Cuadernos de la corrupción: incorporan las declaraciones de los arrepentidos como prueba en el juicio oral

En el marco de la megacausa conocida como “Cuadernos de la corrupción”, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 resolvió incorporar como prueba las confesiones de empresarios y exfuncionarios vinculadas a una presunta red de sobornos en la obra pública entre 2005 y 2015, bajo las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. La decisión surge a dos meses del inicio del debate oral, que tendrá en el banquillo un total de 74 acusados.

El fallo llevó la firma de los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, quienes precisaron los elementos de prueba que serán evaluados a lo largo del inminente proceso. Allí se dispuso sumar los legajos de 24 arrepentidos -incluidos Oscar Centeno, autor de las anotaciones; exfuncionarios del kirchnerismo como José López y Claudio Uberti; y empresarios contratistas como Carlos Wagner, Aldo Roggio, Enrique Pescarmona y Juan Chediack-. El tribunal aclaró, sin embargo, que la veracidad de esos testimonios se analizará durante el desarrollo del debate.

En paralelo, el TOF 7 convocó para este viernes 12 de septiembre a una audiencia clave por Zoom. Unos 36 imputados buscan aplicar la figura de la “reparación integral” prevista en el Código Penal para evitar sentarse en el juicio oral. Con este mecanismo, los acusados ofrecerían una compensación económica que podría rondar los 40 millones de dólares a cambio de sus sobreseimientos.

La convocatoria fue realizada por el juez Méndez Signori, presidente del tribunal, quien citó a las defensas para exponer sus propuestas. La audiencia será pública y cada imputado contará con diez minutos para fundamentar su planteo junto a su defensa. Luego, en un plazo de 48 horas, deberán formalizarlo por escrito.

En la misma instancia estará presente la fiscal federal Fabiana León, quien deberá expedirse sobre cada una de propuestas, así como la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en el caso. Finalmente, el propio tribunal tendrá la última palabra en torno a una eventual homologación de los acuerdos que, si prosperan, reducirían sensiblemente el número de acusados.

La investigación penal de este caso se inició a partir de los escritos de Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, subsecretario de Coordinación y Control de Gestión y mano derecha del entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Centeno registró durante años recorridos, paradas, encuentros y la entrega de bolsos con dinero que trasladaba en su Toyota Corolla, con Baratta como pasajero.

Los ocho cuadernos suman 477 páginas, donde el conductor detalló kilometrajes, fechas, direcciones, nombres y montos. Allí aparecen encuentros en hoteles, oficinas, estacionamientos de empresas y hasta en la Quinta presidencial de Olivos. Según la acusación, se trataba de un mecanismo sistemático de recaudación de sobornos de empresas contratistas de obra pública.

Cristina Fernández de Kirchner, actualmente bajo prisión domiciliario en su departamento de la calle San José 1111 por la condena en la causa Vialidad, encabeza la lista de imputados. La acompañan De Vido y Baratta, además de otros exfuncionarios de confianza como José López -recordado por los bolsos con millones de dólares en el convento de General Rodríguez-, Juan Manuel Abal Medina, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y Héctor Daniel Muñoz, ex secretario privado del expresidente Néstor Kirchner, cuya acción penal resultó extinguida tras su fallecimiento en 2016.

Entre otros nombres, aparece en la causa Ernesto Clarens, señalado como financista y cobrador de sobornos y procesado en múltiples expedientes por lavado de dinero. También figuran Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri; y los mencionados Aldo Roggio, vinculado históricamente a los subterráneos porteños; Enrique Pescarmona, referente de la industria metalúrgica; y Carlos Wagner, expresidente de la Cámara de la Construcción. Muchos de ellos declararon en calidad de arrepentidos, admitieron pagos y aseveraron que fueron presionados para contribuir a campañas electorales o mantener contratos de obra pública.

En total, 626 testigos están citados a declarar durante el juicio oral, que se llevará a cabo por medios virtuales y se extenderá durante varios meses.