
Las autoridades del régimen de Irán ejecutaron al menos 1.639 personas en 2025, el número más alto desde 1989, según un informe conjunto de las organizaciones Iran Human Rights (IHR) y Together Against the Death Penalty (ECPM), que alertaron sobre un posible uso aún más amplio de la pena capital tras las protestas de enero y el conflicto con Israel y Estados Unidos.
El informe anual indicó que la cifra representa un aumento del 68% respecto de las 975 ejecuciones registradas en 2024. El total incluye al menos 48 mujeres que murieron en la horca, el nivel más alto en más de dos décadas. Las organizaciones señalaron que el número constituye un “mínimo absoluto”, ya que muchos casos no se informan en los medios oficiales iraníes y requieren verificación independiente. En promedio, se registraron más de cuatro ejecuciones por día durante 2025.
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El documento sostuvo que la cifra es la más alta desde que IHR comenzó a recopilar datos en 2008 y la mayor reportada desde los primeros años posteriores a la revolución islámica. “Si la república islámica ‘sobrevive a la crisis actual, existe un riesgo serio de que las ejecuciones se utilicen aún más ampliamente como herramienta de opresión y represión’”, advirtió el reporte.
Las ONG también alertaron que “cientos de manifestantes detenidos siguen en riesgo de recibir condenas a muerte y ejecución” tras ser acusados de delitos capitales en el marco de las protestas de enero de 2026. Esas manifestaciones terminaron tras una represión que, según grupos de derechos humanos, dejó miles de muertos y decenas de miles de detenidos.
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El director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, afirmó que “al crear miedo mediante un promedio de cuatro a cinco ejecuciones por día en 2025, las autoridades intentaron evitar nuevas protestas y prolongar su debilitado control”. Durante el conflicto iniciado el 28 de febrero contra Israel y Estados Unidos, las autoridades ejecutaron a siete personas vinculadas con las protestas de enero: seis condenadas por pertenecer al grupo opositor prohibido Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK) y un ciudadano con doble nacionalidad iraní-sueca acusado de espionaje para Israel.

El director ejecutivo de ECPM, Raphaël Chenuil-Hazan, sostuvo que “la pena de muerte en Irán se utiliza como una herramienta política de opresión y represión, con minorías étnicas y otros grupos marginados representados de forma desproporcionada entre los ejecutados”. El informe señaló que las minorías kurda, en el oeste, y baluchi, en el sureste, figuran entre las más afectadas.
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Casi la mitad de las personas ejecutadas había sido condenada por delitos relacionados con drogas, según el reporte. En el caso de las mujeres, al menos 48 fueron ejecutadas en 2025, frente a 31 en 2024, lo que marca un incremento del 55%. De ese total, 21 mujeres fueron condenadas por el asesinato de sus esposos o prometidos. Organizaciones de derechos humanos indicaron que muchas de ellas se encontraban en relaciones abusivas.
El informe también señaló que casi todas las ejecuciones se realizaron dentro de prisiones, aunque las ejecuciones públicas aumentaron a 11 en 2025, más del triple respecto del año anterior. Aunque el código penal iraní contempla otros métodos de pena capital, en los últimos años todas las ejecuciones registradas se realizaron mediante la horca.
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Organizaciones como Amnistía Internacional sostienen que Irán figura entre los países con mayor número de ejecuciones en el mundo en términos absolutos, solo por detrás de China, para el cual no existen datos verificables, y lidera la tasa per cápita a nivel global.
(Con información de AFP)
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