Ordenaron reabrir la causa que investiga el desalojo fatal tras la toma del Parque Indoamericano en 2010

A 15 años del violento desalojo que se registró en el Parque Indoamericano, en el barrio porteño de Villa Soldati, se conoció que la Cámara de Apelaciones decidió reabrir el caso que investiga el accionar del trágico operativo que llevó a cabo la Policía Federal y la entonces Policía Metropolitana. Por este hecho, dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas con balas de plomo.

De acuerdo a lo que se conoció en su momento, todo se llevó a cabo el 7 de diciembre de 2010, cuando se llevó a cabo un operativo para desalojar a los cientos de personas que se habían asentado unos días antes en el Parque Indoamericano en reclamo a una vivienda.

Primero, la jueza Cristina Nazar dispuso el desalojo, que derivó en un despliegue de efectivos de la Policía Federal Argentina y la entonces Policía Metropolitana. La tensión escaló y hubo enfrentamientos, que terminaron con los asesinatos de Rossemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro. Además, cinco personas resultaron heridas con munición de plomo. Según denuncian, las víctimas habían abandonado el predio cuando recibieron los disparos, lo que indica que el operativo se extendió más allá del desalojo en sí.

Esto abrió una investigación en la que se puso el foco sobre los tres jefes de la Policía Federal, que fueron removidos por la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré. También se puso el foco a la cúpula de la Metropolitana y a 24 miembros de la fuerza que participaron del operativo.

Finalmente, en marzo de 2018, la jueza Mónica Berdión de Crudo resolvió el sobreseimiento de tres jefes de la Policía Federal y cinco jefes y 24 agentes de la ex Policía Metropolitana por los homicidios y las lesiones ocasionadas durante la represión. Paralelamente, procesó a Ricardo Picart, efectivo de la ex Metropolitana, por los mismos delitos. La decisión fue apelada y, en mayo de ese año, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó los sobreseimientos y ordenó continuar con la investigación sobre todos los responsables policiales, además de confirmar el procesamiento de Picart.

A pesar de la orden de profundizar la investigación, la producción de pruebas avanzó con lentitud. Entre las medidas clave se encuentra un peritaje audiovisual orientado a determinar la intervención individual de los acusados, así como la toma de testimonios fundamentales requeridos por el propio tribunal. El fallo de la Cámara destaca que el expediente sufrió demoras relevantes, con meses para producir pericias y años para recolectar declaraciones, lo que contribuyó al estancamiento del proceso judicial.

El 28 de mayo de 2025, los imputados fueron nuevamente sobreseídos. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones volvió a intervenir tras una nueva apelación y, en una resolución reciente, dispuso reabrir la causa a partir de la identificación de deficiencias persistentes en la instrucción. El tribunal solicitó que el CONICET se encargue de realizar el peritaje audiovisual pendiente y que se incorporen los testimonios que faltan para esclarecer la secuencia de los hechos y el nivel de responsabilidad de cada uno de los implicados.

Los ocho jefes policiales investigados estuvieron presentes en el lugar de los hechos o dirigieron el operativo desde la sala de operaciones. El proceso judicial, a lo largo de los años, reflejó las dificultades del Estado para avanzar en investigaciones que involucran a miembros de las fuerzas de seguridad y expuso los obstáculos para que los responsables de operativos de esta magnitud sean juzgados.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) representa a los familiares de Rossemary Chura Puña: Sabina Puña Chambi y Galo Chura Paco, residentes en Oruro, Bolivia. Rossemary tenía 28 años cuando fue asesinada y vivía en el barrio de Los Piletones junto a sus hijos de 7 y 9 años. Por su parte, Bernardo Salgueiro también perdió la vida como consecuencia de la represión estatal, mientras que otras cinco personas sufrieron heridas de gravedad.

En el expediente se documentó que, además del uso de munición de plomo, el operativo incluyó el despliegue de efectivos sin uniforme, el uso excesivo de agentes químicos y el disparo de al menos 580 proyectiles antitumulto. Se comprobó también que, cuando el predio ya había sido desalojado, policías de la ex Metropolitana continuaron persiguiendo y disparando contra quienes huían hacia la villa 20. Ninguna de las víctimas fatales o lesionadas se encontraba dentro del parque al momento de los disparos, hecho que refuerza la hipótesis de que la violencia policial persistió fuera de los límites del operativo autorizado.

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