Lázaro Báez está internado desde el sábado en el Hospital “Dr. Eurnekian” de Ezeiza por algunas complicaciones en su salud. Los médicos recomendaron que se realice estudios clínicos, a los que el empresario -condenado a 15 años de prisión por las causas conocidas como “Ruta del dinero K” y “Vialidad”- será sometido durante este lunes.
Hace tan solo unas semanas, Báez fue nuevamente alojado en el Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza, tras ser derivado desde la Unidad Penitenciaria N° 15 de Río Gallegos. El traslado se aprobó para que, dadas sus condiciones de salud, esté detenido en un lugar más adecuado.
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Entre la serie de estudios que solicitaron se encuentran una endoscopia, una radiografía de estómago, así como también un análisis de laboratorio. Entre las afecciones que presenta el condenado figuran EPOC, hipertensión arterial, arritmia, diabetes, asma bronquial y trastornos gastrointestinales, según detalló su defensa.
La noticia llega luego de que se le haya rechazado el pedido de prisión domiciliaria, debido a su salud, y regresara al penal de Ezeiza. El cambio de lugar de detención fue ordenado por el juez federal de Río Gallegos Claudio Vázquez, quien autorizó su inmediato traslado a Buenos Aires en atención a su cuadro clínico. La decisión se produjo luego de que sus abogados presentaran un habeas corpus, solicitando que se garantizara su integridad física y denunciando un supuesto “agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención”.
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La defensa, a cargo de los letrados Yanina y Lucas Nicoletti, reclamó que Báez fuera internado en un centro médico especializado, como el Hospital SAMIC de El Calafate, pero esa posibilidad fue descartada por el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que alegó no contar con los medios necesarios para realizar un traslado hasta esa localidad, ubicada a más de 300 kilómetros de su anterior lugar de detención. En la audiencia ante el juez Vázquez, el SPF planteó su negativa con argumentos logísticos y operativos, lo que derivó en la decisión de alojarlo en Ezeiza.
El empresario, de 69 años, había permanecido en la Unidad 15 de Río Gallegos desde junio de 2025, cuando el Tribunal Oral Federal N° 4 resolvió revocar el régimen de arresto domiciliario que había tenido desde marzo de 2020. En ese momento, no pesaban sobre él condenas firmes. Sin embargo, tras la ratificación de las penas impuestas en las causas por lavado de dinero y direccionamiento de obra pública, se dispuso su ingreso a un penal federal.
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Los argumentos de la defensa
En el escrito presentado por sus defensores, se describió que Báez estaba alojado en un sector identificado en la jerga carcelaria como “buzón” o “leonera”, un espacio que definieron como de castigo, sin ventilación adecuada, sin baño, con filtraciones y una alimentación deficiente. Además, según indicaron, compartía un solo baño con veinte internos y se encontraba aislado durante más del 90% del tiempo, sin contacto social ni acceso a actividades recreativas.
En esa oportunidad, el juez de ejecución penal Néstor Costabel, presidente del TOF N° 4, dispuso una evaluación cardiológica completa, debiéndose incluir la realización de un electrocardiograma, ecocardiograma y laboratorio completo.
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También solicitó al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia que determine si Báez se encuentra “en estado crítico, con riesgo cierto de muerte súbita”, tal como argumentó la defensa con base en estudios médicos particulares.
En paralelo al operativo de traslado, los abogados denunciaron públicamente que durante varias horas desconocieron el paradero de su defendido. En una presentación elevada al Tribunal Oral Federal N° 4, advirtieron sobre “una situación de total incertidumbre tanto para su familia como para quien suscribe, que evoca prácticas propias de épocas que la República no puede repetir”.
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Además de la pena de 15 años que cumple por las causas “Vialidad” y “Ruta del dinero K”, Báez tiene otra condena –aún no firme– de tres años y seis meses de prisión, dictada por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, por apropiación indebida de aportes patronales correspondientes a empleados de Austral Construcciones y otras empresas vinculadas a su grupo.
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