El Consejo de la Magistratura aprobó el presupuesto judicial para 2026

En una audiencia plenaria realizada este miércoles, el Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó el presupuesto del Poder Judicial para el año 2026, que asciende a una suma de $2.007.943.778.229. La sesión incluyó referencias al fallo “Levinas” de la Corte Suprema, que le otorgó mayor poder de acción al Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires. Al respecto, el juez Horacio Rosatti expresó que la cuestión del traspaso de la justicia nacional a la órbita porteña corresponde a los “poderes políticos”.

La votación se resolvió con 15 votos a favor y 5 abstenciones. Según se informó desde el organismo, la sesión comenzó con la totalidad de los consejeros presentes, dos de ellos conectados de manera virtual. En el transcurso del encuentro, a su vez, se resolvió suspender y enviar a juicio político al juez federal de Mar del Plata Martín Poderti, acusado de haber robado 144 monedas de oro que estaban incautadas en una causa judicial cuando se desempeñaba como secretario de la Justicia Federal de San Martín.

Durante el debate presupuestario, los representantes del sector ligado al kirchnerismo cuestionaron que desde hace dos años el país no cuenta con un presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación. El diputado Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria) habló de la “pauperización institucional de nuestro país”, criticó la deuda con el Fondo Monetario Internacional durante la gestión de Mauricio Macri e impugnó “lo que están haciendo ahora con la deuda pública”. También expresó su discrepancia con los recursos asignados al edificio de Comodoro Py 2002, sede de la Justicia Federal porteña, y cuestionó a la jueza María Eugenia Capuchetti por la investigación sobre el intento de homicidio de Cristina Kirchner.

A su turno, el senador Mariano Recalde (Frente Nacional y Popular) se sumó a esas críticas. Luego formuló su oposición a la permanencia de los jueces de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y pidió avanzar con el concurso para cubrir esas vacantes.

El diputado Álvaro González (PRO) respondió a esas intervenciones y recordó que el ex ministro de Economía Sergio Massa había sido el primero en retirar el presupuesto de 2024 en una decisión que ratificó la actual gestión. “Es lo que tenemos. El que maneja la plata no es el Poder Judicial. El que maneja la plata es el Poder Ejecutivo. En ningún momento se dejaron de pagar los salarios”, afirmó.

González decidió acompañar el presupuesto judicial tras considerar que “no es el que quisiéramos, es el posible”.

La diputada de Unión por la Patria Vanesa Siley pidió que se atiendan los planteos del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU) para integrar las paritarias y después cuestionó la participación de jueces en la comisión de Disciplina del Consejo. Además, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, en representación del Poder Ejecutivo en el organismo, dijo: “Parece que el país existe desde hace un año y diez meses. Todos saben que no es así pero no lo mencionan. La situación edilicia del Poder Judicial es complicada desde hace muchos años, la implementación del acusatorio fue abonado 100 por ciento por el Ministerio de Justicia de la Nación, y es cierto que tenemos alguna deuda que tenemos que pagar. Y el presidente de este cuerpo se ocupa de que devolvamos la plata que adelantaron”.

El secretario de la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona ponderó al titular de la Corte Suprema, a quien calificó de ser un “un férreo peleador del salario de todos los judiciales”. Luego subrayó: “por supuesto que no es el ideal el presupuesto y que todos quisiéramos tener más plata para hacer un montón de cosas. Pero el país no empezó hace un año y diez meses y venimos de una economía espectacular. Dejaron tierra arrasada. ¿Qué pretenden? ¿Nadie se va a hacer cargo de lo que pasó?”.

Y señaló: “No sé cuántos gobiernos pueden decir que no operamos y que no atentamos contra la independencia judicial. No hay organismos de inteligencia, no hay tapa de diarios, un presidente atacando a jueces (...). Eso también hace que los jueces se hagan responsables de las decisiones que toman. Y por supuesto los fallos de la Corte hay que acatarlos”.

Al momento de tomar la palabra, el consejero abogado César Grau introdujo el debate sobre el fallo “Levinas”, dictado por el Máximo Tribunal en una de las últimas intervenciones antes del retiro del juez Juan Carlos Maqueda. “Acá se habló del cumplimiento de fallos judiciales -comentó-, y yo quiero hacer referencia al fallo dictado el 27 de diciembre pasado ‘Ferrari Alicia contra Gabriel Levinas’”.

“¿Vamos a cumplir la sentencia o no? La sentencia es clarísima”, dijo, y recalcó que “los fallos de la Corte están para cumplirse”. Al respecto, los jueces Alberto Lugones y Alejandra Provítola consideraron que no correspondía incorporar ese tema dentro del debate presupuestario.

Finalmente, el presidente del Consejo y de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, se expidió para saldar la discusión. “A veces se me atribuyen autorías intelectuales que no tengo, pero en este tema yo tuve una participación importante en la Corte. Lo que resolvimos en Levinas es un tema procesal que nos estaba llevando fundamentalmente con los abogados de la matrícula que no sabían si tenían que interponer recursos ante la Corte y ante el Superior Tribunal de la Justicia de Buenos Aires”, explicó.

Y precisó: “Con relación al traspaso ya no vamos a decir más nada porque eso corre por cuenta de los poderes políticos efectivamente a través de un convenio entre el Congreso de la Nación y la legislatura provincial sobre cómo se hace. Esta es una cuestión absolutamente ajena a la Corte. Lo que la Corte exhorta es a ver cuándo esto se puede hacer”.

El dictamen que validó el futuro presupuesto fue acompañado por 15 consejeros y obtuvo 5 abstenciones del bloque kirchnerista y del abogado Grau.