Tras el rechazo de la prisión domiciliaria, Lázaro Báez volvió a la cárcel de Ezeiza

Este domingo por la mañana, Lázaro Báez ingresó nuevamente a la cárcel de Ezeiza, luego de ser trasladado desde la Unidad Penitenciaria N° 15 de Río Gallegos. Así lo había ordenado el juez federal Claudio Vázquez, quien rechazó la posibilidad de otorgarle la prisión domiciliaria pero dispuso que su alojamiento en un lugar con mejores condiciones, dado su delicado estado de salud.

Fuentes judiciales precisaron a Infobae que el empresario condenado por corrupción en la “Ruta del dinero K” y “Vialidad” empezó el proceso de traslado el sábado. Primero fue llevado por tierra hacia la ciudad de Trelew, en Chubut, donde se tomó un avión que lo llevó hasta Ezeiza. El operativo estuvo a cargo del Servicio Penitenciario Federal.

Hasta este mediodía, Báez permanecía en el Hospital Central Penitenciario de la cárcel para hacerse estudios y todavía no le habían asignado un pabellón. En ese sector del complejo penitenciario hay muy pocos presos. Uno de ellos es Fernando Sabag Montiel, el hombre que gatilló un arma en la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner.

La defensa de Lázaro Báez había presentado esta semana un habeas corpus en el que exigían su salida de la prisión de Río Gallegos, donde hasta ayer compartía un solo baño con otros 20 reclusos.

En ese escrito, definieron su lugar de alojamiento como un “buzón” o “leonera”, lo que “se conoce en la jerga carcelaria como lugar de castigo, carente de habitabilidad mínima, sin baño ni ventilación adecuada, con filtraciones y deficiente alimentación”.

A sus 69 años, el empresario padece EPOC, hipertensión arterial, arritmia, diabetes, asma bronquial y problemas gastrointestinales.

El juez Néstor Costabel, presidente del Tribunal Oral Federal N° 4 que tiene a cargo la ejecución de la condena de Báez, ordenó el jueves una “nueva evaluación cardiológica respecto del interno, debiéndose incluir la realización de un electrocardiograma, ecocardiograma y laboratorio completo”.

El magistrado también le pidió al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia que determine si Báez “se encuentra en estado crítico, con riesgo cierto de muerte súbita”, como sostiene -luego de un estudio médico de parte- su defensa, integrada por los abogados Lucas y Yanina Nicoletti.

Ese informe será determinante para definir el reclamo que sostiene el empresario para dejar la prisión y acceder a un régimen domiciliario.

El juez Costabel giró luego el habeas corpus hacia su par de Río Gallegos, Claudio Vázquez, quien convocó a una audiencia entre todas las partes. Allí se analizaron los argumentos de los defensores.

Al considerar que los fundamentos sanitarios que expusieron los abogados eran adecuados, el Juzgado Federal de Río Gallegos habilitó el sábado su inmediato traspaso hacia el Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza.

Báez había pedido quedar internado en el Hospital SAMIC de El Calafate, pero el Servicio Penitenciario Federal se opuso a esa posibilidad porque, según esgrimieron en la audiencia, no tenían los medios necesarios para trasladarlo hasta esa ciudad, ubicada a unos 300 kilómetros de la Unidad Penitenciaria N° 15.

Además, luego de varias horas de discusión sobre la ejecución de la pena, el juez Vázquez concluyó que no se comprobó un “agravamiento ilegítimo de las formas y condiciones de detención”.

En medio del traslado de Santa Cruz a Buenos Aires, los defensores perdieron contacto con Báez y, como desconocían su paradero, salieron a denunciar “una situación de total incertidumbre tanto para su familia como para quien suscribe, que evoca prácticas propias de épocas que la República no puede repetir”, según plasmaron en una presentación que hicieron ante el TOF N° 4.

Por “Vialidad” y la “Ruta del dinero K”, Lázaro Báez purga una pena unificada de 15 años de prisión. Además tiene otra sentencia -que todavía no está firme- impuesta por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, que condenó al empresario a tres años y seis meses de cárcel por la apropiación indebida de los aportes de los trabajadores Austral Construcciones y otras empresas.