Una mujer sufrió un accidente de tránsito en 2017. Contrató a una abogada para que llevara adelante el juicio, a fin de obtener la indemnización que entendía le correspondía por los daños y perjuicios sufridos en el siniestro.
La profesional inició el proceso judicial, pero luego no activó el expediente ni realizó los pasos necesarios para que avanzara. Por esa falta de impulso, un juzgado nacional en lo Civil declaró la caducidad de instancia y el caso quedó cerrado, sin que la clienta pudiera obtener una reparación económica.
La víctima del accidente demandó entonces a su abogada. La jueza consideró probado que hubo un incumplimiento profesional. Por eso condenó a la letrada a pagarle una indemnización de más de $3 millones con intereses.
En enero de 2017, la clienta había sufrido un accidente de tránsito en Santa Clara del Mar, al ser embestida por un automóvil mientras caminaba. Con el fin de reclamar la indemnización por los daños sufridos, contrató a la abogada, quien al año siguiente inició el juicio. Sin embargo, al poco tiempo, el expediente quedó paralizado sin que la letrada impulsara nuevas actuaciones.
Según la demanda, la falta de diligencia de la abogada derivó en que en 2020 el juzgado decretó la caducidad. Pese a los reiterados intentos para comunicarse con su abogada, esta nunca respondió ni renunció formalmente al patrocinio, abandonando el caso sin aviso. Recién en 2023, al consultar con un nuevo abogado, descubrió que su causa había quedado archivada y que, además, ya había prescrito el derecho a iniciar una nueva presentación.
La clienta había argumentado que cuando se enteró de la caducidad de su expediente ya no era posible iniciar otro juicio, porque había transcurrido el plazo legal desde la fecha del accidente (prescripción). Sostuvo que, por la falta de acción de su abogada, perdió la oportunidad de acceder a una indemnización e incluso de reclamar un monto mayor si se hubieran producido más pruebas en el proceso.
Durante el juicio, se analizaron los documentos del expediente y las notificaciones recibidas tanto por la clienta como por la abogada. Se indicó que la profesional había recibido la designación y la documentación necesaria para llevar adelante el reclamo. Si bien la demanda por el accidente fue presentada, la causa quedó paralizada porque la abogada no realizó los trámites ni impulsó el caso dentro del plazo exigido.
El fallo también detalló que la representada hizo gestiones para seguir el trámite y se comunicó con la abogada para pedir información sobre el expediente. Sin embargo, estos intentos no consiguieron que la profesional avanzara con los pasos que requería el proceso judicial. Como resultado, la clienta perdió la posibilidad de cobrar una indemnización por el accidente de tránsito.
El juzgado determinó que la responsabilidad recaía exclusivamente en la abogada por no cumplir con las obligaciones de su mandato. La sentencia desestimó la demanda contra una segunda apoderada, y fijó el monto de la indemnización tomando en cuenta era muy probable la chance de obtener un resultado favorable en la causa por el accidente.
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