Por tercera vez intentarán indagar al juez Gastón Salmain, investigado por corrupción en Rosario

Una vez más, el juez federal Gastón Salmain tiene fecha para ser indagado por la causa Atilla, en la que se investiga si le facilitó 10 millones de dólares a un empresa para hacer un “rulo financiero” mientras había cepo y brecha cambiaria. Deberá presentarse el 9 de diciembre, si su salud se lo permite.

Es que Salmain ya había sido citado dos veces, pero logró que posterguen la indagatoria por cuestiones médicas. El juez que deberá tomarle declaración, Carlos Vera Barros, habilitó los aplazamientos y, a la vez no demoró en volver a fijar una fecha.

La primera postergación se produjo luego de que el magistrado fuera internado de urgencia en el Sanatorio Mater Dei de la ciudad de Buenos Aires, donde recibió un diagnóstico de vértigo periférico agudo y una indicación médica de setenta y dos horas de reposo.

Luego de eso, Salmain presentó certificados médicos que daban cuenta de una orden de reposo postoperatorio. Se sometió a una vasectomía que ya tenía programada con antelación.

La situación despertó quejas en el Ministerio Público Fiscal. Entre el nutrido equipo de fiscales que investiga a Salmain hubo malestar porque, desde su mirada, se le podría haber tomado indagatoria por Zoom. El juez Vera Barros prefirió esperar algunos días más y mantener la presencialidad.

La indagatoria forma parte de la investigación que busca esclarecer el presunto vínculo entre Salmain y el financista Fernando Whpei, quien figura como imputado colaborador en la causa contra otro magistrado acorralado por las acusaciones de corrupción, Marcelo Bailaque, quien renunció al Juzgado Federal N° 4 de Rosario antes de que lo destituyan.

Salmain, titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, deberá responder por la supuesta facilitación de diez millones de dólares a Whpei en un contexto de restricciones cambiarias, lo que habría permitido realizar una operación financiera conocida como “rulo” mediante la compra de divisas al tipo de cambio oficial y su posterior venta en el mercado paralelo.

El eje de la investigación se centra en una resolución judicial firmada por Salmain en diciembre de 2023, que permitió a la empresa Attila Fideicomisos SRL, vinculada a Whpei, acceder a la compra de diez millones de dólares al valor oficial, cuando el dólar cotizaba a $379 y el tipo de cambio paralelo superaba los $950.

La operatoria, que consistía en adquirir divisas a precio oficial para luego venderlas en el mercado informal, fue autorizada por el juez sin requerir la opinión del Ministerio Público Fiscal y pese a la apelación inmediata del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario revocó la medida en marzo de 2024, dando la razón al BCRA, aunque para ese momento la transacción ya se había concretado.

El Ministerio Público Fiscal sostuvo en su dictamen que Salmain, Whpei y el escribano Santiago Busaniche “conformaron una instancia asociativa, con permanencia en el tiempo y dedicada a la comisión de distintos hechos delictivos”.

Además, la acusación concluyó: “Direccionaron una causa judicial con un cohecho de base cometido por ellos, el cual también derivó en los delitos funcionales de incumplimiento de deberes de funcionario público y de prevaricato. Estos últimos de plena autoría del magistrado, y como partícipes necesarios Whpei y Busaniche”.

La hipótesis de los fiscales apunta a que el negocio ilícito se habría frustrado parcialmente debido a la devaluación ocurrida en diciembre de 2023, tras la asunción del presidente Javier Milei. Según la investigación, la ganancia obtenida por la financiera habría sido de aproximadamente dos millones de dólares, de los cuales Busaniche y Salmain habrían recibido un diez por ciento cada uno.

El equipo de fiscales que lleva adelante la causa “Attila” está integrado por Federico Reynares Solari y Juan Argibay, de la Procuración de Lavado de Activos (PROCELAC), en colaboración con la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y el fiscal de Rosario Javier Arzubi Calvo.

El Ministerio Público Fiscal ya había impulsado un allanamiento al despacho de Salmain y el secuestro de su teléfono celular, aunque la primera tentativa se frustró por la filtración de la orden judicial en el sistema informático Lex 100.

Posteriormente, Salmain remitió un oficio a la Policía de Seguridad Aeroportuaria solicitando información sobre el procedimiento, lo que motivó la apertura de una nueva causa en su contra por abuso de autoridad, dado que el expediente se encuentra bajo secreto de sumario.

La investigación también reveló la existencia de una relación entre Salmain y Carlos Vaudagna, ex titular de la AFIP en Rosario y figura central en la presunta red de corrupción.

Un peritaje a un teléfono celular de Vaudagna confirmó que ambos mantuvieron comunicaciones y encuentros entre el 20 de diciembre de 2018 y el 9 de mayo de 2019, lo que derivó en la decisión de la Cámara Federal de Rosario de apartar a Salmain en febrero de dos causas en las que investigaba precisamente a Vaudagna.

El juez rosarino también enfrenta denuncias en el Consejo de la Magistratura, que podrían desembocar en su destitución. Los expedientes fueron remitidos a la Comisión de Acusación, presidida por el senador Luis Juez.

La primera denuncia refiere a un antecedente de Salmain, quien habría ocultado que fue despedido de la Justicia Federal porteña hace dos décadas por intentar sobornar a una empleada y desviar un expediente.

Además, el órgano disciplinario decidió avanzar con la investigación de la conducta del magistrado en el caso “Attila” y su relación con Vaudagna, a quien habría beneficiado al retener indebidamente expedientes en los que este último estaba imputado.