El nombre de Carlos Tevez ya no solo aparece en el posteo de Twitter que se incluyó en la denuncia que originó la causa. Ahora la Justicia Federal descubrió que el ex delantero y director técnico fue dueño de la mansión de Pilar que luego habrían adquirido dos presuntos testaferros vinculados a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, la información se constató a partir de los registros catastrales de la provincia de Buenos Aires. En base a esto, el juez Daniel Rafecas, titular del Juzgado Federal N° 3, ordenó ampliar las averiguaciones sobre una nueva empresa: Malte SRL.
Y también sobre otro hombre del fútbol: Mauro Javier Paz, ex director de la liga de fútbol femenino de AFA, sobre quien pesan sospechas de que pudo haber participado del entramado bajo investigación.
La mansión y sus dueños
La estancia ubicada en Villa Rosa, Pilar, fue adquirida por Tevez en 2017 y vendida en junio de 2023 a Malte SRL. Esta firma se desprendió de la propiedad once meses después. Los compradores fueron los supuestos testaferros Luciano Pantano y su madre Ana Conte, a través de la empresa Real Central SRL.
Este hallazgo no ubica al entrenador de Talleres de Córdoba entre los sospechosos, ni tampoco dentro de las maniobras delictivas.
En cambio, el juez Rafecas ya dictó medidas para averiguar quién está detrás de Malte SRL.
Según consta en el Boletín Nº 6089 de la AFA, Malte es de “reconocida trayectoria y antigüedad como Proveedora Oficial de la Asociación”. En ese documento, fechado el 25 de marzo de 2022, se oficializó una contratación directa por 550.000 dólares para “finalizar la última etapa de la instalación del Sistema VAR”.
En primer lugar, Rafecas ordenó levantar el secreto fiscal de la empresa.
También hizo un requerimiento al ARCA para que el organismo recaudador aporte toda la información fiscal e impositiva de la sociedad y de sus socios o directivos.
Las primeras pruebas que obtuvieron los investigadores en torno a Malte SRL los llevaron rápidamente hacia quien trabajó con el fútbol femenino de AFA, Mauro Javier Paz. No obstante, esos indicios deben constatarse con los registros oficiales.
En paralelo, se están ultimando los detalles para esclarecer cuánto vale la mansión de Villa Rosa y los lujos que hay dentro del perímetro. Tres peritos tasadores de la Corte Suprema de Justicia y otros tres del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos serán los encargados de calcular la fortuna.
Mientras tanto, la propiedad es custodiada en sus tres accesos por la Policía Federal Argentina (PFA). Nada entra ni sale.
La causa
Este martes el juez Rafecas le prohibió la salida del país a los supuestos testaferros Luciano Pantano y Ana Conte, monotributista y jubilada respectivamente.
Además, tanto ellos como la empresa Real Central SRL -actual propietaria de la lujosa estancia- tienen desde ayer sus bienes inhibidos y sus cuentas bancarias congeladas.
Estas medidas se tomaron a partir de un informe que giró la Dirección General Impositiva (DGI-ARCA) al Juzgado, mediante el cual se comprobó que la compañía denunciada también es dueña de al menos 59 autos y motos, muchos de alta gama, antiguos o de colección.
De acuerdo con la denuncia que presentó la Coalición Cívica, la mansión tiene desde pista de entrenamiento para equinos y un haras con caballos árabes y pura sangre de carrera hasta un helipuerto propio y múltiples instalaciones deportivas.
Ninguno de estos lujos se condicen con las posibilidades económicas de los imputados. Luciano Pantano fue presidente de la Asociación Argentina de Futsal y ocupó un cargo en la tesorería del Club Almirante Brown. Es monotributista y al momento de la denuncia tenía una deuda bancaria de poco más de 2.000.000 de pesos, según consta en la causa.
Su madre es jubilada y trabajadora autónoma. Incluso durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la ANSES.
Pantano, además, tuvo desde 2021 la mitad de las acciones de una empresa llamada “Central Parks Drinks S.R.L.”, de poca actividad y con un capital social de apenas 300.000 pesos. El 16 de mayo de 2024 la rebautizaron como “Real Central S.R.L.”, y su capital se incrementó a 58.000.000 de pesos.
Con esa reestructuración, el ex dirigente futbolístico también le cedió su 50% de la empresa a su madre, que se convirtió en la accionista mayoritaria de la sociedad.
Dos semanas después la empresa compró el predio de 105.000 hectáreas donde está la mansión.
Con este panorama es que la Coalición Cívica denunció “la posible utilización de la sociedad como pantalla para bienes de terceros”, que “permiten inferir la posible comisión del delito de lavado de activos mediante la ocultación y disimulación del origen de bienes de alto valor económico”.
Aunque el juez Rafecas logró avances firmes en la causa durante las últimas horas, su designación al frente del caso es provisoria.
Sucede que la semana pasada se declaró incompetente, al entender que el expediente le correspondía al fuero Penal Económico. Pero desde esos juzgados volvieron a mandar la causa a Comodoro Py, por razones similares.
Así, se trabó un incidente que deberá ser resuelto por la Sala I de la Cámara Federal porteña, donde finalmente se definirá dónde continúa la investigación.
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