonaristas condenados por el último intento de golpe de Estado en Brasil y que escaparon hacia la Argentina, salieron de la cárcel y empezaron a gozar del beneficio de la prisión domiciliaria.
El juez federal Daniel Rafecas había ordenado extraditarlos, pero el regreso a su país se mantiene demorado a la espera de que la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) resuelva el estatus de los detenidos.
Se trata de Joelton Gusmao de Olveira, Joel Borges Correa, Rodrigo de Freitas Moro, Wellington Firmino y Ana Paula de Souza, todos ellos con condenas de entre 13 y 17 años de cárcel confirmadas por el Supremo Tribunal Federal de Brasil.
Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, la morigeración de las condiciones de detención de los brasileños se concedió en los últimos días de diciembre.
Este miércoles el juez Sebastián Casanello -que subroga el Juzgado Federal N° 3, mientras Rafecas está de licencia- ordenó el traslado inmediato de los presos a sus domicilios, previa colocación de tobilleras electrónicas para monitorearlos.
¿Refugiados o prófugos?
El juez Rafecas dictó sentencia el pasado 9 de diciembre y dispuso la extradición de los cinco involucrados. La justicia brasileña los acusó de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño agravado, deterioro de bienes protegidos y asociación delictiva armada.
Sin embargo, la entrega efectiva de los detenidos al país vecino quedó en suspenso. Y, de hecho, ahora se abrió una ventana para anular todo: las defensas apelaron ante la Corte Suprema de Justicia la orden de extradición.
Es que aún no se resolvió si los bolsonaristas son aceptados como refugiados. Para recibir ese estatus debería considerarse que abandonaron su país por ser perseguidos por su opinión política, por ejemplo. En los tribunales argentinos se dio por probado que escaparon para no enfrentar a la Justicia de Brasil.
La decisión sobre este aspecto depende del Poder Ejecutivo y de la CONARE. El trámite de asilo lleva más de un año y medio en proceso, aunque el organismo no tiene un plazo establecido para expedirse.
El fiscal de la causa, Carlos Rívolo, entendió que en estas condiciones mantener la cárcel común podría derivar en una detención de duración incierta y desproporcionada. Así dictaminó luego de un pedido de las defensas que, inicialmente, pretendía la libertad de los involucrados.
“Se trata entonces de encontrar una solución equilibrada entre garantizar su sujeción al proceso hasta que finalice el trámite de extradición sin incurrir en un menoscabo de sus garantías”, dijo el fiscal.
Además de la tobillera electrónica, los brasileños debieron entregar sus pasaportes a las autoridades judiciales y tienen prohibido salir del territorio nacional sin autorización expresa.
Los abogados que representan en la causa a la República Federativa de Brasil habían pedido que se rechace el beneficio: “Su libertad, a esta altura del proceso, pone en serios riesgos la ejecución de lo dispuesto por Vuestra Señoría, en especial, si nos atenemos a los antecedentes”, postularon. Se referían al riesgo de fuga y al hecho de que ya habían eludido a la Justicia de su país.
Los detenidos en la Argentina participaron activamente de los incidentes del 8 de enero de 2023, cuando miles de opositores a Lula Da Silva, presidente del Partido de los Trabajadores (PT), asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado.
Militantes y simpatizantes del ex presidente Jair Bolsonaro atacaron los edificios del Palacio de Planalto, el Congreso y STF para intentar frenar la asunción del actual mandatario.
La Cancillería argentina recibió al menos 63 solicitudes formales para capturar a brasileros prófugos que habrían escapado hacia este lado de la frontera luego de los disturbios.
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