La Fundación Poder Ciudadano se presentó ante el Juzgado Federal Nº 11 para solicitar su participación como querellante en la causa donde se investiga el presunto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad a partir de la compra directa de medicamentos a la droguería Suizo Argentina.
El pedido fue formalizado por el presidente de la organización, Pablo Secchi, junto a los abogados Hugo Wortman Jofré y Tomás Brady, quienes firmaron el escrito presentado ante el juez Sebastián Casanello. Si el magistrado acepta la petición, la ONG tendrá acceso al expediente y podrá impulsar su propia acusación a la par de la del fiscal Franco Picardi.
En el escrito presentado en el Juzgado, Poder Ciudadano argumentó que los hechos investigados en la causa resultan, sin lugar a dudas, comprensivos de los intereses colectivos que representan. Se sostuvo que la corrupción no tiene una víctima individualizable, sino que el interés afectado es el normal funcionamiento de los servicios del Estado y las arcas públicas.
“La transparencia es un interés colectivo cuya contra cara es la corrupción y como tal los delitos de corrupción permiten incluir a las organizaciones que bregan por su erradicación”, alegó la fundación.
Por otro lado, remarcaron que al encontrarse la investigación bajo secreto de sumario, resulta complejo “ahondar en mayores precisiones” sobre los hechos.
La Fundación Poder Ciudadano es una organización apartidaria y sin fines de lucro que se fundó en 1989 por un grupo de personas que estaban interesadas en la defensa de los derechos cívicos. Desde sus inicios, sus directivos consideraron la igualdad de género, la diversidad político-partidaria y de clases sociales como criterios de integración, compartiendo valores comunes para construir un pensamiento cívico que trascendiera el voto y fortaleciera la democracia. Entre sus objetivos fundacionales se encuentra la promoción de la participación ciudadana y la concientización sobre problemas de interés público.
Desde 1993, fue elegida como el Capítulo Argentino de Transparency International, una organización global líder en la lucha contra la corrupción.
La fundación ya fue reconocida como parte querellante en otras actuaciones judiciales. Entre otras, tomaron intervención en el caso de Julio “Chocolate” Rigau, que tramitó ante el Juzgado de Garantías Nº 1 de La Plata.
Cómo avanza la causa
Todavía sin imputaciones formales, los dueños de la droguería Suizo Argentina, presentaron este lunes un nuevo escrito en el que buscan frenar la investigación por presuntos hechos de corrupción. La defensa alegó la existencia de “cosa juzgada” similar que tramitó en otro juzgado, aunque de acuerdo con la jurisprudencia solo podría aplicarse si hubiera existido una imputación previa con posterior sobreseimiento, algo que no sucedió.
El viernes pasado, en simultáneo con los allanamientos realizados en la compañía, el abogado de los dueños del lavoratorio, Martín Magram, había ingresado un primer planteo: un pedido de nulidad del proceso judicial en marcha.
Ese recurso inicial ponía en duda la validez de la grabación atribuida a Diego Spagnuolo —ex titular de la ANDIS—, señalada como el disparador de la causa penal. Además, cuestionaba “el modo en que se obtuvo la investigación”, insinuando irregularidades en el origen de la prueba.
Además, está bajo la lupa de la Justicia la actuación de Daniel Garbellini, ex funcionario de Andis; Eduardo “Lule” Menem, asesor; Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; y el propio presidente Javier Milei.
De momento, la investigación del fiscal Picardi se centra en el análisis de los teléfonos secuestrados, la documentación incautada en Nordelta y la verificación de las compras que hizo el Estado a la droguería.
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