
“Yo tengo respeto por la justicia, esta causa se inició con un juez de quien sí no tengo respeto”, con esas palabras el expresidente Alberto Fernández se refirió al magistrado Julián Ercolini, a quien recusó en dos oportunidades. Fue en el marco de la audiencia ante los camaristas Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun de este martes, en la que pidió anular y eventualmente revocar su procesamiento en el expediente “Nación Seguros”.
Previo al inicio de la exposición de su abogada Mariana Barbitta, el ex mandatario convidó a los presentes pastillas de miel y sostuvo unas pocas e informales palabras con los tres camaristas, en particular con el juez Irurzun, a quien le contó una breve anécdota.
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En la audiencia, calificó de “absurdo” que se le impute la creación del cargo de secretaria, argumentando que cada presidente organiza su gabinete según las necesidades de su gestión. Puntualmente y sobre la designación de María Cantero, Fernández reconoció conocerla desde hace años, pero aseguró que ni él ni su equipo participaron en la contratación de seguros, ya que esa responsabilidad recae en otras áreas del Estado.
Fernández explicó el contexto del “yo me ocupo” en una conversación por WhatsApp con Cantero, indicando que su preocupación era evitar que la designación de un asesor de seguros se convirtiera en un mecanismo de recaudación para la campaña electoral. “Lo que temí es que ese sea un modo de recaudación indirecta para la campaña. Y lo que pedí es que, por favor, revisen lo que estaba pasando”.
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Su intervención en la audiencia
A lo largo de los poco más de 40 minutos que duró la intervención del exjefe de Estado, en la que estuvo Infobae, Fernández insistió en que el Decreto 83/2021 no benefició a los productores de seguros, sino que, por el contrario, limitó sus comisiones y centralizó la contratación en Nación Seguros. “El dinero del Estado queda en el Estado, todos los seguros del Estado van a Nación Seguros”, sostuvo.
Según el ex mandatario, esa decisión ejecutiva permitió que los fondos generados se utilizaran para subsidiar tasas en situaciones de emergencia, como la sequía o el impulso de políticas industriales. “¿Cuál es el perjuicio?”, preguntó, “si alguien sufrió un perjuicio, creo que fueron los productores de seguros. Porque, por ejemplo, antes aseguraban un edificio y cobraban el treinta por ciento de comisión, y ahora no podían cobrar más de diez”.
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El ex presidente también destacó que la intermediación en la contratación de seguros quedó expresamente prohibida por el decreto, aunque la figura del asesoramiento se mantuvo vigente, en línea con la Ley 22.400. Explicó que la mayoría de los organismos estatales no cuentan con asesores de seguros y que la decisión de solicitar uno dependía de cada jefe de organización, sin que él interviniera en esas decisiones.
En relación con la acusación de negociación incompatible, Fernández cuestionó la existencia de un perjuicio para el Estado y subrayó que Nación Seguros pagaba comisiones significativamente menores que el promedio del mercado. “¿Saben cuál es la empresa que menos comisiones de seguros paga en Argentina? Nación Seguros. ¿Saben cuál es el promedio? 27%. ¿Saben cuánto paga Nación Seguros?, ocho”, remarcó.
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Sobre el supuesto conflicto de intereses por la relación de María Cantero con el broker Héctor Martínez Sosa, Fernández consideró que la figura es “asombrosa” y criticó que se le atribuya responsabilidad penal por hechos en los que no obtuvo beneficio personal ni causó daño al Estado. Rechazó haber influido en la contratación de seguros o en la designación de asesores y desafió a que se presenten pruebas o testigos que acrediten lo contrario.
“Tráiganme alguna prueba de que yo llamé a mi secretaria, o a un ministro, y le dije: ‘Che, estos seguros tienen que pasar por control del Estado’. Tráiganme un testigo que me diga eso. No lo van a encontrar porque nunca ocurrió”, enfatizó.
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Fernández también abordó la historia laboral de María Cantero, detallando que la conoció cuando era alumna y que, ante un posible conflicto de intereses, la trasladó fuera de la secretaría privada durante su gestión en la Superintendencia de Seguros. Solo la reincorporó cuando no existía incompatibilidad, ya en el ámbito del Banco Provincia.
En cuanto a la interpretación del decreto, Fernández explicó que su objetivo era restablecer el sistema que rigió en Argentina desde los años 50 hasta los 90, cuando la Caja Nacional de Ahorros y Seguros centralizaba la cobertura de los bienes estatales. Argumentó que esta política permitía que los recursos del Estado permanecieran dentro del sector público y se destinaran a políticas activas.
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“En el año 2023, Nación Seguros cobró cincuenta mil millones de pesos de primas de seguros del Estado. ¿Sabe a dónde van esos pesos? Esos pesos van a comprar bonos del Estado, van a plazos fijos en el Banco Nación y van a formar encaje en el Banco Nación, pero porque el Banco Nación puede desarrollar políticas activas”, explicó.
El ex presidente también abordó la política de coaseguros y la diferencia entre intermediación y asesoría. Fernández insistió en que el decreto solo habilitó a Nación Seguros a distribuir el riesgo entre varias compañías, sin delegar la totalidad de la cobertura.
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Finalmente, Fernández reiteró que nunca participó en negociaciones para beneficiar a terceros ni obtuvo ventajas personales. “Yo en mi vida manejé un lápiz del Estado. Yo en mi vida recibí un centavo de nadie. Yo en mi vida tuve negociaciones, negocios con alguien. La verdad es que me estén acusando de que yo estaba para la venta de seguros del Estado, es ridículo”, concluyó.
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