El reciente fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de la Capital Federal marcó un hito en la historia judicial argentina al ordenar el decomiso de más de 45 millones de dólares y condenar a Carlos Alberto Rohm, exvicepresidente del Banco General de Negocios, a cinco años de prisión por liderar una asociación ilícita dedicada al desvío de fondos de clientes. Esta sentencia, dictada el viernes pasado, se inscribe en el contexto del colapso financiero de 2001 y las maniobras para eludir el “corralito”, que perjudicaron a numerosos ahorristas.
El proceso judicial, que se extendió por más de un año y tres meses, involucró la intervención del fiscal general Abel Córdoba y del auxiliar fiscal Juan Manuel Gaset, quienes representaron al Ministerio Público Fiscal. La labor de la fiscalía contó con el apoyo técnico de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), dirigida por María Fernanda Bergalli, y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), bajo la titularidad de María del Carmen Chena.
Además de la condena a Rohm, el tribunal —integrado por los jueces Andrés Fabián Basso, Javier Feliciano Ríos y Fernando Machado Pelloni— impuso penas de tres años de prisión de ejecución condicional a otros ocho directores y funcionarios del banco: Rufino Basabilbaso de Alvear, Julio César Tielens, Adrián Darío Couce, Marcelo Claudio Muiño, Jorge Carlos Aguzzi, Hugo César Esquivel, Pedro Evaristo López y Horacio Darío Castrilli. Según la fiscalía, todos ellos integraban una estructura delictiva desde sus respectivos cargos.
El tribunal absolvió a todos los imputados respecto del delito de administración fraudulenta, debido a la prescripción de la acción penal en ese punto. No obstante, la fiscalía sostuvo que los condenados fueron responsables “de un caso arquetípico de manejo desleal, infiel, de los fondos confiados a las autoridades del Banco General de Negocios desde mediados de los años 90 hasta su cierre definitivo en 2002”, según afirmó el fiscal Córdoba en su alegato final durante el debate oral.
La sentencia dispuso el decomiso de 45.685.000 dólares a entidades financieras investigadas, de los cuales 25.494.000 dólares corresponden a Credit Suisse y 19.740.000 dólares a JP Morgan Chase Bank. Estos fondos deberán destinarse a la restitución de las víctimas afectadas, cuyo perjuicio económico se estimó en al menos 19.020.811 dólares. Asimismo, se ordenó el decomiso de los fondos provenientes de la venta de acciones de la empresa Química Estrella SA, que serán utilizados para el pago de la demanda por daño moral, fijada en 98.614.500 pesos.
Durante el alegato, desarrollado en tres audiencias entre septiembre y octubre, los representantes del Ministerio Público Fiscal acusaron a los imputados por asociación ilícita y administración fraudulenta. La fiscalía acreditó que “para el perfeccionamiento de la operatoria actuaron conjuntamente un grupo de personas que, por sus funciones dentro del banco o por su cercanía con algún miembro de la entidad, realizaron aportes imprescindibles para el éxito de la maniobra”, según consta en el informe de fiscales.gob.ar.
El fiscal Córdoba subrayó que Rohm, en su rol de directivo, utilizó la institución para desviar fondos confiados por los clientes mediante diversos mecanismos. Entre las maniobras identificadas, el Ministerio Público Fiscal destacó que ya en 1999, antes del colapso financiero, algunas autoridades emplearon el banco para beneficio propio a través de operaciones de compra y venta de bonos. También se documentaron conductas de asistencia financiera ilícita a empresas y personas vinculadas, captación marginal de fondos sin autorización y apropiación de títulos valores ajenos.
La investigación incluyó referencias a la participación de bancos internacionales en el entramado societario del grupo, señalando a directivos como William Harrison Jr. (J. P. Morgan), Bernd Fahr-holz (Dresdner Bank) y Lukas Miuhlemann (Credit Suisse), quienes fueron sobreseídos por prescripción.
El debate oral, iniciado el 4 de septiembre de 2024, contó con la presencia de representantes del Banco Central de la República Argentina, la querella unificada en representación de los damnificados y los apoderados de los civilmente demandados. Durante el proceso, declararon cerca de cien testigos, incluidas víctimas que perdieron sus depósitos y funcionarios del Banco Central que impulsaron la investigación a comienzos de los años 2000.
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