Suspendieron la norma que modificaba la actividad en los puertos y que provocó un paro con grandes pérdidas económicas

Finalmente, el presidente Javier Milei firmó la suspensión del decreto 690/2026, que modificaba la actividad de los servicios de practicaje y pilotaje en los ríos, puertos, pasos y canales del país, que a comienzos de esta semana provocó un paro en los puertos dejando como conconsecuencia, pérdidas millonarias en el sector.

La decisión se tomó debido a la intensidad del conflicto, y luego de que el Gobierno y los representantes del sector de practicaje alcanzaran un acuerdo en donde figuraba como medida principal la suspensión del mencionado decreto. En la misma conversación del martes por la tarde surgieron otros puntos tales como la reactivación inmediata del servicio, la creación de una mesa intersectorial para redactar una nueva reglamentación y una reducción del 20% en las tarifas vigentes de practicaje y pilotaje.

De esta manera, la decisión que pretendía reducir los costos portuarios y aumentar la competencia a través del decreto quedó obsoleta, al menos por ahora. Esta madrugada, se publicó en Boletín Oficial un nuevo texto bajo la numeración 716/2026, con la firma del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del impulsor de las modificaciones, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Tal como lo habían anticipado, no solamente suspendió “los efectos del Decreto N° 690 del 30 de julio de 2026” sino que ordenó: “Restitúyese, durante dicha suspensión, la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por dicho decreto”.

Además, dejó asentada la creación de una Mesa de Trabajo “integrada por funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional, de la Prefectura Naval Argentina y de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) - organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Economía-, por un lado; y representantes del sector vinculado al practicaje y pilotaje, por otro lado, con el objeto de lograr los consensos necesarios”. A través de la misma deberán definir en las próximas semanas el cronograma y la metodología para avanzar en la elaboración del nuevo reglamento.

Mediante el artículo tercero, los funcionarios dejaron por escrito que “adoptarán las acciones necesarias para atender la situación que motiva el presente decreto y para garantizar la continuidad del servicio de practicaje y pilotaje”.

El conflicto escaló a tal punto que la Prefectura Naval Argentina (PNA) intimó a más de 500 trabajadores a retomar el servicio mediante un edicto que hizo circular de manera oficial advirtiendo sobre sanciones disciplinarias y posibles denuncias penales. “Se notifica e intima por este medio a los profesionales incluidos en el Anexo - documento que acompaña el texto oficial - a la inmediata puesta a disposición de sus servicios profesionales de practicaje / pilotaje, para cumplir de manera regular y reglamentaria las funciones previstas en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 690/2026, para las cuales se encuentra habilitado”, señalaba el documento de la PNA.

Todo se dio a partir de una medida ideada por Sturzenegger y aprobada por el Presidente, que provocó la reacción de prácticos, pilotos y baqueanos de todo el país los cuales resolvieron suspender las funciones de los profesionales que asesoran a los capitanes durante las maniobras de ingreso y salida de embarcaciones en ríos, canales y puertos, una tarea de carácter obligatorio en gran parte de la navegación comercial, dadas las características de la Hidrovía y de los accesos portuarios del país. Esto dejó casi 200 buques varados en los puertos y una pérdida de aproximadamente USD 100 mil diarios.

La interrupción de este servicio tiene consecuencias directas sobre el tráfico fluvial y portuario, dado que su prestación es obligatoria en determinadas zonas de navegación bajo la Ley N° 20.094 de Navegación; sin embargo, el Gobierno decidió dar marcha atrás al detectar las pérdidas millonarias que estaba generando la medida. Cuatro días pasaron desde el inicio del reclamo el cual comprometía contratos externos, el abastecimiento hacia la Patagonia sur.