Una asociación de exjueces pidió reponer el régimen que permitía convocar a magistrados jubilados para cubrir vacantes

La Institución de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Nación en Retiro, presidida por el exjuez Luis Herrero, presentó una nota al Ministerio de Justicia de la Nación donde pidió restituir el denominado “estado judicial”, un régimen que permitía convocar a magistrados jubilados para completar de manera transitoria puestos sin ocupar en el Poder Judicial. De acuerdo a la entidad, la eliminación de ese sistema en 2020 privó “a la justicia y a la sociedad toda de este instrumento de cobertura de cargos judiciales vacantes en forma inmediata y expedita”, en un escenario en el que, según expuso, la Justicia nacional y federal acumulan un total de 337 vacancias.

El escrito, firmado por el Consejo Directivo de la institución, sostuvo que reinsertar ese procedimiento no implicaba gastos para el erario público y representaba “un eficaz antídoto para impedir la parálisis del servicio de justicia en supuestos de vacancias transitorias o definitivas”.

En rigor, dicho mecanismo se implementó a través del inciso “a” del artículo 16 de la Ley 20.018 (1991), que establecía: “Los magistrados y funcionarios jubilados en virtud de disposiciones legales específicas para el Poder Judicial de la Nación conservarán el estado judicial y podrán ser llamados a ocupar transitoriamente en los casos de suspensión, licencia o vacancia, el cargo que desempeñaban en oportunidad de cesar en el servicio u otro de igual jerarquía del Poder Judicial o del Ministerio Público de la Nación o de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas".

Esta disposición quedó derogada por la Ley 27546, promulgada durante la presidencia de Alberto Fernández.

La entidad presentó una carta al Ministerio de Justicia con el fin de “solicitarle su aval” para promover “el restablecimiento legal” de aquel estado judicial. Al efecto, recordó que desde su creación en 1960 tiene entre sus objetivos estatutarios “colaborar en la realización de las reformas legales tendientes a la mejor administración de Justicia”, “gestionar el reconocimiento del ‘Estado Judicial’” y “asumir la defensa de los derechos de sus asociados, correspondientes a su condición de Magistrados y Funcionarios en retiro, cuando resulten afectados por resoluciones o disposiciones de carácter general”.

En su planteo, la institución aseveró que la normativa que dejó sin efecto el régimen fijado en 1991 “emergió en un contexto político signado por virulentos ataques mediáticos contra la justicia -especialmente la justicia penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación- por parte de la facción política triunfante en las elecciones presidenciales del 27 de diciembre de 2019”. A su vez consideró que costaba “comprender que la inopinada modificación del régimen previsional de los jueces instituido por la ley 24.018 (...) revistiera tamaña urgencia y trascendencia institucional para un gobierno que recién comenzaba”.

El documento expresó que la supresión del estado judicial “se inscribe en esta situación de violencia institucional contra la justicia”.

Luego apuntó: “No existía en 2020 ni existe en la actualidad, ninguna razón plausible para privar a la justicia y a la sociedad toda de este instrumento de cobertura de cargos judiciales vacantes en forma inmediata y expedita, con ahorro para el erario público”.

E insistió: “el restablecimiento del ‘Estado Judicial’ redundará en una palmaria mejora de la prestación del servicio de justicia, el cual -como es de público conocimiento- se halla prácticamente paralizado por la desproporcionada cantidad de cargos vacantes que existen en todos los fueros, las irrazonables demoras en la designación de sus titulares, la acumulación de juzgados a cargo de un solo juez, de secretarios ternados y jueces subrogantes que esperan ser nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional, con lo que ello podría implicar para el ejercicio independiente e imparcial de la magistratura, como lo prescriben los artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 10 de la Declaración Americana de los Derechos Humanos (...)“.

La presentación incluyó un anexo estadístico que buscó dimensionar la falta de cobertura de cargos. Indicó que existían 337 vacantes totales en la Justicia nacional y federal, incluidas las vacantes futuras ya publicadas. De ese total, 153 vacantes estaban demoradas en el Consejo de la Magistratura y 184 dependían del Poder Ejecutivo y del Senado.

En el fuero nacional, el informe registró 177 cargos vacantes, con 66 en trámite ante el Consejo y 111 pendientes de designación por el Poder Ejecutivo. El desglose incluyó 34 vacantes en el fuero del Trabajo, 51 en el Civil, 19 en el Comercial, 6 en Casación Criminal y Correccional y 67 en la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, de las cuales 54 estaban sujetas a definición del Ejecutivo y el Senado.

En la Ciudad de Buenos Aires, el fuero federal mostraba 49 vacantes, con 28 en el Consejo y 21 en el Poder Ejecutivo. Entre ellas había: 3 vacantes en la Cámara Federal de Casación; 7 en tribunales orales federales; 6 en la Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal; 5 en la Cámara Contencioso Administrativo Federal; 9 en la Cámara Civil y Comercial Federal; 9 en la Cámara de la Seguridad Social y 10 en el fuero Penal Económico.

En el interior del país, se contabilizaron 111 vacantes federales, de las cuales 59 estaban demoradas en el Consejo y 52 bajo definición del Poder Ejecutivo/Senado, según postuló la entidad presidida Luis René Herrero, ex juez de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

Además, entre las jurisdicciones más afectadas, el anexo enumeró 23 cargos sin cubrir en Rosario; 14 en La Plata; 7 en General Roca; 7 en Mendoza; 8 en Córdoba; 8 en Salta; 7 en Resistencia; 7 en Tucumán; 5 en Comodoro Rivadavia; 3 en Mar del Plata; 3 en Corrientes y 2 en Bahía Blanca, entre otras.

De acuerdo a la entidad que nuclea a exmagistrados y funcionarios judiciales, las designaciones de jueces jubilados en calidad de “subrogantes legales” permitiría sanear “estos graves impedimentos que afectan la eficaz prestación de servicio de justicia (y las garantías constitucionales del debido proceso, defensa en juicio y el derecho a la jurisdicción)”.

En ese orden, argumentó: “los magistrados en retiro, al carecer de expectativas de ascenso y de la necesidad de hacer lobby en el gobierno para ser designados jueces titulares, garantizar el ejercicio independiente e imparcial de la magistratura, sin afectar el gasto público ni el equilibrio fiscal”.

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