Detuvieron a un hombre acusado de amenazar de muerte al juez de Casación Mariano Borinsky

En el marco de un operativo dispuesto por el Ministerio de Seguridad, agentes del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a un hombre acusado de haber amenazado de muerte, a través de la red social X -ex Twitter-, al juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky.

El camarista denunció en junio que había sido intimidado por un posteo antisemita realizado desde una cuenta anónima con nombre de fantasía. El mensaje, en el que se lo calificaba como “sionista que aplica la justicia violando todos los principios jurídicos y constitucionales y que debería ser colgado en una plaza pública por infiltrado y traidor”, hacía referencia a su condición de judío. Al presentarse en la justicia, el magistrado vinculó la amenaza con la causa "Vialidad“, en la que intervino para confirmar la condena a seis años de prisión contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por fraude al Estado en la concesión de obras públicas en Santa Cruz.

La publicación motivó también la denuncia de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que se presentó en calidad de querellante en el expediente. De esta forma, tanto la institución como el propio juez reclamaron la intervención judicial para investigar la intimidación y los mensajes de odio.

La investigación quedó a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y del fiscal Gerardo Pollicita. Este último impulsó casi un centenar de medidas de prueba, que incluyeron peritajes informáticos y pedidos de informes a diferentes plataformas digitales para identificar al autor de las agresiones. Con la coordinación del Departamento de Investigaciones Antimafia de la PFA, se llegó a determinar que el responsable era Adrián Héctor Patane, un abogado argentino de 55 años y residente en el barrio porteño de Caballito.

De acuerdo a la pesquisa, el mismo usuario de X ya había difundido mensajes de odio religioso y expresiones de violencia hacia distintas figuras públicas y políticas del país, en los que incluso promovía el uso de armas de fuego. Con esos elementos, la jueza Capuchetti ordenó allanamientos simultáneos en su domicilio de avenida Acoyte y en la vivienda de sus padres, ubicada en la calle Olaya, ambos en la Ciudad de Buenos Aires.

Los procedimientos permitieron la detención del sospechoso, además del secuestro de dos celulares que serán peritados con el fin de recabar más evidencias. El detenido quedó a disposición del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°5 por los delitos de amenazas con armas o anónimas y apología del delito. En ese acto no presentó abogado y por derecho propio pidió la exención de prisión, que podría ser validada por el fiscal Pollicita a través de un dictamen donde, además, le pediría a la jueza juzgado que lo intime a no realizar este tipo de publicaciones en redes sociales

En rigor, el Código Penal establece en su artículo 149 bis que quien “hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas” será reprimido con prisión de seis meses a dos años. A su vez, el artículo 149 ter dispone que si la amenaza es anónima o proferida con el empleo de armas, la pena se agrava y puede oscilar entre tres y seis años de cárcel.

El artículo 213, por lo demás, castiga con prisión de un mes a un año a quien “hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito”. Se trata de una figura que sanciona la justificación o exaltación de conductas criminales, al entender que tales expresiones ponen en riesgo el orden público. En este caso, los mensajes del imputado incluyeron la promoción del uso de armas y expresiones de odio que encuadrarían en esa figura penal.

Las penas contempladas en ambos ilícitos podrían ser aumentadas en virtud de la Ley N° 23.592 contra actos discriminatorios.

El juez Borinsky, junto con sus colegas Gustavo Hornos y Javier Carbajo, integró la sala de la Casación que confirmó la condena en el caso Vialidad. Además, revisó las condiciones de cumplimiento de la sentencia, entre ellas el uso de una tobillera electrónica y el régimen de visitas de la exmandataria.

La investigación seguirá con el análisis del material secuestrado. A su vez, el imputado será indagado este martes en los tribunales federales de Comodoro Py.