El Gobierno Nacional ha tomado la decisión política de romper el inmovilismo que caracterizó al sistema judicial durante los últimos dos años. Tras un 2025 marcado por una sequía administrativa inédita y reclamos crecientes de la Corte Suprema, el Ministerio de Justicia prepara un desembarco masivo de pliegos en el Senado de la Nación a partir del 1° de marzo, fecha de inicio de las sesiones ordinarias.
La estrategia, diseñada en el hermetismo de la Casa Rosada y ejecutada por el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, busca desactivar una bomba de tiempo institucional: la crisis de las vacantes. Según cifras que manejan tanto en el Palacio de Tribunales como en el Ejecutivo, la Justicia Nacional y Federal opera hoy con una fragilidad estructural alarmante, con cerca del 37% de sus cargos clave sin titular. Esta situación obliga a centenares de magistrados a desdoblarse para cubrir juzgados vecinos mediante subrogancias, un sistema de parches que resiente el servicio y demora las causas de los ciudadanos.
Sin embargo, la novedad no radica solo en la voluntad de cubrir los puestos, sino en el criterio de selección. En un giro discursivo respecto a administraciones anteriores —que solían priorizar la lealtad partidaria—, el oficialismo asegura que apostará al purismo técnico. “No habrá jueces mileistas”, es la consigna que repiten como un mantra en los pasillos de Justicia. El plan es desafiar al Senado a aprobar los pliegos respetando estrictamente el orden de mérito de los concursos, poniendo a la oposición en la incómoda posición de tener que rechazar a los candidatos mejor calificados.
El año del freno de mano
Para entender la magnitud del desembargo que prepara el Gobierno, primero hay que dimensionar el “tapón” que se generó en el último tiempo. Los datos oficiales del Consejo de la Magistratura, a los que accedió Infobae, confirman que el sistema de selección entró en una fase de letargo profundo.
El 2025 cerró como el año menos productivo desde 2022. El organismo encargado de administrar el Poder Judicial y seleccionar a los jueces envió apenas 19 ternas al Poder Ejecutivo durante todo el ejercicio. La cifra representa un desplome vertical si se la compara con el desempeño de 2024, cuando se habían aprobado y elevado 96 expedientes. Para encontrar un nivel de parálisis similar hay que remontarse a los años 2012 o 2013, momentos de altísima tensión política entre el kirchnerismo y la Justicia.
Este “apagón” en el Consejo no fue un accidente, sino parte de un escenario más complejo. Mientras la maquinaria de concursos bajaba su ritmo, el stock de expedientes pendientes de definición política crecía exponencialmente. El informe de gestión detalla que, al cierre de diciembre, existen 203 vacantes cuyos concursos ya terminaron, pero que aguardan “pisados” en el escritorio del Presidente. A esto se suman otras 157 vacantes que actualmente están en trámite dentro del Consejo, la mayoría de ellas correspondientes a tribunales ya habilitados que hoy funcionan con jueces prestados.
La auditoría silenciosa
¿Por qué el Gobierno dejó acumular más de 200 pliegos sin mover una ficha? Ante la consulta de Infobae, una alta fuente del Ministerio de Justicia con acceso directo al despacho presidencial justificó la demora bajo la premisa de la “auditoría”. El oficialismo decidió no enviar nombres “a libro cerrado” ni convalidar automáticamente las ternas heredadas de la gestión de Alberto Fernández.
“Estuvimos dos años estudiando los candidatos”, explicó en estricto off the record. Según detallaron fuentes oficiales, la revisión de los antecedentes no fue una tarea política delegada en operadores, sino un trabajo técnico donde se analizó caso por caso para depurar la lista de los 203 postulantes.
Con ese trabajo finalizado, la luz verde ya está encendida. “Los tenemos casi todos listos. Imaginamos que, una vez retomada la actividad legislativa ordinaria, estaremos enviándolos”, confirmó la misma fuente. El objetivo es ambicioso: el envío no será por goteo, sino que se espera una “catarata” de expedientes que busque cubrir no solo juzgados de primera instancia, cámaras y tribunales orales, sino también fiscalías y defensorías que se encuentran acéfalas.
