La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó este lunes un recurso de la querella de Fabiola Yañez, para llegar hasta la Corte Suprema contra el cambio de juez en la causa por violencia de género que tiene como acusado al expresidente Alberto Fernández. La decisión del máximo tribunal penal federal del país dejó firme así la continuidad del proceso desde ahora bajo la órbita del juez Daniel Rafecas. Inicialmente, la causa estaba en manos de Julián Ercolini, pero fue recusado por Alberto Fernández, quien planteó que mantenía una “enemistad manifiesta” con ese juez.
El fallo, firmado por los camaristas Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, declaró inadmisible el recurso extraordinario federal contra la decisión de Casación, que el 6 de octubre pasado apartó de la causa a Ercolini.
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Los argumentos
Según la resolución a la que accedió Infobae, la querella de Yañez no cumplió con los requisitos formales para este tipo de recursos ni logró demostrar la existencia de una cuestión federal suficiente que habilitara la llegada a la Corte con el tema. Para Casación, los planteos “sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta” y no configuran arbitrariedad alguna.
“La doctrina de la arbitrariedad exige la demostración de defectos graves en la decisión recurrida que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido, lo cual el impugnante no ha acreditado”, sostuvieron los jueces, al descartar la intervención del máximo tribunal del país.
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El 6 de octubre la misma Sala II de Casación hizo lugar a un planteo de la defensa del ex presidente Alberto Fernández, apartó a Ercolini, ratificó la validez de todo lo hecho hasta ese momento en la pesquisa y ordenó sortear nuevo juez. En ese sorteo quedó designado Rafecas, quien ahora quedó en condiciones de seguir con el expediente, resolver planteos y eventualmente iniciar el camino hacia el juicio oral.
Al apartar a Ercolini, Casación entendió que Alberto Fernández expuso “determinados pormenores vinculados con la relación de amistad y posterior enemistad con el juez” y brindó “mayores precisiones al respecto”, que no habían sido analizadas previamente.
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Los jueces encontraron que estos nuevos argumentos del acusado otorgaron “sustento suficiente al planteo defensista en resguardo de la garantía de imparcialidad” y por eso consideraron “oportuno” apartar al primer juez de la causa “con el fin de alejar cualquier temor de parcialidad que pudieran albergar las partes”.
La acusación
El ex presidente está procesado y con pedido de envío a juicio por parte del fiscal federal Ramiro González. La defensa hizo luego un planteo de nulidad de toda la causa, algo pendiente de resolución.
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Fernández está acusado por supuestas “amenazas coactivas y lesiones leves y graves, agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género”, delitos que prevén hasta 15 años de prisión y que según la acusación fiscal se habrían cometido desde 2016 hasta agosto de 2024.
La fiscalía pidió que se juzgue al ex Presidente por los delitos de lesiones graves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja; lesiones leves también agravadas bajo esas mismas condiciones -reiteradas en dos oportunidades-, y amenazas coactivas.
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Según la acusación fiscal, Fernández ejerció una “violencia sistemática” contra Yáñez en el marco de una relación de poder asimétrica iniciada en 2016 y agravada durante su gestión como Presidente.
El caso tomó impulso a partir de mensajes y fotos extraídas del teléfono de María Cantero, ex secretaria privada del entonces presidente, en los que Yáñez mostraba moretones y relataba situaciones de hostigamiento.
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Estos mensajes se encontraron en el celular secuestrado en el marco de otra causa penal que investiga presunto direccionamiento en la contratación de pólizas de seguros para organismos públicos en el gobierno de Fernández. En esta investigación también está procesado.
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