La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó una decisión del Tribunal Oral Federal 4 en relación al decomiso de los bienes de Lázaro Báez con condena firme en la causa Ruta del Dinero.
La abogada del empresario, Yanina Nicoletti, había reclamado al TOF 4 que se certifiquen los bienes que forman parte del decomiso y aquellos que se encuentren afectados a medidas cautelares.
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El tribunal había contestado que la totalidad de la causa se encontraba a disposición de la parte para ser compulsada digitalmente o en formato papel, y que no resultaba ser una tarea a su cargo el relevamiento de actos o medidas procesales para las partes.
Apelación mediante, los camaristas Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos consideraron que la defensa del empresario no demostró la existencia de un agravio de imposible o tardía reparación ulterior.
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De este modo, el proceso de recupero de los activos sigue en curso para completar el último tramo de una causa iniciada en 2013, como consecuencia de una investigación periodística difundida en el programa televisivo Periodismo para todos, conducido por Jorge Lanata.
El decomiso
El TOF 4 puso en marcha el proceso para ejecutar los bienes de Lázaro Báez y de su hijo Martín Báez, tal como lo establece la sentencia condenatoria firme en Ruta del Dinero, por un monto superior a los 50 millones de dólares.
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La Justicia tiene registrados unos 440 bienes inmuebles, 972 vehículos y máquinas viales, además de cuentas en el extranjero, por USD 54.872.866,69, por el lavado de dinero cometido entre los años 2010 y 2013.
Según la tasación que se realizó en noviembre de 2017, el valor total de los activos a decomisar sumaba 3.058.871.300 pesos, equivalentes a 205.134.525 dólares según el tipo de cambio del momento.
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El propósito de los decomisos es recuperar el dinero obtenido por delitos de corrupción vinculado con la obra pública y luego blanqueado a través de operaciones concretadas en la financiera reconocida como “La Rosadita”.
Entre estos bienes hay departamentos y hoteles en El Calafate, Río Gallegos, Lago Puelo y Comodoro Rivadavia, junto con estancias de miles de hectáreas.
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La Justicia identificó en Suiza USD 907.202 que se encontraban invertidos en la cuenta 51148100 de la sociedad Tyndall Inc. Limitada, en el Banco Lombard Odier.
En tanto, en Bahamas se requirió la repatriación de 2.981.646,12 euros de la cuenta 590201 del Banco CBH y 1.009.391,16 euros de la cuenta 590207 de la misma entidad, ambas a nombre de Eastern Shoreline Limited.
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La sentencia también ordenó el recupero de los fondos obtenidos mediante la subasta de dos aeronaves: un Rockwell Commander con matrícula LV-MBY y un Learjet con matrícula LV-BPL.
La investigación patrimonial se desarrolló bajo la dirección del fiscal federal Guillermo Marijuán, quien se trasladó a Santa Cruz personalmente en 2016.
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Un equipo del Ministerio Público Fiscal, con el apoyo del Cuerpo de Tasadores de la Nación, recorrió durante meses cada lugar donde podía existir un bien registrado a nombre de Báez, sus familiares o sociedades conectadas.
Hubo más de 300 procedimientos en los que se incautaron inmuebles y encontraron 19 empresas en las que el empresario de la construcción tenía participación directa o indirecta.
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