El antecedente “46 a 25”
La gran incógnita sobre cómo logrará el Gobierno —en teoría con minoría parlamentaria— aprobar semejante cantidad de nombramientos, tiene una respuesta en la calculadora legislativa. Desde el oficialismo apuestan al pragmatismo y se amparan en un antecedente fresco y contundente: la votación del Presupuesto 2026.
En esa sesión clave, el Gobierno logró consolidar una mayoría de 46 votos a favor contra 25 en contra. Esa cifra supera holgadamente los 37 votos (mayoría simple) necesarios para aprobar pliegos de jueces de tribunales inferiores.
La radiografía de esa votación es el mapa que usará el Ejecutivo para los jueces. En aquella oportunidad, La Libertad Avanza no estuvo sola: abroqueló el apoyo de todo el bloque de la UCR (con figuras como Maximiliano Abad, Carolina Losada y Eduardo Vischi), del PRO y, fundamentalmente, de los partidos provinciales. Senadores de Santa Cruz (Carambia y Gadano), Misiones (Frente Renovador de la Concordia), Córdoba (Luis Juez) y Neuquén aportaron el volumen político necesario para aislar al kirchnerismo (Unión por la Patria), que quedó reducido a una oposición testimonial de 25 bancas.
“Vamos a hablar con los senadores serios, de cualquier color”, aseguran desde la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona. Con el precedente de los 46 votos, la Casa Rosada sabe que no necesita un “gran pacto” con el peronismo para nombrar jueces; le basta con replicar la alianza federal que ya funcionó para el Presupuesto.
“Deberían votar a todos porque elegimos a los que ganaron. Cosa que nunca hicieron los otros partidos políticos”, desafían desde el Ejecutivo. La estrategia de “mérito puro” sumada a la mayoría circunstancial de aliados provinciales y radicales parece ser la llave maestra para 2026.
Cruce de poderes: la tensión con la Corte
La urgencia del Gobierno por mostrar reacción y retomar la iniciativa política responde también a un clima de tensión creciente con la cúpula judicial. La “paz armada” que reinaba entre la Casa Rosada y el Palacio de Tribunales mostró sus primeras grietas públicas la semana pasada.
El escenario fue la cena anual de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Allí, frente a lo más granado del poder judicial, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, eligió las vacantes como eje de su discurso. Calificó la situación como su “principal preocupación” y lanzó una advertencia que resonó fuerte en Balcarce 50: alertó sobre el riesgo de que, ante la ineficacia del sistema actual, se recurra a “sistemas menos republicanos, como la elección a dedo o la elección popular”.
En la misma línea, Andrés Basso, presidente de la Asociación, habló días atrás de cifras “inéditas” de vacantes y advirtió sobre factores externos que buscan “debilitar la independencia judicial”.
Esa retórica defensiva cayó muy mal en el Ministerio de Justicia. Lejos de acusar recibo con culpa, el Gobierno salió al cruce. “Me parece muy bien que reclamen las vacantes”, ironizó el funcionario consultado por Infobae, pero devolvió el golpe exigiendo “autocrítica” a los jueces.
Para el Ejecutivo, la narrativa de la “república en peligro” es una exageración corporativa. “Corre por su cuenta lo que dicen; algún día esperamos escuchar una autocrítica del Poder Judicial”, retrucó la fuente oficial. Y fue más allá: “Nunca en su historia tuvieron la independencia judicial que tienen ahora. Su problema es la falta de independencia interna. Tienen que depurarse y arreglar sus problemas”.
La frase apunta a la línea de flotación de los tribunales: sugiere que las presiones que sufren los jueces no vienen hoy de la Casa Rosada, sino de sus propias internas y de las relaciones históricas entre magistrados y operadores que el Gobierno dice despreciar.
Lo que viene
El 2026 asoma como un año bisagra. Si el Gobierno cumple su promesa y envía los pliegos una vez abierto el período de sesiones ordinarias, la pelota pasará al campo del Senado, donde la alianza de los “46 votos” será puesta a prueba nuevamente. Mientras tanto, los datos duros del Consejo de la Magistratura siguen allí, inalterables: 19 ternas en un año, 203 pliegos esperando y un 37% de sillas vacías. Una realidad que impacta todos los días en la calidad del servicio de justicia que reciben los ciudadanos.
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