El avance de la investigación judicial contra el exjuez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, derivó en la extensión de su prisión domiciliaria por seis meses adicionales, hasta el 23 de marzo de 2026, y en la ampliación de la imputación en su contra por los delitos de dádivas y lavado de activos.
La decisión fue adoptada por el juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz en una audiencia celebrada en los Tribunales Federales de Rosario, donde también se dispuso un aumento del embargo sobre los bienes del exmagistrado, que ahora asciende a 685 millones de pesos, según informó el sitio del Ministerio Público Fiscal.
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Nuevas pruebas
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Procuración contra el Narcotráfico (PROCUNAR) presentaron nuevas pruebas que vinculan a Bailaque con el cobro de más de 5 millones de pesos en concepto de alquileres de un inmueble de su propiedad en Caleta Olivia (Santa Cruz).
Según la acusación, estos pagos se realizaron a través de la mutual Siempre Joven Asociación Mutual, entidad relacionada con el financista rosarino Fernando Whpei, quien también se encuentra detenido y enfrenta cargos por extorsión y por promover denuncias falsas en coordinación con el exjuez.
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El fiscal de la PROCELAC, Juan Argibay Molina, detalló que Bailaque habría recibido $5.719.194 en pagos mensuales desde enero de 2019 hasta enero de 2025, periodo en el que ejercía como titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N°4 de Rosario.
Estos fondos, según la hipótesis fiscal, se canalizaron mediante un contrato de locación del inmueble ubicado en presidente Hipólito Yrigoyen 29 (ex 2044), en Caleta Olivia, propiedad de Bailaque. La investigación sostiene que la mutual Siempre Joven, con sede en Wilde (Buenos Aires) y sin sucursal en Santa Cruz, nunca ocupó efectivamente el inmueble.
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Poco después de firmar el contrato, Whpei cedió gratuitamente el uso de la propiedad a la mutual 12 de Septiembre, a pesar de que el contrato prohibía expresamente la cesión o sublocación, según expuso Argibay Molina.
La hipótesis de la fiscalía
La fiscalía considera que el alquiler funcionó únicamente como un mecanismo para transferir dinero a Bailaque en razón de su cargo judicial.
El fiscal presentó un desglose de los depósitos bancarios realizados por Siempre Joven en la cuenta personal del exmagistrado en el Banco Patagonia, y -siempre de acuerdo con la imputación- Bailaque incluyó estos ingresos en sus declaraciones juradas patrimoniales ante el fisco y el Consejo de la Magistratura, presentándolos como ingresos lícitos.
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El fiscal sostuvo que “como consecuencia de este proceder, recibió beneficios económicos indebidos por parte de Whpei, motivados exclusivamente por su calidad de juez federal, que fueron confundidos con la actividad comercial de locación, facturados, expuestos en declaraciones juradas patrimoniales y puesto, de ese modo, en circulación en el mercado”.
La acusación formal atribuye a Bailaque la comisión de 72 hechos de recepción de dádivas, en concurso real con el delito de lavado de activos agravado por habitualidad, todo ello en calidad de autor penalmente responsable.
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La investigación se apoyó en reportes de movimientos bancarios, transferencias de dinero y facturas emitidas por Bailaque. Según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el exjuez facturó servicios de alquiler por un total de $5.145.722. Además, personal de Gendarmería Nacional verificó en la Oficina de Planificación (Catastro) de Caleta Olivia que Bailaque es titular del inmueble en cuestión, y se recabaron testimonios de profesionales que participaron en la redacción del contrato original.
Durante la audiencia, Bailaque negó los cargos y declaró que el inmueble por el que percibió los alquileres forma parte del patrimonio familiar, recibido por su cónyuge como honorarios profesionales antes de que él asumiera como juez federal.
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La prórroga de la preventiva
En cuanto a las medidas cautelares, el fiscal general de la PROCELAC, Diego Velasco, solicitó la prórroga de la prisión preventiva domiciliaria por 90 días para Bailaque y para Gabriel Mizzau, excontador del magistrado, y pidió ampliar el embargo hasta cubrir la suma de 685 millones de pesos.
Velasco argumentó que persisten medidas pendientes, la imputación original y el peligro procesal, y recordó que, aunque se incautaron 58 dispositivos electrónicos (teléfonos, discos externos, computadoras, pendrives y memorias), aún no se ha logrado acceder al teléfono celular de Bailaque, que podría aportar información relevante para la causa.
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El juez Da Cruz, tras analizar la complejidad del caso, la gravedad de los hechos y la expectativa de pena, rechazó los planteos de las defensas, confirmó la ampliación de la imputación y prorrogó la prisión domiciliaria de Bailaque por 180 días, con vencimiento el 23 de marzo de 2026, además de ampliar el embargo a 685 millones de pesos. En el caso de Mizzau, la prisión domiciliaria se extendió hasta el 10 de noviembre de 2025.
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