El proceso judicial que involucró a cuatro exfuncionarios de la empresa estatal Energía Argentina S.A. (Enarsa), creada durante la gestión kirchnerista, concluyó con penas de prisión en suspenso tras la confesión de los implicados en un esquema de defraudación.
El Tribunal Oral Federal N° 2, bajo la dirección del juez Néstor Costabel, homologó un juicio abreviado en el que los acusados admitieron su responsabilidad a cambio de condenas de dos años y dos años y medio de prisión en suspenso.
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La investigación reveló que Claudio Miguel Fernández, Juan Carlos Teso, Alejandra Marcela Tagle y Rodrigo Maximiliano Palacios participaron en una maniobra fraudulenta al contratar a la empresa P&D Control Group S.R.L. para la inspección de plantas refinadoras.
Esta firma, constituida por Paula Gabriela Merlo, esposa de Fernández, resultó beneficiada de manera irregular mediante el concurso privado de precios COMB. 03/2010, que culminó con la adjudicación de $1.080.000 en 2010, superando los límites establecidos y eludiendo la competencia requerida.
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El fallo también declaró la prescripción de la acción penal y el sobreseimiento de Raúl Alberto Argañaraz, Ernesto Gabriel Mazzola y Juan Fernando Giovachini, quienes enfrentaban cargos de violación de los deberes de funcionarios públicos, delito de menor gravedad. El acuerdo de juicio abreviado fue resultado de negociaciones entre la defensa y la fiscalía encabezada por Diego Luciani.
La acusación se centró en las irregularidades detectadas en el proceso de contratación realizado por Enarsa en 2010. La fiscalía sostuvo que varios funcionarios se interesaron directamente en la adjudicación del servicio de inspección a P&D Control Group S.R.L., comprobándose que Fernández favoreció a la empresa de su esposa.
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El tribunal determinó que los condenados actuaron de manera coordinada desde el interior de la compañía estatal para concretar la contratación irregular.
Los detalles de la sentencia
En la sentencia, el juez Costabel impuso a Fernández una condena de dos años y seis meses de prisión en suspenso, mientras que Tagle, Teso y Palacios recibieron penas de dos años. Todos fueron considerados coautores de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
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Entre los factores agravantes, el tribunal valoró la condición de funcionarios públicos y el nivel educativo de los acusados, aunque la ausencia de antecedentes penales permitió la aplicación de la ejecución condicional de la pena.
Durante el tiempo de condena, los sentenciados deberán fijar residencia y someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.
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El principal acusado, Exequiel Espinosa, extitular de Enarsa, no llegó a ser juzgado debido a su fallecimiento el 30 de septiembre del año pasado en una clínica de Córdoba.
A pesar de haber aceptado y ratificado el acuerdo de juicio abreviado, Rodrigo Maximiliano Palacios intentó posteriormente desconocer sus términos y recurrió la sentencia ante la Cámara de Casación. El juez Costabel rechazó finalmente el recurso presentado.
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