El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky ordenó hoy a la DGI un “profundo estudio” sobre los aspectos económicos y financieros del entramado de sociedades que participaron de operaciones de compraventa de la lujosa mansión de Pilar, sospechada de pertenecer a altas autoridades de la AFA.
Lo hizo durante un encuentro de poco más de media hora con el titular de la Dirección General Impositiva, Mariano Mengochea, en la sede de su juzgado en Avenida de los Inmigrantes 1950, Retiro. Se trató de una reunión de trabajo ya que el organismo actúa como auxiliar de la Justicia en la causa y el juez entregó al funcionario el oficio judicial con un detalle de las sociedades que ordenó investigar.
Se incluyó a Real Central SRL y a la anterior propietaria de la casaquinta de Villa Rosa Malte SRL, como parte un listado de al menos cinco sociedades.
De esta manera avanzará el análisis del entramado de compras y ventas de la quinta y de propiedades en un barrio privado “Ayres Plaza”, mientras que para el lunes próximo la expectativa estará puesta en el primer descargo que harán en el caso los supuestos testaferros, el monotributista Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Conte. Los dos figuran como parte de la sociedad dueña en la actualidad de la lujosa mansión en la que se secuestraron 54 vehículos de alta gama y que cuenta con helipuerto y caballerizas.
Según explicaron fuentes judiciales a Infobae, la cita será a través de la plataforma virtual Zoom, a las 11 y a las 12, y ambos podrán optar por exponer ante el juez o hacerle llegar un descargo escrito.
El estudio patrimonial
El análisis de las sociedades se encomendó tras un dictamen del fiscal Claudio Navas Rial, quien solicitó expresamente avanzar con medidas orientadas a reconstruir el hecho precedente del presunto lavado de activos, con el eje en la trazabilidad tributaria, societaria y financiera “hacia atrás” de todas las operaciones documentadas vinculadas a la propiedad.
Entre otras medidas se pidieron las filmaciones de cámaras de seguridad en las adyacencias de la mansión de Villa Rosa, ante versiones que indicarían que días antes del allanamiento judicial sacaron caballos y algunos vehículos.
“En un extenso escrito entregado al juzgado el martes último, la fiscalía puso el eje en buscar la ‘trazabilidad tributaria’ de las operaciones bajo sospecha.” Esto ocurrió luego de que la Coalición Cívica amplió la denuncia penal.
Sociedades bajo la lupa
La causa estuvo bajo secreto de sumario desde el martes por la tarde y durante el feriado de Navidad y se levantó este viernes. Se impuso para llevar adelante medidas de prueba puntuales, como un allanamiento a un estudio contable vinculado a los supuestos testaferros.
Los principales imputados son Pantano y su madre, integrantes de Real Central SRL, la sociedad que figura como titular formal de la mansión ubicada en Villa Rosa y de otras dos viviendas en el barrio privado Ayres Plaza. Ambos deberán justificar el origen de los fondos utilizados para adquirir y mantener esos bienes y fueron convocados el próximo lunes para un descargo que podrá ser escrito o presencial.
La línea investigativa central apunta a establecer quién solventa efectivamente los gastos operativos de las propiedades: expensas, servicios, seguros, mantenimiento y movilidad. “Se detectó que las expensas eran abonadas en efectivo en una sucursal bancaria.”
También se investiga una flota de 54 vehículos de alta gama hallados en un galpón del predio, cuyos peajes se pagaban mediante una única tarjeta de crédito. El juzgado ya ordenó reconstruir el origen de los fondos con los que se cancelaban los resúmenes del plástico.
Otro eje sensible es la existencia de un helipuerto activo dentro de la quinta. Se solicitaron informes para identificar aeronaves, movimientos y pasajeros, en un intento por vincular esos traslados con los presuntos beneficiarios reales del inmueble.
Perfil económico incompatible
Pantano figura inscripto como monotributista y registraba deudas bancarias superiores a los dos millones de pesos al inicio de la causa. Su madre, jubilada y trabajadora autónoma, incluso percibió el IFE durante la pandemia. Sin embargo, en mayo de 2024 la sociedad —entonces denominada Central Parks Drinks SRL— multiplicó su capital social de 300 mil a 58 millones de pesos, cambió su nombre a Real Central SRL y, pocas semanas después, concretó la compra del predio de más de 100 mil metros cuadrados.
Para los denunciantes, esa secuencia refuerza la hipótesis de una estructura societaria utilizada como pantalla, destinada a disimular el origen ilícito de los fondos.
La Coalición Cívica denunció “la posible utilización de la sociedad como pantalla para bienes de terceros”, que “permiten inferir la posible comisión del delito de lavado de activos mediante la ocultación y disimulación del origen de bienes de alto valor económico”.
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