La Cámara Federal de Casación Penal habilitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) a continuar como querellante en una investigación por presunto lavado de dinero vinculada a la compra y explotación del Hotel Waldorf en la ciudad de Buenos Aires y habilitó así la revisión del sobreseimiento del empresario Osvaldo Sanfelice, histórico socio de la familia Kirchner.
La decisión por mayoría fue de la Sala IV del máximo tribunal penal federal del país, que hizo lugar al recurso presentado por la UIF, revocó una resolución que la había apartado como parte en el expediente y dispuso que a raíz de ello avance el análisis de la apelación que había presentado contra el sobreseimiento de Sanfelice.
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De esta manera, Casación dejó sin efecto una resolución de la Sala II de la Cámara Federal porteña que había confirmado el apartamiento de la UIF como querellante a partir del 16 de abril de 2025, fecha en la que entró en vigencia el Decreto 274/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, que derogó la norma que habilitaba al organismo antilavado a actuar como parte acusadora en causas penales.
Una compra “en comisión”
La denuncia que originó la causa judicial tuvo como hipótesis central que Sanfelice apareció como comprador y dueño del Hotel Waldorf en 2009 cuando, en realidad, habría actuado como presunto testaferro del fallecido ex presidente Néstor Kirchner. Según la acusación, luego de la compra por parte de Sanfelice la actividad comercial del establecimiento habría sido utilizada para disimular ingresos provenientes de delitos mediante la facturación de habitaciones. Es decir, se habría usado al lugar como “pantalla”.
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Sanfelice adquirió el hotel en 2009 “en comisión”, es decir a nombre de un tercero no identificado y el pago se hizo en efectivo. Años después lo inscribió como propio. En su denuncia, Margarita Stolbizer aludió a presuntos “huéspedes fantasmas” que durante años ocuparon habitaciones por las que se habrían facturado ingresos.
El rol de la fiscalía antilavado
Los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo votaron por restituir a la UIF su condición de querellante. Hornos sostuvo que, si bien el decreto presidencial derogó la facultad de la UIF para intervenir como querellante en nuevos procesos, ello no puede interpretarse de modo tal que prive de eficacia a los actos procesales realizados válidamente durante la vigencia del régimen anterior.
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“Las normas procesales rigen de manera inmediata, pero no tienen efecto sobre situaciones jurídicas ya consolidadas”, sostuvo el magistrado. En ese sentido, destacó que la UIF fue admitida como parte acusadora con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo decreto y participó en actos sustanciales del proceso, por lo que se le debe reconocer la posibilidad de continuar ejerciendo los derechos propios de esa condición. “Las normas procesales rigen de manera inmediata, pero no tienen efecto sobre situaciones jurídicas ya consolidadas”, sostuvo el magistrado. Carbajo adhirió a esos fundamentos.
En disidencia, el juez Mariano Borinsky entendió que la decisión de apartar a la UIF fue ajustada a derecho. Recordó que el Decreto 274/2025 derogó otro de 2008, que autorizaba al organismo a intervenir como querellante en causas vinculadas con delitos de lavado de activos, y concluyó que actualmente carece de facultades legales para ejercer ese rol, sin perjuicio de la validez de los actos realizados con anterioridad.
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Con la resolución de Casación, el expediente volverá al tribunal de origen para que se analice la apelación presentada por la UIF contra el sobreseimiento de Sanfelice, dispuesto en el caso por el juez federal Daniel Rafecas tras años de investigación y múltiples medidas de prueba, que incluyeron allanamientos al hotel, pedidos de informes financieros y bancarios.
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